Garantizar libertad de prensa: vital para la democracia

A lo largo de la presente administración una constante ha sido el acoso sistemático en contra de la prensa y los periodistas que incomodan con sus preguntas o investigaciones al Ejecutivo, desde la conferencia mañanera y replicada por los voceros del oficialismo.

Las acciones de presión han sido de todo tipo: influir para sacar del aire o de las páginas editoriales a periodistas y opinadores, publicación de datos personales, incluso revelando información protegida por el secreto fiscal, la expresión de todo tipo de invectivas, adjetivos, insultos, amenazas, burlas, sorna, epítetos, en las que se pasa por alto la obligación presidencial de un desempeño imparcial, o el uso discrecional de recursos públicos en materia de comunicación social… Todo lo anterior en uno de los sexenios en que se han dado la mayor cantidad de comunicadores víctimas de homicidios dolosos —de acuerdo con Opinión 51, en los últimos 6 años han sido asesinado 43 periodistas en México— y Reporteros Sin Fronteras por cuarto año consecutivo considera a México como el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, superando a países en conflicto bélico como Ucrania.

El espacio de esta columna de opinión sería insuficiente para siquiera nombrar a todos los afectados por estas ilegales e inopinadas acciones por parte del jefe del Ejecutivo. Para pretender sustentar la legalidad de su actuación, el Presidente ha dicho que se basa en el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, a dicho argumento, se le ha replicado que, tratándose de servidores públicos, dicha libertad se encuentra restringida incluso por el sistema de defensa de derechos humanos, a efecto de que se cumplan los principios rectores de la función pública, como el de legalidad, de imparcialidad y de objetividad. Nadie niega que cualquier gobernante pueda ejercer el derecho de réplica de acuerdo con la normatividad existente, misma que ha sido violada e ignorada por el Ejecutivo.

Consideramos que no es coincidencia que por un lado se ataque a los periodistas y en general a la libertad de expresión y que por otro lado se pretenda demoler el sistema electoral que tantos esfuerzos sociales ha costado instalar para tener procesos comiciales organizados por la ciudadanía y en que se garantice la legalidad de las campañas. Si conjugamos ambas pulsiones, veremos que se trata en realidad de una demolición total de las posibilidades tanto sustantivas como formales para la consolidación de la democracia.

Sin una prensa libre, sin periodistas que puedan generar un escrutinio puntual al poder público, sin la capacidad social de discutir abiertamente y de manera libérrima, se cancela toda posibilidad de que el ejercicio del sufragio se realice de manera informada, crítica y previa deliberación colectiva.

Por tanto, consideramos que no es casualidad y desde luego denunciamos los recientes ataques a periodistas que han publicado trabajos de revisión del entorno del Presidente. Los casos de hostigamiento a los periodistas extranjeros de los medios ProPublica, Deutsche Welle, Insightcrime y New York Times, con las investigaciones sobre el posible financiamiento por parte del crimen organizado a la campaña de López Obrador, así como a Jéssica Zermeño y Carlos Loret, quien ha sido demandado por la familia presidencial por difundir material de interés público, no son sino una muestra de la furibunda respuesta del presidente y de su permanente intención de cancelación de expresiones de revisión al poder.

Por lo anterior, nos solidarizamos con todo el gremio periodístico y hacemos propio el desplegado publicado por quienes forman parte del cuerpo editorial de EL UNIVERSAL para reivindicar el derecho al ejercicio de la libertad de expresión y repudiar todo intento de acallarlo, como lo es la burda demanda de Pío López Obrador en contra de Carlos Loret.

No, no se trata de inhibir el derecho de réplica ni de aclaración. Se trata de que todo aquello que tenga interés público se dirima precisamente en el ámbito social. Esto sucede en un entorno institucional en que, dicho sea de paso, no ha existido otra cosa sino un esquema sistemático y rutinario de encubrimiento de estado en que no ha habido ninguna consecuencia ante los actos de corrupción del entorno de la familia del Presidente que todos hemos atestiguado a todo color, gracias al valor de comunicadores como Loret de Mola y todos sus equipos de trabajo.