La manera en la que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGEA) ha ejecutado las diligencias entorno al hallazgo de los cuerpos sin vida de Jesús Baena y Dorian Herrera, exhibe lo mal que se implementan en nuestro país los protocolos para investigar los delitos y el pobre desempeño de las instituciones de seguridad y justicia.
La mañana del lunes 13 de noviembre fueron encontrados en su domicilio, los cuerpos sin vida del primer magistrade de América Latina, Jesús Baena y de su pareja, Dorian Herrera.
El delito tuvo un importante impacto mediático. La relevancia que tuvo tanto en nuestro país como en la región es por la lucha de Baena para que las instituciones reconociesen públicamente su identidad; su activismo por lo derechos de la comunidad LGBTQ+; su capacidad para comunicar, lo catapultaron a la fama. Por ende, el caso alcanzó notoriedad nacional e internacional.
Lamentablemente, la aparente urgencia de la FGEA por explicar cómo había ocurrido este delito, los llevó a cometer muchas fallas -o simplemente hizo evidente las fallas que de cualquier forma hubieran cometido al investigar cualquier delito-.
¿Cómo se debió haber llevado el caso?
1. Ante un homicidio de una autoridad electoral debe existir una línea de investigación para identificar si el hecho está relacionado con su cargo.
2. Dados los antecedentes de amenazas en contra de le magistrade por su identidad y orientación sexual, se debió iniciar la carpeta de investigación implementando los protocolos relacionados con un crimen de odio.
3. Antes de clasificar el caso, se debieron agotar todas las diligencias y las otras líneas de investigación.
Sin embargo, la actuación de la FGEA fue otra. Pocas horas después de que una empleada de la pareja encontrase a las víctimas e informase a la autoridad, el fiscal general de la entidad informó a los medios de comunicación que el delito era un crimen pasional, que Baena había sido víctima de homicidio por parte de su novio -quien a su vez se habría quitado la vida- bajo la influencia de alguna droga.
Para la fiscalía, todo el hecho había sido ocasionado por una discusión de pareja y tanto el homicidio y el suicidio fueron cometidos con navajas de afeitar.
El fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa, aseguró que las grabaciones de las cámaras de seguridad del domicilio descartaban que en el hecho hubiese algún otro involucrado.
Ante tales declaraciones tanto la familia de Baena, como los amigos de la pareja, el activismo LGBTQ+ y una parte importante de la opinión pública, mostraron su molestia, rechazaron la versión oficial, se manifestaron en redes, medios de comunicación y en la vía pública de varias partes del país, para exigir justicia.
Entre las fallas que la familia señaló está la omisión de la fiscalía por entrevistar a los vecinos de Baena y Herrera; el desinterés por ahondar en las amenazas que había recibido le magistrade; en la arbitrariedad para descartar que el delito pueda estar relacionado con la actividad profesional del occiso y en el soslayo de implementar los protocolos para investigar el delito como un crimen de odio.
Además, la familia mostró su dolor y molestia por ser revictimizados ante la filtración de las imágenes de las víctimas y las declaraciones de presunto consumo de drogas de los occisos.
Cabe la posibilidad que efectivamente el delito haya ocurrido por un conflicto de pareja, no obstante, ante tanta falla ¿cómo creer en las conclusiones de dicha investigación?
En contraste, es muy importante cuestionar el actuar de la fiscalía, exigirles que rindan cuentas y expliquen por qué tanta celeridad en concluir el caso y desechar las otra líneas de investigación.
El homicidio de le magistrade y las presuntas fallas que han ocurrido nos explican por qué tenemos tales niveles de violencia e impunidad en nuestro país. Si en la investigación del homicidio de una autoridad electoral, de un activista reconocido, de un personaje con notoriedad internacional, se ejecutaron con tantas fallas ¿qué esperar que ocurra cuando la víctima carece de fama, contactos y recursos?
Ante esto qué hacer ¿podemos aspirar a que algún día exista un sistema de justicia eficaz en nuestro país? ¡Claro que sí! Para ello se requiere un plan claro, de largo aliento, que esté sustentado en datos confiables, que sea medible y evaluable, que evite los errores del paso, el populismo penal e inhiba la corrupción. Un proyecto que reciba todos los recursos necesarios.
Es decir, necesitamos un plan, tiempo, dinero, talento, honestidad y voluntad política para que México tenga un sistema eficaz de procuración de justicia.
Le magistrade, su pareja, los millones de víctimas que existen en nuestro país merecen justicia, es hora que exijamos que el Estado cumpla su función y las instituciones se desempeñen tal y como debe ser.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano
@frarivasCoL