En días pasados el discurso presidencial destiló un tufo autoritario, al formular contrario a la verdad, una imputación calumniosa hacia una de las voces independientes que han dirigido con lucidez sus críticas hacia el poder.
Todo comienza cuando María Amparo Casar y sus hijos, sufrieron una tragedia hace más de 19 años, su marido y padre respectivamente perdió súbitamente la vida.
La muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrió cuando se precipitó del piso 12 de la Torre de Pemex prácticamente hace 20 años (en octubre del 2004). Los instantes próximos a su caída no fueron presenciados por nadie. Estaba solo en su oficina cuando ocurrió la tragedia. Es por ello que, su fallecimiento se prestó a especulaciones que transitaban de la hipótesis del accidente al suicidio. La única afirmación que parecía clara es que no existía evidencia que terceras personas hayan intervenido para causar su muerte.
Es por lo anterior que ante la inexistencia de evidencia de un homicidio, se determinó archivar el asunto por carecer de relevancia penal, al no existir la intervención de terceros en dicha muerte. Diversas declaraciones periodísticas del entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal, Lic. Bernardo Bátiz Vázquez, señalaron que al haberse descartado la hipótesis del homicidio, carecía de relevancia seguir con la investigación por lo que en ningún momento la autoridad ministerial se decantó por la hipótesis del accidente o del suicidio. Toda vez que cualquiera de esas dos hipótesis descartaba la existencia de un delito.
Lo cierto es que fuentes independientes a María Amparo Casar y a sus hijos, determinaron la procedencia del pago del seguro de vida, de la pensión por viudez y de la de orfandad respectivamente. Que existe evidencia que María Amparo Casar y Bernardo Bátiz Vázquez, jamás se reunieron para tratar cuestión alguna con relación a dicha tragedia. María Amparo niega conocer a Bátiz y este último dice no recordar que dicha reunión sucediera.
El siguiente acto de esta infamia, es la afirmación que hace el presidente López Obrador en su último empeño editorial llamado “Gracias”. Ahí sostiene que hace más de 19 años el Procurador Bátiz le comentó a él (en su calidad de Jefe de Gobierno), que María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín, le habían pedido que alterara las investigaciones para declarar que dicha muerte había sido accidental. Los tres han negado la existencia de dicha reunión con diversos matices. Los dos intelectuales lo niegan rotundamente, mientras que el entonces funcionario público dice no recordar dicha reunión. Lo anterior hace que la afirmación presidencial carezca de todo sustento legal, moral o histórico. Dice que le dijeron y quien le dijo, no recuerda haberle dicho.
Lo anterior, dio lugar a un tercer acto desdoblado en tres planos. Por una parte, a su labor como presidenta de la asociación “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”, agrega la publicación de un ensayo político acerca de las omisiones y excesos de la administración del presidente López Obrador, llamado “Los puntos sobre las íes”. En esta obra, María Amparo presenta evidencia seria sobre el debilitamiento institucional y el carácter autoritario y regresivo, que distingue al presente gobierno. En un segundo plano, más de diecinueve años después y sin sustento legal alguno, Pemex suspende el pago de la pensión de viudez a la señora Casar y por último, en su conferencia cotidiana, el Presidente denuesta a María Amparo Casar y a sus hijos imputándoles haber manipulado la investigación para ocultar que la muerte de Carlos Fernando había sido un suicidio con el fin de hacerse de pagos improcedentes. Estos tres planos se desarrollan y afectan simultáneamente.
Es por lo anterior, que puedo afirmar sin cavilación alguna, que el presidente López Obrador utiliza los espacios gubernamentales para intimidar a quien lo cuestione. Que esta andanada de difamaciones y abusos es la pobre respuesta que tiene el poder frente a sus críticos. Que la historia va a condenar la actitud presidencial por autoritaria y que lo único que ha hecho es dar razón a quienes lo tildan de mesiánico y arbitrario.
El gobierno anuncia que ha presentado acusaciones. Yo afirmo que lo hace basado en rumores y desmentidos sin fundamento. Es a una fiscalía que se dice autónoma y a un Poder Judicial independiente, dar trámite a las denuncias formuladas por el gobierno federal. A María Amparo le toca encarar dichos procesos con sobriedad y seriedad y, a nosotros, que desde la sociedad civil creemos en la libertad de conciencia y de expresión, nos toca intervenir para evitar que culmine este atropello.
En su último libro, María Amparo bautizó cada uno de sus capítulos con atributos que comienzan o son atravesados por la letra “i” (incompetencia, incongruencia, des-información o des-institucionalización). Hoy el presidente López Obrador con su conducta le da continuidad a dicho ensayo. La denostación de sus críticos, mediante la afirmación calumniosa y desmentida de hechos remotos, dan prueba de su incontinencia verbal. El abuso de poder y la persecución a una mujer y a sus hijos sin justificación ética o legal alguna refleja una irresponsabilidad moral.