La ruindad del presidente López Obrador no conoce límites. Violentando la ley y las normas más elementales de la decencia, el hombre que proclama que por encima de la ley está su dignidad, lanzó una andanada difamatoria contra la doctora María Amparo Casar, sobresaliente académica, activista de las mejores causas. Un verdadero hombre nunca habría hecho algo tan despreciable.

Furioso ante lo que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad —institución que ha destapado episodios tan relevantes como los de Odebrecht, la Estafa Maestra y Segalmex— revela sobre la corrupción en su gobierno y en su círculo más próximo, ordenó la persecución, y sus abyectos decidieron lastimarla en lo más íntimo, la muerte de su esposo.

La ruindad del presidente no tiene límites, lo que hizo la mañana del 3 de mayo es una cobardía y un acto de intimidación no solo para la doctora Casar, sino para quienes se atreven a señalar las desviaciones de su gobierno.

Todos los instrumentos del Estado al servicio de un hombre cuya furia convierte adversarios en enemigos, y Pemex —la empresa a la que Octavio Romero Oropeza lleva a la ruina—, invierte tiempo y recursos en satisfacer los ánimos de venganza del presidente. Pero, a pesar de las amenazas que ha recibido en los últimos años desde la tribuna presidencial y contrario a lo que ha ocurrido con muchos de los intimidados, la doctora Casar no se ha doblegado. El subtítulo de su libro más reciente es lapidario: “El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó.”

Bernardo Bátiz, que en un tiempo fue un político respetable, miente y se exhibe como un funcionario que tuerce la ley. Con lo que escribió en su libro ¡Gracias!, el presidente se autoincrimina, al tiempo que incrimina al entonces procurador: resulta que Bátiz habría aceptado las gestiones de Casar y Héctor Aguilar Camín para modificar un peritaje sobre la muerte de Carlos Márquez Padilla y él mismo las habría convalidado. Pero ese encuentro —que no recuerda ninguno de los involucrados—, solo ocurrió en la mente del señor de Palacio.

Mientras las madres buscadoras escarban en terrenos inhóspitos en busca de los despojos de sus hijos, el presidente de la República ordena a los suyos hurgar en los últimos 10 o 20 años para encontrar algo que le permita saciar su ánimo de venganza. Reabrir el expediente de la muerte de Carlos Márquez Padilla (por cierto, hijo de un general de división) es una ruindad. Y viene a la mente la playera con la imagen de la Santa Muerte ordenando a todos callarse “porque un hombre verdadero no habla mal de López Obrador.”

Pero el expediente Casar no debe distraernos en la atención de todo lo que está haciendo López Obrador para impedir el funcionamiento correcto de órganos tan importantes en el momento actual como el Inai, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura. Los abusos del poder son incontables y no terminarán en el ocaso de este gobierno. No hay duda, vivimos un tiempo de zopilotes.

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