México es un país diverso y pluricultural que enfrenta múltiples desafíos como es la violencia hacia las niñas, niños y mujeres, violencia normalizada e institucionalizada que ha enquistado la creencia social de que la relación asimétrica de poder y la violencia de género son normales, es una realidad en la que a niñas, niños y adolescentes se les priva del derecho más elemental, el de la alimentación.
De acuerdo con estadísticas oficiales en nuestro país, por cada 10 matrimonios hay tres divorcios y tres de cada cuatro hijos de una pareja divorciada no reciben pensión alimenticia. Además, 22 de cada 100 mujeres, de entre 15 y 54 años, son madres solteras; en tanto, 7 de cada 10 madres solteras no reciben pensión alimenticia y una de cada 10 mujeres que demanda lo consigue.
A lo largo del territorio nacional hay 4 millones de hogares con padres ausentes, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (Inegi); son hogares que cuentan solo con el ingreso de una madre autónoma. Madres que son sometidas a una doble violencia, por un lado, afrontan las consecuencias del abandono paternal y por el otro, viven los estragos de un mundo laboral que no está diseñado para la maternidad.
El 78 por ciento de esas madres trabajan como subordinadas a un patrón o empresa, el 18 por ciento genera sus ingresos por cuenta propia, y solo el 2 por ciento de ellas son empleadoras de otras personas.
La investigación “Radiografía de las madres en la economía”, del Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO), arrojó que las madres trabajadoras tienen entre uno y dos hijos en promedio. Son mujeres que tienden a buscar empleos con horarios flexibles, por lo que 6 de cada 10 de estas madres están en el campo de la informalidad y solo 7 de cada 10 madres que trabajan para un empleador o empresa tienen acceso a las prestaciones de ley.
En la legislación no se castiga a los deudores alimentarios por presentar recibos falsos en los juicios, ni por cambiar de trabajo recurrentemente para evitar pagar la pensión.
Es lamentable, pero los hombres que huyen de ejercer una paternidad responsable trascienden la frontera, pues se estima que 15 millones de hombres migrantes que radican en los Estados Unidos son deudores alimentarios, lo que significa que uno de cada dos hombres que migran abandonan a sus familias en México, de acuerdo con el estudio “Derechos de familia: prensiones alimenticias”.
Ante este crudo escenario que enfrentan las madres, resultan importantes las reformas a la Ley general de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que aprobó el Congreso de la Unión, que establece la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que se publicaron en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación.
Ahora, cada persona debe presentar un certificado de no inscripción al Registro Nacional de Deudores Alimentarios para emprender diversos trámites, como son la solicitud de permisos y licencias para conducir, pasaporte o documento de identidad de viaje, así como trámites ante notario, referentes a la compraventa de inmuebles y a la constitución o transmisión de derechos reales.
Otros efectos que tendrá el estar inscrito en este Registro es que el deudor no podrá participar como candidato a cargos de elección popular, tampoco será posible que forme parte en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal ni podrá salir del país.
Es una realidad que duele, que alarma al revisar las cifras y que preocupa al estudiar las causas, que no podemos ni debemos tolerar más y es urgente cambiar desde el discurso y ya no hablar más de madres solteras, sino de hombres que han huido de ejercer una paternidad responsable.
Maestra en políticas públicas
@Ale_BarralesM