Que reabre Yaxchilán luego de meses cerrado por la inseguridad y la presencia de crimen organizado. Escucho la noticia y cuando llego el lunes a la cita con Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, le pregunto cómo se logró que esto sucediera. “Se negoció con las comunidades”, dice.
El antropólogo quiere compartir su punto de vista acerca de la información publicada en esta columna sobre la problemática en sitios arqueológicos de Chiapas como Yaxchilán, Bonampak y Lagartero debido a la incursión de grupos armados…. Su invitación es a platicar, pero acepta que se publique lo que considere importante y “bienvenido el debate”.
Para empezar, reconoce que el INAH, si bien tiene por ley el cuidado del patrimonio, no tiene control permanente de Yaxchilán: “Es de la gente, es de los choles”. Ni de Bonampak: “Lo tienen lacandones”. La “taquilla” de Yaxchilán tampoco la tiene el INAH puesto que Frontera Corozal, en el municipio de Ocosingo, la cobra con el servicio de traslado en lancha para llegar, a través del Río Usumacinta, a la antigua ciudad maya. Y fue la asamblea general de la comunidad la que decidió antier la reactivación del servicio para llevar turismo al sitio.
Cada zona, advierte Prieto, “tiene su complejidad y no puede generalizarse”. Le pregunto por qué no hay temporadas de campo en dichas ciudades prehispánicas y si no afecta a los monumentos la ausencia del trabajo arqueológico y de conservación. Va al grano: “No hay arqueólogos en esos sitios porque están trabajando en el Tren Maya”. No hay deterioro, agrega, porque “hay un programa de mantenimiento y atención en la que un arqueólogo va por lo menos una vez cada seis meses al sitio”. Para temporadas de campo “se requiere mucho mayor presupuesto y hoy estamos concentrados en las 29 zonas que se están trabajando en la ruta del Tren Maya; abriremos nuevos sitios en Quintana Roo como Ichkabal, en el municipio de Bacalar, y ya inauguramos Viejo Chichen en Yucatán”.
También anuncia que emprenderán “una ruta arqueoecológica” de cenotes en el corredor del tren. Le comento sobre la contaminación del acuífero por las obras. “Ya estaba contaminado por los hoteles”, responde. ¿Y el daño y saqueo de vestigios arqueológicos y paleontológicos? “No hay tal, lo que ves en los videos de los ambientalistas es después de que el INAH ya recuperó los materiales”. Agrega: “Gran parte de los edificios de Playa del Carmen en la Rivera Maya están sobre cavernas, sostenidos por pilotes y hemos entrado a rescatar vasijas debajo de iglesias y hospitales”. ¿Y el derrame de cemento en las cuevas subterráneas? “Eso sí está mal y le hemos señalado a las constructoras que resarzan el daño y cuiden estalactitas y estalagmitas”.
Asegura el funcionario que si se reabre Yaxchilán se debe a que “hay mesas de negociación con las comunidades en las que participan el gobierno federal, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la secretaría de gobierno del Estado, el INAH, Semarnat y Conanp”. Y agrega: “Ya no se pueden manejar las zonas arqueológicas sin la comunidad y mucho menos, contra la comunidad”.
Propone retomar los principios de Manuel Gamio en el sentido de la antropología integral que aplicó en Teotihuacán: “No somos un Instituto Nacional de Arqueología y Monumentos, sino de Antropología e Historia y esa visión es la que contempla mayor cercanía con las comunidades, interactuar con gente que tiene otra perspectiva cultural. Los sitios arqueológicos se han ido convirtiendo en destinos muy atractivos y requieren planes de manejo con propietarios, núcleos agrarios, artesanos, vendedores ambulantes, guías, transportistas”. Desde fines del siglo XX y principios el XXI, agrega, las comunidades se preguntaron qué beneficios les puede dejar la zona arqueológica que se encuentra dentro de sus tierras, “porque tienen derecho los pueblos originarios, es su legado”. Menciona, por ejemplo, la problemática en Mayapan. Cabe recordar el cierre de este sitio por ejidatarios de Telchaquillo, en el municipio de Tecoh, Yucatán, quienes demandan una indemnización por 50 años de explotación del sitio arqueológico sobre sus tierras. “Y hay que reconocer que tienen derechos”.
Hoy, concluye Prieto: “Nosotros somos empleados de las comunidades”.
Comenta que este viernes irá a Toniná, ciudad monumental que el dueño del terreno cerró al público, para negociar con él la compra por parte del INAH.