Zacatecas.— Una fianza de 10 mil pesos para obtener un amparo federal y el criterio del juez ante la eliminación de la prisión preventiva oficiosa en México, permitieron que el feminicida José “N”, quien quemó con gasolina a su pareja, Andrea Medina Bernal, burlara a la justicia, no pisara la cárcel y ahora esté prófugo.
Este domingo se cumplieron tres meses del crimen que conmocionó a todo el municipio de Trancoso, en el centro del estado.
Fue el 17 de junio pasado cuando José comenzó a discutir con Andrea, de 37 años de edad, madre de tres hijas de 13, 17 y 18 años de edad.
Leer también: Caso Ana María. Un mensaje "extraño" desató el hallazgo de su cuerpo
En entrevista con EL UNIVERSAL, Daniel Medina, hermano de Andrea, menciona que José “N”, conocido como El Topo, era pareja de su hermana, con quien llevaba viviendo apenas tres meses.
En ese tiempo ya había dado muestras de violencia, de querer atacarla, pero fue hasta ese sábado que se dieron cuenta de lo que era capaz, cuando el sujeto roció gasolina a la mujer y le prendió fuego.
Daniel relata lo que sucedió ese día a partir del testimonio de sus sobrinas. Dice que Andrea, envuelta en llamas, comenzó a gritar y a pedir auxilio. Al llamado acudió una de sus hijas, quien en la desesperación agarró una cubeta con agua para apagar el fuego.
Andrea le imploró a José que la llevara al hospital. Éste la subió a su vehículo y “la fue a aventar” afuera de la clínica del pueblo.
Por la gravedad de las quemaduras, la mujer fue enviada a Zacatecas y luego trasladada a Guadalajara. Durante dos meses se debatió entre la vida y la muerte.
Debido a las quemaduras, los médicos le tuvieron que amputar una pierna. Daniel señala que a partir de ese momento su hermana cayó más en depresión: “¡Este cabrón la desgració y a toda la familia! Ella no resistió más y murió”.
Andrea falleció el 17 de agosto, tras dos meses de sufrimiento.
La “justicia”
El experto en materia penal Rodolfo Márquez considera que el amparo, al que tiene derecho todo mexicano como recurso de defensa en contra de cualquier autoridad, es en realidad un beneficio “sólo para quienes tienen dinero para pagarlo, la gente pobre es la que va a la cárcel”.
Márquez, quien forma parte del equipo jurídico de la senadora Soledad Luévano (Morena) —quien hizo público el caso con autorización de los familiares, que son de bajos recursos y han tocado muchas puertas para clamar justicia—, refiere que lamentablemente “por 10 mil pesos como garantía, un juez federal otorgó el amparo a José. Le dio un instrumento legal que impidió a la autoridad local detener al feminicida”.
Señala que “aquí también entra la ética de los abogados. Basta que tengas dinero suficiente para contratar una defensa tan pulcra, sin importar que la persona que se va a defender sea un feminicida y con rasgos sicópatas, que se burla y amenaza a la familia de la víctima”.
Arturo Nahle García, magistrado presidente del Poder Judicial de Zacatecas, confirma que, en un principio, un juez local obsequió la orden de aprehensión que solicitó el Ministerio Público por la tentativa de feminicidio, pero al existir un amparo federal quedaba suspendida de manera provisional esta acción penal.
Precisa que cuando muere la víctima, un juez emitió un citatorio al agresor, al que sí acudió, en cuya audiencia la fiscalía zacatecana reclasificó al delito de feminicidio y se le vinculó a proceso.
El magistrado considera que “a partir del momento en que se reclasificó el delito, el amparo federal ya quedaba sin materia, pero el juez local determinó no establecer como medida cautelar la prisión preventiva. Por razones que yo desconozco, pero, cualquiera que sea la razón, no la comparto”.
El magistrado Nahle reconoce que dicho criterio aplicado fue por parte de uno de sus jueces, pero argumenta que la determinación también se relaciona con la reciente aprobación federal que eliminó la prisión preventiva oficiosa.
Ahora, es a solicitud bajo la figura de prisión preventiva justificada, en referencia a que el 14 de julio se emitió la resolución de la Judicatura Federal que eliminó la prisión preventiva oficiosa en 18 estados de México, entre ellos, Zacatecas, como parte de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lo cierto es que José aprovechó todos estos atajos legales para burlar y escapar de la justicia.
El calvario
Esta situación ha causado dolor, miedo e impotencia a la familia de Andrea, que no comprende “cómo la justicia mexicana protege más al asesino que a la víctima”.
Daniel urge a la fiscalía zacatecana que ahora que ya no vale el amparo federal y hay una orden de aprehensión por feminicidio, localicen a la brevedad al asesino de su hermana y lo “refundan en la cárcel”.
Ante el coraje que siente, reconoce que si lo vuelve a detener, “ahora no creo contenerme, podría hacer justicia por mi propia mano”.
Recuerda que él fue quien detuvo al Topo a los pocos días de que quemó a su hermana, justo cuando iban a realizar una kermese para recaudar fondos para costear los altos gastos que enfrentaban por su hospitalización en Guadalajara.
“Lo vi muy campante y sonriente en Trancoso. Corrí hasta donde estaba. Me contuve de darle una golpiza, porque preferí hablarle a la policía municipal y entregarlo a la autoridad para que se hiciera justicia, pero de nada sirvió, a las pocas horas una jueza lo dejó en libertad”, lamenta.
Así pasaron los días, recuerda Daniel Medina, cuando José alardeaba de su libertad e intimidaba a las tres hijas de Andrea. Daniel señala que, en su lecho de muerte, su hermana tenía miedo de que el hombre le hiciera daño también a sus hijas.
Feminicida prófugo
Andrea era muy querida. El día de su entierro fue acompañada por todo el pueblo, en medio de la lluvia. A la par, cobró fuerza la exigencia para que se haga justicia.
Tras esta muerte, el Ministerio Público pudo reclasificar el delito de tentativa de feminicidio por el de feminicidio, por lo que el Poder Judicial emitió un citatorio a José, quien se presentó de manera voluntaria en el Juzgado de Control.
Al ver que ya no era por la tentativa, se logró vincularlo a proceso, pero la defensa del imputado solicitó el término de 72 horas para resolver su situación jurídica, la cual se concedió sin la medida cautelar de prisión preventiva.
La Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, que destinó una asesora legal a la familia de Andrea, informó que al ver que no se dictó prisión preventiva al presunto responsable, la fiscalía realizó una valoración de riesgo por los antecedentes de amenazas del sujeto en contra de la familia.
Tras este argumento, la fiscalía urgió al Juzgado de Control para solicitar que se emitiera la medida cautelar de prisión preventiva, y se citó a la audiencia de seguimiento el 26 de agosto, pero José ya no se presentó. Desde entonces está prófugo.
Al sustraerse de la justicia, ahora sí, el juez de Control concedió una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.
A Daniel le han dicho que El Topo permanece en Zacatecas, pero las autoridades no mueven un dedo.
“Me alertaron y yo inmediatamente hablé a los de la fiscalía, pero casi me piden que mande fotos y la ubicación. Yo creo que quieren que nuevamente lo vuelva a detener. Ojalá lo encuentren primero ellos. Lo único que queremos es justicia para mi hermanita”.
Leer también: Caso Ana María: La joven víctima de feminicidio a la que le arrebataron su sueño de ser cardióloga