La reciente salida de Azucena Uresti –a quien reitero mi reconocimiento y solidaridad– de su popular noticiero en Milenio es una señal más que alerta sobre la difícil situación que enfrentan quienes ejercen el periodismo en nuestro país. Hoy predomina un ambiente cada vez más hostil, arriesgado y adverso para la libertad de expresión.
México es uno de los países más peligrosos para ser periodista en el mundo, y el primero en nuestro continente. Durante la actual administración han ocurrido al menos 43 homicidios relacionados con la labor periodística de las víctimas.
De acuerdo con Artículo 19, el Estado se mantiene como el principal agresor del trabajo periodístico. Tan sólo en 2023, instancias gubernamentales fueron responsables de uno de cada dos ataques contra integrantes de los medios de comunicación.
Junto a la amenaza permanente de la violencia física directa –en forma de atentados, asesinatos o desapariciones–, el periodismo mexicano padece ataques digitales, presiones, censura, así como la obstrucción de su trabajo: desde detenciones arbitrarias hasta la destrucción de sus equipos. En años recientes, se han generalizado las campañas de desprestigio y estigmatización –e incluso el acoso personal y a sus familias– desde el poder público. En muchos casos, los poderes locales replican el desdén, las formas y los mensajes hostiles que ven y aprenden todos los días del titular del Ejecutivo Federal en su relación con la prensa.
La situación, de suyo adversa, suele agravarse durante los procesos electorales, cuando el periodismo sufre mayores intentos de censura y presiones diversas para no divulgar información de interés público –como actos de corrupción– sobre los actores políticos, y particularmente de quienes están en el poder. Precisamente, es por ello que en épocas de elecciones la labor crítica, profesional e independiente de los medios resulta más necesaria. El periodismo desempeña un papel fundamental para la democracia, al situarse entre los políticos que compiten por los cargos de elección popular y la ciudadanía que participa en los comicios. La información confiable permite al electorado conocer y evaluar mejor los perfiles, además de fiscalizar el desempeño de servidores públicos, gobiernos y partidos políticos. Con ello, la ciudadanía cuenta con más elementos para tomar sus decisiones.
Quienes ejercen el periodismo están expuestos, además, a presiones y amenazas de los grupos del crimen organizado, que inciden cada vez más abiertamente en el desarrollo de las elecciones. En lo que va del proceso electoral se ha documentado el asesinato de un periodista en Ciudad Juárez, el secuestro de tres periodistas en Taxco, el intento de homicidio de cuatro más en Chilpancingo y una agresión al director de un diario en Tlaxcala.
Si bien la violencia contra periodistas no distingue prestigios, trayectorias o espacios –algunos de los comunicadores más conocidos del país han sufrido atentados, amenazas, espionaje o acoso–, las y los reporteros de los medios locales son el grupo más vulnerables frente a las agresiones, pues cuentan con pocas o nulas medidas de protección, y en general enfrentan condiciones más riesgosas al hacer su trabajo.
La importancia central de la labor periodística exige que el Estado garantice la vida, la integridad y la libertad de expresión de quienes ejercen profesionalmente el periodismo en todo el país, marcadamente en el contexto del proceso electoral, ante lo cual autoridades de los tres órdenes de gobierno deben implementar, a la brevedad, protocolos y acciones específicas. En las candidaturas, la comunicación social y la ciudadanía, cada quien debe cumplir con la responsabilidad democrática propia, sin que eso implique poner en riesgo nuestros derechos, nuestras libertades o incluso nuestra vida.
El periodismo mexicano está bajo ataque desde distintos frentes. Defenderlo es una convicción democrática y una necesidad: el silencio de los medios, más temprano que tarde, se convertiría en el silencio de toda la sociedad.
Senadora de la República
