El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reflexionar sobre las conquistas en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y los avances en igualdad que las mexicanas hemos ganado a pulso. Pero, ante todo, para seguir derribando los obstáculos que nos impiden vivir una vida libre de violencia, ejercer plenamente nuestras libertades y acceder a oportunidades.
Las LXIV y LXV Legislaturas del Senado de la República han sido las primeras de la historia en tener una integración paritaria. Esta transformación institucional es un reflejo justo de la realidad demográfica del país, de la lógica de la representación democrática, y además se ha traducido, efectivamente, en una mayor atención de la agenda de las mujeres.
Así lo acreditan las reformas constitucionales y legales que han permitido, entre otros avances, la integración paritaria de todos los órganos del Estado en los tres órdenes de gobierno; el reconocimiento de los derechos laborales de las personas dedicadas al trabajo doméstico; la tipificación de distintas formas de violencia contra las mujeres y el establecimiento de normas para garantizar la igualdad salarial sin distinción de género, sobre lo cual ayer presenté una iniciativa, a fin de dar herramientas de verificación, que comentaré más adelante.
Debe insistirse en que no sólo basta legislar, sino crear herramientas para que la ley se cumpla. Porque no hemos logrado transitar suficientemente de la justicia en la ley a la justicia en los hechos. Así, los tratos diferenciados y abusos siguen siendo parte de la vida diaria de las mexicanas: en la casa, en la escuela o en el trabajo, todas enfrentamos desafíos y prejuicios similares.
En el sector laboral, las desigualdades persisten, en gran medida, debido al profundo arraigo de los estereotipos culturales que nos impiden ejercer efectivamente nuestros derechos. Junto a ello, una escasa cultura de la legalidad permite que la discriminación de género sea una injusticia impune y normalizada en contra de millones de trabajadoras mexicanas.
El principio de igualdad salarial –a trabajo igual corresponde un salario igual, con independencia del género– se reconoció en la Constitución desde 1917. En la Ley Federal del Trabajo no sólo está explícito, también está respaldado por una serie de disposiciones diseñadas para garantizarlo. Sin embargo, hoy las trabajadoras mexicanas perciben, en promedio, 84 pesos por cada 100 que reciben sus compañeros hombres por desempeñar la misma labor.
Esta desigualdad salarial no sólo es laboralmente abusiva; también es una barrera para la realización personal y un freno para el desarrollo social y económico del país. Es una injusticia inadmisible, absurda, indefendible, pero que los avances normativos no han logrado abatir.
En el Senado, la semana del Día Internacional de la Mujer ha sido telón de fondo para debatir y avanzar el proceso legislativo de importantes reformas, como las licencias de paternidad para los trabajadores o el establecimiento de un salario base, sin distinción de género, para deportistas.
En este contexto, presenté una iniciativa para dar a las autoridades las herramientas necesarias para verificar que la igualdad salarial se cumpla en los hechos. Que los inspectores laborales puedan conocer las tareas y remuneraciones que corresponden a cada puesto de trabajo. Y que puedan hacer efectiva la igualdad cuando en los centros de trabajo no se cumpla con la obligación constitucional.
Los resultados de la legislatura paritaria están en la Ley Fundamental y en la legislación nacional. Abrazamos las causas de las mexicanas, las defendimos y las hicimos parte central de la agenda legislativa plural, por encima de nuestras diferencias políticas e ideológicas. El siguiente paso es hacer realidad esos resultados donde son realmente importantes: en la vida cotidiana de las mexicanas. Esa debe ser nuestra convicción, nuestro objetivo común y nuestra responsabilidad histórica; en este Día Internacional de la Mujer y cada día de cada año.
Senadora de la República