El proceso electoral de 2024 comenzó oficialmente el 7 de septiembre. Sin embargo, sus etapas decisivas se llevarán a cabo en los próximos meses. Los ciudadanos acudiremos a las urnas el 2 de junio en un México convulso. El país es cada vez más violento, con cada vez más territorios y actividades bajo el control del crimen organizado. La sociedad mexicana está dividida y nada indica que eso pueda cambiar en el corto plazo; al contrario, la polarización aumenta todos los días, alejando las posibilidades de reconciliación.
Si aquello no fuera suficientemente grave, algunas de nuestras instituciones –particularmente las electorales– han sido debilitadas por conflictos internos, recortes presupuestales y ausencias en espacios estratégicos. La suma de estos factores amenaza su actuación como autoridades imparciales, confiables y efectivas, a seis meses de las elecciones.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) está prácticamente dividido entre dos bloques que impiden la toma de decisiones colegiadas con acuerdos amplios. La gravedad de la situación se refleja en las múltiples renuncias, durante los últimos meses, de funcionarios que desempeñan funciones clave, así como en la imposibilidad de designar al nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva o de aprobar acuerdos indispensables para el funcionamiento adecuado del Instituto. Súmese a ello el recorte de más de cinco mil millones de pesos en el presupuesto anual del INE, precisamente cuando debe organizar el proceso electoral más grande de nuestra historia, y la decisión de no recurrir a la Corte para revisarlo.
Hoy el INE opera con al menos 10 vacantes en la Junta General Ejecutiva. Destacan áreas tan relevantes como las direcciones de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Administración y de Capacitación Electoral; la Dirección Jurídica o la Unidad Técnica de Fiscalización. Todas ellas están encabezadas por encargados de despacho. En días pasados, renunciaron el titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática –responsable de la operación del PREP– y la encargada de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional –a cargo del ingreso, capacitación, profesionalización, evaluación y permanencia de los servidores públicos de carrera.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrenta su propia crisis institucional. Ninguno de los últimos cuatro presidentes ha logrado concluir su periodo al frente del Tribunal. A la fecha, la Sala Superior –responsable de declarar la validez de la elección federal– está incompleta: dos magistraturas no han sido designadas por la omisión del oficialismo en el Senado de la República. También hay vacantes en las Salas Regionales, así como en la Sala Regional Especializada –encargada de resolver asuntos relacionados con el uso de recursos públicos, los espacios en radio y televisión para partidos y candidatos, o los actos anticipados de campaña.
Añadamos las decenas de magistraturas pendientes de designación en los Tribunales Electorales locales, que estarán a cargo de los procesos concurrentes en prácticamente todas las entidades federativas.
Finalmente, los partidos políticos -en su calidad de instituciones cuya función es fungir como vía bidireccional entre gobierno y ciudadanía-, enfrentan un escenario complicado. El proceso electoral de 2024 pondrá a prueba su capacidad de adaptarse a nuevas tendencias electorales y demandas ciudadanas, pero, sobre todo, será una prueba para refrendar su capacidad de presentar una oferta política que atraiga a los electores pero que se aleje de los planteamientos populistas que tanto desalientan la cultura democrática. El sistema de partidos políticos, actualmente en crisis, también estará bajo prueba: la pluralidad política versus el establecimiento de un sistema con un ente hegemónico y reducidas fuerzas opositoras.
Las instituciones más importantes para el funcionamiento pleno de nuestro sistema democrático enfrentan una situación crítica de cara a la elección de 2024. Lo que está en juego es la imparcialidad, la legalidad y la certidumbre de los comicios. Las señales de alerta son oportunas: debemos atenderlas antes de que sea demasiado tarde.
Senadora de la República