Los estados con altos niveles de pobreza, en los cuales es más complicado que la población supere esa condición, reciben menos recursos del gobierno que los más desarrollados, lo que hace necesaria una reforma a la forma en que se reparten las participaciones y contribuciones para reducir esa desigualdad, dijeron especialistas.
Se requiere de un esquema que asigne más recursos a los estados que están en mayor desventaja, para así reducir las diferencias en la movilidad social ascendente —la posibilidad de mejorar su posición socioeconómica—, afirmó Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del CEEY.
Y es que se estima que sólo una de cada cuatro personas en pobreza supera esa condición en el país.
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Las entidades que menor movilidad social reportan son las más pobres, ubicadas en la región sureste, con tasa de 65% de la población pobre que no asciende económicamente. Al mismo tiempo, son los estados que reciben la menor proporción de participaciones federales, con monto promedio de 8.4 mil pesos por habitante en 2023.
Por el contrario, las entidades del norte, con menores niveles de pobreza y mejor movilidad social, con una tasa de sólo 25% de personas que nacieron en hogares pobres que se quedan en la misma situación, reciben 9.5 mil pesos por habitante en promedio, el nivel más alto del país.
De la Torre explicó que las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal entre las entidades prácticamente no generaron una adecuada asignación de los recursos para atender la desigualdad regional.
Recursos a estados
El principal gasto federal descentralizado, que consiste en la suma de participaciones y aportaciones federales a estados, muestra una relación extremadamente débil con la pobreza y movilidad social, afirmó Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM.
Explicó que el reparto de las participaciones es una fórmula que se basa más en la dinámica de recaudación tributaria y del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa un sesgo a favor de entidades con más recursos.
Por otra parte, aunque la bolsa de recursos de las aportaciones federales contempla fondos con ciertas características vinculadas al desarrollo regional para estados con menos recursos, estos son esfuerzos dispersos e insuficientes, dijo.
De ahí la necesidad de revisar los mecanismos de distribución, tomando en cuenta las variables de desarrollo, pero recuperando el esquema de subsidiaridad y solidaridad que había originalmente, pues ayuda a avanzar hacia un reparto más equitativo, advirtió Gutiérrez.
El otro problema es que muchos estados no cuentan con recursos suficientes, y nada más tienen para pagar nóminas, agregó. Los han castigado con relación a los esquemas anteriores de reparto, reduciendo ingresos que eran participables, al pasar de 20 a 15 rubros.
Al mismo tiempo, les han dado más responsabilidades, por ejemplo, en educación, salud y seguridad pública, que antes eran federales, y su ingreso no crece en la misma medida.
“Están sometidos a una presión, mayores responsabilidades de gasto y menores capacidades para recaudar”, dijo.
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Las propuestas
Respecto a reformar la Ley de Coordinación Fiscal para lograr mayor equidad y simplificación en la asignación de recursos, los especialistas de CEEY proponen que los estados reciban recursos en proporción a sus avances, con base en indicadores de bienestar social.
Así, los que logren un mayor progreso a futuro podrían recibir más recursos, como un reconocimiento al mejoramiento de las condiciones de vida de su población, explicó De la Torre.
Por otra parte, se propone la creación de un Fondo Regional de Infraestructura Económica y Social para zonas rezagadas, además de ajustar la recaudación del impuesto predial, para una distribución más equitativa de los recursos entre los tres órdenes de gobierno.
Sin embargo, el ajuste del predial no es tan sencillo, pues los gobiernos locales no tienen la capacidad para ello, y el eje de esto es el tema del catastro, que cuesta, y todo el tiempo se está modernizando, comentó Gutiérrez.
Una propuesta es crear un organismo similar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dedicado al catastro y predial de todo el país, que sea una institución que tenga las capacidades de medición y fijación de tarifas, y que recaude en mejores condiciones.
Es un problema delicado que requiere una visión política y reformas a la Constitución para que haya un organismo que esté por arriba de las capacidades de los estados y municipios, con esa función de catastro, tarifas, recaudar y, después repartir. De otra forma, no pueden aumentar la recaudación, reconoció el académico.
