Brenda Núñez Reyes fue violada por su exmarido durante el matrimonio e incluso ya divorciados en 2022. Lo denunció hace un año. No fue un hecho aislado: fue la continuidad de una violencia que no cesó con la separación, sino que se transformó en otra más sofisticada, más fría, más institucional: la violencia vicaria.
Brenda es abogada y psicóloga. Trabaja, cuida y cría a sus hijos, Ángel y Naty. En 2022 decidió divorciarse. Creyó que con eso terminarían los abusos, que al poner distancia terminaría el daño. Pero su agresor encontró en el sistema de justicia un campo fértil para seguir ejerciendo control. Desde entonces ha enfrentado una persecución legal que busca despojarla de sus hijos y quebrarla como madre y mujer.
La violencia vicaria —nombrada así recientemente— es una forma de agresión que utiliza a los hijos como herramientas para infligir dolor. Se disfraza de preocupación paterna y se formaliza con denuncias y oficios. En realidad es otra forma de castigo. Otro intento por someter.
En febrero pasado, durante un foro en la Ibero Puebla, la activista Luz Arredondo presentó cifras que estremecen: 10 de cada 10 mujeres víctimas de violencia vicaria han sufrido daño psicológico; 7 de cada 10, violencia económica; 6, patrimonial; 5, física; y 4, sexual. Esas cifras no son abstractas: tienen nombre y rostro. El de Brenda, por ejemplo.
Tras el divorcio, su expareja inició una serie de denuncias contra ella y contra las personas que la han acompañado. Su objetivo: debilitarla, rodearla de miedo, arrebatarle a sus hijos. Lo hizo valiéndose del aparato judicial como un instrumento de poder.
En una audiencia de formulación de imputación, la jueza María del Carmen Quiroz Palomino desestimó pruebas clave. Sugirió que Brenda actuaba por “resentimiento generalizado” y que, por ser abogada, podía manipular el proceso. Le negó asesoría jurídica. La jueza no se pronunció. No se nombró la violencia. No se miró a Brenda como víctima. ¿Eso es juzgar con perspectiva de género?
Pero la herida no es solo institucional. También es íntima y brutal: su exmarido la violó durante el proceso de divorcio. Han pasado más de tres años y aún no hay justicia.
Hoy, mientras espera la resolución de un recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso que favorece a su agresor, Brenda sobrevive a un sistema que parece castigarla por no haberse quedado callada.
¿Qué tan lejos debe llegar una mujer para que el Estado la proteja? ¿Cuántas veces tiene que contar lo vivido para que alguien le crea?
La violencia vicaria es real, devastadora y aún desatendida. No basta con reformar al Poder Judicial si no se nombran estas violencias que siguen dejando a las mujeres en total indefensión. No basta con que el “pueblo bueno” elija a jueces si esos jueces no entienden de género, si revictimizan, si dudan de quien denuncia.
La historia de Brenda no exige compasión, exige justicia. Ella y todos nosotros requerimos de un aparato institucional que no la persiga, sino que la resguarde. Porque los hijos no se tocan. Porque las madres no deben huir del Estado para protegerse. Porque la violencia no debería tener fuero ni familiar, ni judicial.
@MaiteAzuela
