Según datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, mayo de 2025 fue el mes con el mayor registro de personas desaparecidas de la historia de nuestro país.
La estadística oficial reporta un promedio diario de 45 víctimas de desaparición, un total de 1,398, de los cuales 967 son hombres, 430 mujeres y una víctima de sexo indeterminado —reportada en Baja California.
Si bien el dato es por sí mismo estremecedor, lamentablemente el número de víctimas podría ser aún mayor.
Ello se debe a la metodología que se usa para nutrir la estadística oficial; al hecho de que algunas familias no denuncien o desconozcan la desaparición de su ser querido; a casos de negligencia o mala praxis de algunas autoridades.
El método de registro con el que se alimenta la estadística oficial no permite conocer con claridad cuántas personas desaparecieron en un mes, ya que es de tipo saldo. Es decir que si en un mes desaparecen 100 personas y paralelamente se localizan otras 20 —con o sin vida—, el registro final reportará sólo 80 víctimas.
Ya desde 2012 en el Observatorio Nacional Ciudadano sugerimos a la Secretaría de Gobernación registrar 100% de las denuncias de desaparición y desagregar cuántas personas habían sido localizadas por cada periodo con o sin vida. Ello permitiría un mejor entendimiento tanto del fenómeno como de la capacidad institucional para resolver tal crisis.
Paralelamente sugerimos impulsar mecanismos que facilitasen la denuncia —particularmente para aquellas familias que no cuentan con los recursos para poderla presentar— y combatiesen el subregistro y la disuasión que algunas autoridades de procuración de justicia ejecutan durante el periodo de denuncia.
Pese a todas las deficiencias de los datos oficiales —que también incluye duplicidad de datos y carencia de información sobre las víctimas—, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas es un insumo importante para combatir las causas que permiten que una persona desaparezca.
Tomemos como ejemplo precisamente los datos de mayo de 2025. Si bien todas las entidades reportaron por lo menos una persona desaparecida, la mayoría se concentró en la zona centro, luego en las entidades fronterizas y el occidente.
Las 10 entidades que el mes pasado registraron en números absolutos más personas desaparecidas, fueron respectivamente el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Baja California, Guanajuato y Michoacán con un total de 674 personas desaparecidas —casi el 50% del total de la estadística oficial de mayo.
Si se analizan los registros por tasas poblacionales, las tres entidades que reportaron más personas desaparecidas son Baja California, Sinaloa y Sonora.
Con base en los datos oficiales se confirma el aumento de porcentaje de mujeres que desaparecen. En 2012 eran 12% del total de víctimas, en 2018 el 20% y en el último mes se alcanzó el 30% algo que indica un aumento en la violencia de género.
Ante una mirada más atenta, destaca que en Chiapas, Chihuahua, Durango y Morelos dicho porcentaje crece al 50%, mientras que en Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Tabasco fue del 40%.
Sorprende que la entidad más violenta del país, Colima, reporte sólo a una persona desaparecida. Un dato que por sí mismo podría apuntar o a un grave subregistro de desapariciones o a un buen registro de los casos de homicidio doloso. Sea cual sea el caso, vale la pena investigar qué ocurre en ese estado.
De manera similar, sorprende que en la entidad con la mayor presencia de grupos delictivos dedicados a la trata de personas, Tlaxcala, se registre sólo la desaparición de dos hombres y de ninguna mujer. ¿De verdad no desaparecen las tlaxcaltecas, o simplemente no se registran las denuncias?
Con base en todo lo anterior, podemos afirmar que una efectiva política pública de combate a este fenómeno, debería incluir el análisis de los mapas de calor de la ocurrencia de las desapariciones, las características del sexo, edad y ocupación de las víctimas, cuándo y cómo desaparecieron, qué grupos delictivos operan en dichas zonas y cuáles los delitos más relevantes que ocurren por región.
De igual forma, podemos concluir que las personas desaparecen como efecto tanto de la violencia de género como de la incidencia de delitos como la extorsión, el secuestro, el tráfico y la trata de personas, la minería ilegal, el contrabando, la piratería, la venta de especies protegidas, la tala y la pesca clandestina; el huachicoleo, el robo a transporte de carga, la venta y trasiego de drogas, armas y efectivo. En resumen, de todos aquellos delitos que requieren del ejercicio de la violencia letal.
Por ende, si se quiere combatir la desaparición de personas, urge recuperar el territorio que hoy se encuentra en manos de la delincuencia; romper las redes de colusión entre autoridades y criminales; eliminar toda práctica de corrupción institucional; fortalecerlas con los insumos necesarios a las mismas; atender puntualmente a las víctimas; coadyuvar en la búsqueda de los desaparecidos; sancionar los delitos y reducir la impunidad.
No es normal que en un país desaparezcan 1,398 personas en tan sólo un mes. Tampoco lo es que en menos de 7 años hayan desaparecido más de 70 mil. Por ello es urgente una política de Estado sustentada en inteligencia, que ponga el centro de toda acción los derechos de las víctimas, de lo contrario corremos el riesgo que se acumulen otras 75 mil víctimas de desaparición para el final de sexenio.
Director del Observatorio Nacional Ciudadano. @FraRivascol