El reciente asesinato de Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, no es solo una estadística más en la crónica roja de nuestro país. El ataque —ejecutado con la precisión de un comando militar, que incluyó la detonación de su vehículo y un remate a quemarropa— es un mensaje inequívoco y un desafío directo a la soberanía del Estado mexicano. Este acto, sumado al uso cada vez más frecuente de drones cargados con explosivos por parte de los cárteles, cruza el umbral hacia el narcoterrorismo y nos obliga a una reflexión incómoda. Durante décadas, hemos observado las crisis de la mafia italiana en los ochenta y los cárteles colombianos en los noventa como los paradigmas de la violencia criminal. Hoy, la realidad nos supera: el fenómeno en México ha evolucionado a una escala de complejidad y poder que eclipsa a sus predecesores históricos. Enfrentamos una amenaza a la seguridad nacional que exige ser tratada como tal: con la fuerza del Estado.
México enfrenta hoy una bestia de varias cabezas. Dos organizaciones criminales de alcance global, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Su poder de fuego incluye armamento de tipo militar, vehículos blindados y drones armados, con los que libran una guerra no solo por rutas, sino por el control total de economías lícitas e ilícitas. Han superado el modelo de la mafia y los cárteles colombianos, combinando la violencia espectacular del CJNG con la sofisticada gobernanza criminal del Cártel de Sinaloa, que en algunas zonas llega a suplantar al Estado en la provisión de "servicios" y la resolución de disputas.
El gobierno federal ha manifestado su determinación para pacificar el país. La voluntad política, por sí sola, no basta. El problema de fondo es la debilidad institucional. Mientras la tasa de impunidad para delitos graves supere sistemáticamente el 90%, cualquier estrategia estará condenada al fracaso.
Un error recurrente es confundir la inteligencia con la Investigación criminal. La inteligencia, sea militar o civil, permite saber quiénes son los criminales y cómo operan. La investigación ministerial, en cambio, consiste en reunir pruebas sólidas y admisibles en un tribunal. La persecución judicial es el acto de presentar esas pruebas ante un juez para obtener una condena.
Es urgente fortalecer en su capacidad de investigación criminal a las fiscalías, en tres aspectos fundamentáles: presupuesto suficiente, apertura social y, crucialmente, protección efectiva. Ninguna estrategia estatal tendrá éxito sin la colaboración activa de la sociedad. El miedo paraliza, y con razón. Por ello, es imperativo crear y promover mecanismos de denuncia ciudadana que sean verdaderamente anónimos y seguros. Iniciativas como la plataforma LatamLeaks.lat, que utiliza tecnología para proteger la identidad de los denunciantes de corrupción, marcan un camino a seguir.
Paralelamente, se debe fortalecer el programa de protección a testigos, que hoy es prácticamente inexistente. Sin la garantía de que el Estado protegerá su vida y la de su familia, ningún ciudadano o criminal de bajo rango se atreverá a testificar contra las cúpulas del poder delictivo. Fomentar una cultura de la legalidad es una tarea de largo aliento, pero comienza con la confianza de que denunciar no es una sentencia de muerte.
