El desmantelamiento de la democracia puede ocurrir de manera drástica como en el caso de los golpes militares o puede darse con el arribo populista, con un discurso maniqueo de buenos y malos que, aprovechando el desencanto ciudadano, prometa “regresar el poder al ciudadano” mientras, por lo bajo, va minando la credibilidad de las instituciones desde lo político y, desde lo legal y constitucional, desmantela instituciones y socava los mecanismos de control del poder político.

Así, desde las bancadas morenistas en el Congreso de la Unión, esas que han declarado sin tapujos que su jefe político es el próximo presidente, se ataca a la Constitución por diferentes flancos. Uno de ellos, muy peligroso es, precisamente la revocación del mandato.

La redacción que llegó del Senado para reformar el artículo 83 Constitucional fue el siguiente: “El presidente de la República podrá ser destituido por el pueblo mexicano una vez transcurrida la mitad de su mandato a través de la consulta popular con carácter de revocación de mandato”.

El texto modificado por la Comisión de Puntos Constitucionales a propuesta del Diputado Pablo Gómez quedó como sigue: “El proceso de revocación de mandato del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objeto que la ciudadanía decida la permanencia del titular del Poder Ejecutivo de la Unión”. Un cambio que no tiene nada de inocente y que hace peligrar el principio constitucional de no reelección presidencial.

Fue la promesa de revocación del mandato la que encumbró a Chavez en el poder, convirtiendo a la democracia venezolana en un autocracia de facto. En 1999, utilizando una argucia de interpretación constitucional, el chavismo logró imponer una Asamblea Constituyente no prevista en la Constitución. La nueva Constitución traía el sello del ala radical del chavismo. Una que buscaba desmantelar la democracia representativa y sustituirla por mecanismos de democracia directa.

Por supuesto, detrás de esta postura subyace la idea de que la democracia representativa suele ser inadecuada para representar los intereses de los sectores mas marginados de la población.

El texto de Pablo Gómez y que será sometido a votación en estos días, deja entrever que en tres años y luego en seis años, se podrá preguntar a la ciudadanía si desea que López Obrador, permanezca en el poder. Una pregunta de este tipo en seis años implicaría, de facto, un mandato de reelección. El pueblo entonces, a través de su voto y considerando que es soberano, podrá exigir que un Presidente se mantenga aún cuando la Constitución niegue la posibilidad de reelegirse. ¿La Constitución podrá estar por encima de la voluntad del pueblo?

Y eso sin considerar los atentados contra la oposición y el intento de socavar a las minorías a través de la eliminación del fuero, pero ese será tema de otro artículo. A esa disyuntiva podemos llegar de aprobarse el texto como lo propone la bancada de Morena. Que nadie se diga engañado después.

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