Los privilegios del poder

La manipulación de los cargos públicos bajo su autoridad, para otorgarlos de modo discrecional a sus allegados, tradicionalmente ha sido en México uno de los privilegios del ejercicio del poder en el ámbito gubernamental y sus consecuencias han sido causa de graves problemas.

La acusación de la actual delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, en contra de Alejandro Zepeda, director jurídico y de gobierno de la Delegación Tlalpan durante la administración que estaba vigente en 2010 y de Miguel Ángel Guerrero, director jurídico y de gobierno durante la de 2014, ambos por su presunta responsabilidad en el accidente del colegio Enrique Rébsamen durante el pasado sismo de septiembre del 2017, debe sentar un precedente.

Llama la atención que Alejandro Zepeda Rodríguez, director general de Jurídico y de Gobierno de la delegación Tlalpan en 2010, cuando se empezaron a detectar irregularidades en las modificaciones a la estructura del edificio que alberga a la escuela Rébsamen, declaró “A mí me gustaría de manera personal, ir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ahí fue donde me formé, ahí fue donde empecé. En las cuestiones jurídicas y legales como que siento que paso”. Esto significa que no tenía el perfil básico para el cargo.

A su vez Miguel Ángel Guerrero pasó de ser secretario particular de la delegada en Tlalpan Maricela Contreras a director jurídico y de gobierno, que es el segundo cargo más importante en la delegación. Hoy es otra vez secretario particular de Maricela Contreras, ahora que ella es diputada federal.

Esto revela la improvisación constante en la asignación de cargos públicos, donde prevalecen criterios subjetivos y de coyuntura, más que profesionales.

Nada le ha hecho más daño a las instituciones públicas de este país que en el otorgamiento de los cargos de gobierno sin que se exija al candidato un perfil mínimo que cubra las exigencias de los objetivos que se espera que se cumplan.

El nepotismo es una constante, pues familiares acostumbran estar cerca del pariente que se ha encumbrado, así como el acomodo de amigos, el pago de favores a quienes patrocinaron la campaña y lealtades para los colaboradores de confianza y peor aún la ubicación de quien tiene relación sentimental con el gran jefe.

Hoy vemos frustración en las nuevas generaciones de funcionarios públicos porque no ven reglas claras en la asignación de oportunidades, pues siempre tienen prioridad los hijos de los políticos encumbrados y en general todos los recomendados. En contraste, quienes tienen méritos, capacidad y experiencia, terminan siendo relegados.

Por una parte, esto sucede porque no existe un sistema estructurado donde se definan los perfiles en cuanto a preparación académica, experiencia profesional, trayectoria y carácter del candidato.

Eso sucede desde secretarios de estado, el mismo fiscal anticorrupción, legisladores federales y locales y llega a manifestarse con más fuerza en los cargos en el ámbito municipal. La problemática es generalizada.

Incluso la propuesta de eliminar a los legisladores plurinominales para ahorrar dinero, independientemente de que este planteamiento del PRI esté encubriendo intereses electorales propios, el problema real es que se ha perdido el objetivo básico de las plurinominales.

Al no estar definido un objetivo claro que sirva como referencia y que traiga aparejada la exigencia de un perfil profesional, estos cargos en los congresos han servido para colocar a gente que no tiene merecimientos de ninguna especie, más que el pago de favores o los compromisos partidistas, familiares y de amistad.

En el caso de los legisladores plurinominales, cuya verdadera función es cubrir la necesidad legislativa de contar con gente experimentada y especializada en temas complejos y muy técnicos, renunciar a ellos supuestamente para bajar el costo, representa un grave error, pues no habrá la certeza de contar entre los legisladores de representación popular con gente con un perfil intelectual y profesional que garantice que se tomen las mejores decisiones.

Lo que se debe exigir es que se conserven esas plazas legislativas y se defina un perfil profesional y técnico y que exista la obligatoriedad de que los aspirantes a una curul plurinominal deban satisfacerlo plenamente.

En lo general, es necesario someter los cargos gubernamentales, principalmente aquellos donde se toman decisiones, a un proceso de clasificación de habilidades, aptitudes y capacidades para definir un perfil al cual deben ajustarse los candidatos a ocupar el cargo, tal y como sucede en la iniciativa privada.

La única forma de combatir la corrupción en el sector público es profesionalizarlo haciendo que se cumpla lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003 después de haber sido aprobado en una votación unánime en el Congreso de la Unión. Por tanto, la ley existe, aunque es ignorada.

Ante la proximidad de las elecciones del 2018 debemos exigir que a partir de ahora la asignación de cargos públicos se efectúe de modo responsable y con base a capacidades profesionales y que ya no sea considerada el botín a repartir entre el grupo vencedor.