La renuncia de Kuczynski

¿Qué habrá en México que se denuncia la corrupción y no pasa nada?. Sólo funcionan las vendettas políticas disfrazadas de justicia.

El presidente de Perú en funciones, Pedro Pablo Kuczynsky, quien llevaba poco más de año y medio en la presidencia fue acusado de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y además de compra ilegal de votos durante su campaña. Fue obligado a renunciar hace unos cuantos días, a mediados de marzo de este 2018 para someterlo a juicio.

El expresidente peruano Fujimori pasó diez años en la cárcel por abuso de autoridad y atentado a derechos humanos. Después se le acusó de peculado y ésto se le añadió a su condena que acumuló 25 años de prisión. Apenas en 2017, después de 10 años preso, fue indultado.

Guatemala y Brasil también han destituido presidentes por acusaciones de corrupción y Guatemala metió a la cárcel en 2015 al presidente Otto Pérez Molina cuando aún estaba en funciones.

Primeramente fue desaforado por el Congreso por defraudación fiscal y corrupción y la vicepresidenta del país, Roxana Baldetti ya estaba encarcelada previamente como parte del mismo escándalo.

En Brasil la presidenta Dilma Rousseff fue destituida no por quedarse con dinero público o corrupción, sino por darle a un presupuesto público un uso diferente al que le fue aprobado.

El expresidente Luiz Inacio ”Lula” Da Silva fue condenado el año pasado a nueve años y medio de prisión por haber recibido por parte de la constructora OAS un departamento de tan solo 215 metros cuadrados, en un complejo residencial ubicado frente a las playas de Guarujá, a cambio de contratos de la petrolera Petrobrás.

En contraste con lo que sucede en otros países latinoamericanos, en México seguimos esperando una explicación de nuestras autoridades respecto de la acusación hecha en Brasil por un directivo de Odebrecht, que en pleno juicio en su contra por el escándalo de corrupción y sobornos, denunció haber entregado a Emilio Lozoya Austin ocho millones de dólares a cambio de contratos de PEMEX.

Ni aún con una denuncia realizada por un directivo de Odebrecht dentro de un proceso judicial en otro país, se ha procedido contra Lozoya.

Simplemente comparar que a un expresidente tan querido en Brasil, como lo es “Lula” Da Silva, lo condenen a nueve años y medio de prisión por haber recibido un departamento de tan solo 215 metros cuadrados, comparado contra los ocho millones de dólares, (casi 180 millones de pesos) que dicen recibió Lozoya, no tienen comparación.

Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, declaró a las autoridades brasileñas que en marzo del 2012, durante la campaña presidencial, se reunió con Lozoya para negociar la transferencia de cuatro millones de dólares a una empresa ubicada en un paraíso fiscal ubicado en las Islas Vírgenes, a fin de que ese dinero llegase a una cuenta del banco suizo Gonet et Cie.

Se llegó a declarar que ese dinero estaría destinado a la campaña presidencial del 2012, lo cual tiene implicaciones electorales.

Esta acusación publicada por el diario brasileño O’Globo, no ha merecido que las autoridades mexicanas investiguen con celeridad e interés y verifiquen con las autoridades brasileñas la veracidad de la información, lo cual levanta sospechas de pretender que el asunto se olvide, como ha sucedido con tantos otros. Incluso, una jueza impidió que se dictase orden de aprehensión en contra de Lozoya.

Si Lozoya es o no culpable, los mexicanos merecemos una investigación seria, en este y todos los casos que se siguen a otros funcionarios por corrupción.

Varios países latinoamericanos, como hoy lo vuelve a hacer Perú, nos dan la pauta de que sí se puede castigar la corrupción aún en los cargos de mayor jerarquía gubernamental, como el caso del presidente Kuczynsky.

Aquí ni siquiera proceden las acusaciones en contra de funcionarios de mediano nivel.

¿Será que en México el combate a la corrupción es pura simulación?.

¿Usted cómo lo ve?.

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