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07/08/2019
11:42
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La seguridad pública y el acceso a la justicia son las exigencias más sentidas de la ciudadanía y las obligaciones primigenias del gobierno. La seguridad pública constituye una parte fundamental del bienestar social, ya que solamente en un ambiente seguro las personas pueden ejercer el conjunto de derechos y libertades que la Ley Fundamental reconoce y garantiza, así como realizar con normalidad y confianza las diferentes actividades cotidianas e indispensables para la subsistencia y el desarrollo.

Las sociedades democráticas construidas sobre las bases del Estado de Derecho descansan en la confianza de que el Poder del Estado se responsabiliza de la integridad física, patrimonio y vida de las personas, ya sea evitando mediante mecanismos institucionales que estos sean vulnerados por otros miembros de la sociedad (delincuentes), o bien, imponiendo sanciones que sean proporcionales al daño causado, a efecto de impartir justicia de manera rápida, eficiente y sin discriminación alguna.
 
Los Estados democráticos también se caracterizan por la reinserción de los delincuentes a la vida productiva, organizada y normada de la sociedad, privilegiando con ello el orden y la paz públicos. Así, la función de seguridad pública se convierte en el mecanismo legítimo e idóneo del aparato gubernamental para la realización del principio supremo del derecho en su más amplia concepción: la seguridad de las y los gobernados.

La vida es el valor más importante para el ser humano y el máximo bien jurídico que debe tutelar el Estado; sin embargo, en las últimas décadas, las cifras de asesinatos, feminicidios, robos, extorsiones, secuestros y un sinfín de ilícitos crecieron y se recrearon en un contexto de impunidad, donde la cultura de la violencia extrema, el horror y el miedo sustituyeron la seguridad y certeza legal que debe ser intrínseca a cada mexicana y mexicano.

Bajo este paradigma, resultan fundamentales las acciones que está llevando a cabo la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para fortalecer la seguridad de las y los capitalinos, entre las que destacan la Secretaría de las Mujeres con estrategias clave, como las Redes para combatir la violencia; el aumento de 5,361 policías preventivos; el incremento del 5% al salario de policías; la renta de 1,855 patrullas nuevas, 900 motocicletas y 2,500 bicicletas; la operación de comisiones de seguridad en 560 colonias; y, desde luego, en coordinación con el Ejecutivo Federal, la entrada de la Guardia Nacional a diversas alcaldías para reforzar la estrategia implementada por el gobierno de la ciudad. 

De acuerdo con los informes en la materia, de enero a junio de 2019 las cifras positivas en cuanto a seguridad fueron la disminución de los homicidios dolosos en 15.4%, lesiones dolosas por arma de fuego en 45.6%, robo de vehículo con violencia en 22.3% y el robo de vehículo en 19.8%, las cuales, conforme a las prospectivas realizadas en función de las acciones y sus resultados, seguramente se reducirán aún más en los próximos meses.

En la esfera de la justicia, destaca el trabajo conjunto que ha realizado el Congreso de la CDMX y la Dra. Sheinbaum para construir un nuevo marco jurídico que responda a la realidad de nuestra ciudad y a las demandas de quienes aquí habitamos.

Prueba de ello es la aprobación unánime de las reformas al Código Penal de la Ciudad de México para incrementar las penas a los delitos de alto impacto social, como el feminicidio; el robo a casa-habitación, de autopartes, de vehículo, de celular, a bordo de una motocicleta y a cuentahabientes; y la extorsión. Sanciones que se duplicarán cuando participe un elemento de alguna corporación policiaca, además de aplicarse una pena adicional cuando intervengan una o más personas armadas.
Reformas necesarias y urgentes que han gozado de una amplia aceptación, ya que, junto a cuerpos policiales confiables, acciones efectivas de prevención del delito, la participación ciudadana y un sistema de impartición de justicia probo, recuperaremos nuestra ciudad. 

La jefa del gobierno capitalino ha sido clara al señalar expresamente que: “Uno de los imperativos del Gobierno de la Ciudad de México es la atención de la elevada incidencia delictiva que aqueja a sus habitantes. La inseguridad no es un tema que podrá resolverse sólo con presencia policiaca, con el incremento de las penas o atendiendo a las causas estructurales del delito. Se tiene la convicción de que la solución será el resultado de una serie de variables que tienen que ver con la ingeniería institucional, con las personas, con la infraestructura económica y material y con factores de carácter social y cultural”.

La seguridad y la justicia serán los pilares para la reconstrucción del tejido social, el desarrollo económico, el bienestar de las familias y la gobernabilidad de la Ciudad de México.

Paola Félix Díaz.
Activista social y Titular del Fondo Mixto 
de Promoción Turística de la CDMX.
@LaraPaola1

Paola Félix Díaz
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística. Activista social. Fue diputada federal por mayoría en el Distrito 17 de la Ciudad de México. Egresada de la Universidad Anáhuac.