09/01/2021 02:00
Sofía Ramírez
 

Con la colaboración de Adriana García

En su conferencia matutina del 7 de enero de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que prepara una “reforma administrativa” para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI) sean absorbidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública, respectivamente, con el fin de extinguir estos dos organismos y dedicar ese presupuesto –cerca de 2,415 mdp al año-- a la compra de vacunas contra el Covid-19. ¿Suena tentador? El problema siempre está en los detalles.

Si bien la crisis por Covid-19 demanda acciones extraordinarias para vacunar a la mayor cantidad de personas en tiempo récord, esto no debe ocurrir a expensas de los derechos de las y los mexicanos. Además, la suma del presupuesto de ambos organismos apenas equivale apenas al 0.3% del presupuesto en Salud [en 2021, el presupuesto para Salud es 692,430 mdp), mismo que al tercer trimestre del año pasado tuvo un subejercicio de 37,019 mdp. En cambio, se estarían clausurando los organismos que velan por dos de los derechos fundamentales de la población: el acceso a la información y la libertad de expresión, consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución.

Veamos: por un lado, el INAI salvaguarda el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales de la ciudadanía. En 2020, el INAI resolvió al 3 de diciembre 212,262 solicitudes –todos casos relacionados con la agenda anticorrupción que cuesta, según estimaciones de la OCDE, más del 5% del Producto Interno Bruto del país al año. Por otro, el IFT vela por la competencia en el sector telecomunicaciones, lo cual a su vez permite tener mejores condiciones de acceso a la educación de 25 millones de niños que durante esta pandemia toman clases a distancia, el empleo de más de 7 millones de mexicanas y mexicanos que pueden laborar desde casa gracias a la infraestructura de telecomunicaciones existente en el país (entre abril y julio 2020 el trabajo en casa pasó de 23.5% a 15.2%, de 7.7 millones a 5.4 millones de ocupados), y la salud de quienes --en caso de no poder hacerlo a la distancia-- tendrían que regresar a laborar presencialmente.

Otro ejemplo del beneficio de social del IFT es que las y los usuarios de telefonía móvil en México pagan menores precios por llamadas, mensajes SMS y GB de datos que el promedio de países de la OCDE.

La pandemia no acabará en 2021 y los confinamientos tampoco, con importantes costos económicos. Sólo el año pasado desapareció el 20% de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Proponer desde el poder ejecutivo la eliminación de organismos que garantizan que una parte importante de la economía siga activa --servicios de comercio electrónico, servicios de entrega de alimentos a domicilio, cadenas productivas integradas a distancia con el exterior, el acceso a internet de 78% de los usuarios de telefonía móvil, la transmisión de señal de radiofrecuencia y televisiva— constituye un enorme riesgo para la de por sí comprometida estabilidad económica en el mediano plazo.

Además, cambiar las reglas de operación de los inversionistas y socios comerciales en el sector de telecomunicaciones frenaría una vez más la inversión de largo plazo.

El IFT vela por que existan mejores condiciones en el sector de telecomunicaciones en beneficio de toda la población, y de negocios y empresas que consumen y requieren hacer uso de la red de radio, televisión, teléfono e internet, incluyendo las y los niños. El IFT no duplica las labores del gobierno, sino que media entre autoridad y operadores en beneficio de la actividad económica, de los consumidores y del propio gobierno.

El problema del financiamiento de las vacunas no es nada menor, pero parece más urgente atender el esquema de aplicación de la vacuna y la disponibilidad de la misma, que el dedicar recursos adicionales a su adquisición. Sin embargo, eso parece tenerlo claro el gobierno, pues en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 no se identifica una partida específica para la compra de vacunas para el Covid-19.

Si lo que se busca es fuentes de financiamiento para las vacunas o para cualquier otra acción urgente, una opción sería reasignar recursos de otros proyectos retorno no es tan evidente, como la inversión en infraestructura petrolera, cuyo presupuesto para este año es casi del doble que el de Salud, y sólo del megaproyecto de la refinería en Dos Bocas se podrían reasignar 45,500 mdp para ello.

Finalmente, una reforma “administrativa” como la que anunció el presidente requeriría una reforma constitucional –nada fácil dada la ambiciosa agenda legislativa para el periodo de sesiones que inicia el Congreso en febrero. Claro que la SHCP podría drenar los recursos del IFT o del INAI bajo distintos mecanismos, como retrasar su ministración para después apropiarse del monto subejercido, pero eso sólo surtiría efectos hacia la segunda mitad del año.

Más bien, en un año electoral, cualquier propuesta de vulnerar el acceso a la información y a la libertad de expresión tiene una doble connotación: la de censurar mensajes incómodos en diversos frentes –como las limitaciones del sector salud, las muertes por Covid-19 o el lento acceso a las vacunas-- y la de controlar el flujo de información.

Integrantes de México, ¿cómo vamos?