Prisión preventiva, un retroceso en los derechos humanos

La prisión preventiva oficiosa es una figura jurídica que se utiliza para que una persona inculpada de un delito no cuente con la posibilidad de llevar su juicio en libertad, es decir, el juez decretará de forma automática que sea recluida mientras espera el sentido de su sentencia, lo cual puede durar varios años.

Tras más de catorce horas de sesión en el pleno del Senado de la República, y con una agenda que en nada benefició a la salud, seguridad o economía de los mexicanos, se aprobó el último asunto enlistado en el orden del día: la ampliación del catálogo de delitos en los que se meterán a la cárcel a las personas y después averiguarán si son culpables.

La prisión preventiva oficiosa es una figura jurídica que se utiliza para que una persona inculpada de un delito no cuente con la posibilidad de llevar su juicio en libertad, es decir, el juez decretará de forma automática que sea recluida mientras espera el sentido de su sentencia, lo cual puede durar varios años.

Dentro de la discusión de este asunto, senadoras y senadores de los grupos parlamentarios del PAN, MC y PRI, pidieron el voto en contra de estas modificaciones que a todas luces vulneran la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

Desafortunadamente, con la mayoría del partido del Presidente López Obrador se aprobaron las reformas cayendo en lo que los especialistas han denominado “populismo punitivo”, es decir, el aumento de penas o la creación de medidas violatorias de derechos humanos en busca de aparentar que se está atendiendo la violencia e inseguridad y obtener así popularidad entre la población, sin embargo, no está comprobado que esta medida haya disminuido el índice delictivo, ni en México ni en el mundo.

Es claro que existen casos donde el imputado debe llevar su proceso en prisión, sin embargo, dichos procesos deben ser valorados uno por uno por el juez de la causa y debe dictarse la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar, entre otras cuestiones, la comparecencia del imputado en el juicio.

Desde el año pasado, se le advirtió a Morena sobre el retroceso e inconvencionalidad de esta figura, ya que la prisión preventiva oficiosa puede llegar a ser un instrumento autoritario y de control social, su naturaleza debe ser excepcional y transitoria, sin embargo, haciendo uso de su inminente mayoría, avalaron la reforma a la Constitución y con ello, ampliaron las causales en que debe ser utilizada. A este gobierno no le interesa garantizar los derechos humanos de los mexicanos. El populismo para hacer políticas públicas y para hacer reformas regresivas como ésta, lo llevan en las venas.

Organismos internacionales como la ONU, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho penal y en seguridad, alertan sobre lo peligroso que resulta seguir promoviendo el uso de la prisión preventiva oficiosa, ya que debe haber un índice de rigurosidad en los criterios de necesidad, proporcionalidad, intervención mínima y razonabilidad al momento de aplicarla. Es decir, debe ser el último recurso y deben priorizarse medidas alternativas.

La 4T una vez más demuestra que para abatir la inseguridad no tiene estrategia, no tiene claridad en el cómo y acude a figuras irresponsables y violatorias de derechos humanos, dándole la espalda a las recomendaciones de organismos protectores de derechos humanos pero sobre todo, dándole la espalda a los mexicanos.

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