PARA RESOLVER UN PROBLEMA HAY QUE ACEPTAR SU EXISTENCIA

Paola Félix Díaz

A las mexicanas y mexicanos:

En el año 2013, la Asamblea General de la ONU declaró el 30 de julio como “Día Mundial contra la Trata de Personas”, a efecto de concienciar a los gobiernos y a la sociedad sobre la grave problemática que ha traído consigo este delito a escala mundial. En México, el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Las Víctimas de estos Delitos debido a sus devastadores e irreversibles efectos sociales que ocasiona.

No obstante, el nuevo marco jurídico y las diversas políticas públicas implementadas para su combate eficaz, la realidad en nuestro país se tornó desalentadora, al convertirse en el segundo ilícito después del narcotráfico que mayores ganancias reporta al crimen organizado. Cada año las víctimas de trata, en sus diferentes tipos delictivos, se cuentan por miles en nuestro territorio nacional, siendo las más vulnerables las niñas, los niños y las mujeres jóvenes.

En esta tesitura, se realizó el Foro “Hacia los 10 años de la Ley contra la Trata de Personas. Desafíos, retos y perspectiva”, organizado por el Senado de la República, en donde por primera vez, los altos funcionarios asumieron el problema de manera integral, sin matices coyunturales y de cara a una realidad inobjetable, en donde destacó, la intervención del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien sostuvo que no se puede entender la trata de personas “sin la participación de autoridades, sobre todo a nivel municipal, protegiendo a los grupos delictivos; no se puede explicar sin la corrupción judicial, la ministerial y la policial, que permite generar un blindaje jurídico’’.

Dicha declaración cobra particular relevancia, sobre todo si consideramos que la trata de personas descansa, precisamente en una vasta e intrincada red de complicidades de la que participan las autoridades. De ahí que lo que sucede, por ejemplo, en diversos municipios de Tlaxcala, Cancún y Jalisco, tiene hondas raíces estructurales y geopolíticas. Dicho de otra manera, de este aberrante ilícito han participado presidentes municipales, gobernadores, fiscales, policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, empresarios y diversos sectores de la sociedad.

Sabemos que este aberrante crimen, aunque se configura dentro del territorio nacional, es de alcance trasnacional, lo que explica la participación de diversas autoridades y personas en la configuración de las rutas y el traslado de las víctimas hasta llegar a su destino final. Por eso es que resulta fundamental que desde la UIF se estén combatiendo “las estructuras financieras y la corrupción política que les da cobijo’’, ya que en muchas ocasiones el delito de trata tiene que ver con un componente financiero y con un mecanismo de explotación sicológica de las víctimas.

En cuanto al elemento financiero, la UIF tiene relacionados 2 mil 131 reportes de operaciones monetarias inusuales presentados por el sistema financiero, de los cuales, localizaron 63 redes de movimientos inusuales vinculados a menores de edad durante la pandemia, y han bloqueado mil 447 cuentas bancarias ligadas a tratantes por un monto de 147 millones de pesos, lo cual es de vital importancia ya que al cortar las fuentes de financiamiento es mucho más factible desmantelar dichas células delictivas.

Por otra parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que es necesario impulsar reformas a la Ley para definir con mucha mayor claridad los tipos penales que permitan adoptar medidas firmes para enfrentar la impunidad y superar la ineficacia que actualmente prevalece para prevenir, sancionar y erradicar este crimen que constituye una forma de violencia extrema y una grave violación a los derechos humanos de las víctimas.
La aceptación expresa de impunidad e ineficiencia que prevalece en algunas autoridades no es cosa menor, ya que figura como el mejor punto de partida para avanzar con paso firme hacia la erradicación de la trata de personas en México.

Vuelvo a insistir, como lo he hecho una y otra vez en diversos espacios: es imperante prohibir la trata de personas en la Constitución en tanto que constituye una forma moderna de esclavitud; lo mismo que visibilizarla y asumir desde el texto supremo la necesidad de combatirla desde el Estado. Es fundamental homologar el delito y sus diferentes tipologías en una sola norma de carácter federal y evitar así sus duplicidades y dispersión normativa, para que la Ley no opere en favor de los tratantes y constituya un obstáculo para las autoridades y las víctimas. Asimismo, es preciso perfeccionar las diferentes modalidades del tipo penal para que la norma no quede rezagada frente a la fenomenología social y las nuevas formas comisivas; endurecer el castigo para los clientes y para los cómplices pasivos que pudiendo hacerlo, omiten ayudar a la víctima.

Finalmente, es importante abrir el debate sobre la pertinencia de que los bienes, valores y cuentas bancarias incautados a las redes criminales, constituyan el primer piso de un fondo para las víctimas, a efecto de posibilitarles la reincorporación plena a la sociedad desde el empoderamiento. De igual forma, tenemos que dar paso a convenios internacionales y entendimientos jurídicos nuevos para posibilitar rescates de víctimas en coordinación con la sociedad civil y las autoridades, así como impulsar intercambios domiciliarios para otorgar certeza y seguridad jurídica a las víctimas y sus familias.

Como activista celebro profundamente que en nuestros días el delito de trata de personas por fin se posicione en la agenda pública como un problema prioritario que es urgente atender. Como funcionaria pública refrendo mi compromiso de hacer todo lo que esté en mi ámbito de competencia para combatir y erradicar la trata de personas. Como mujer, levanto la voz por la violencia y la larga lista de vejaciones que han sufrido las niñas, las adolescentes y las mujeres a manos de sus enganchadores, trasladadores, tratantes y clientes.

Paola Félix Díaz
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX;
activista social y exdiputada federal

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