No hay vacuna contra la violencia

Paola Félix Díaz

A las mexicanas y mexicanos:

Hace unos días, vecinos de la colonia Fuentes Brotantes en la alcaldía de Tlalpan, grabaron desde una ventana a un hombre que golpeaba y le gritaba a una mujer de 95 años dentro de una habitación. El video se difundió rápidamente en redes sociales, lo que contribuyó a que las autoridades tomaran conocimiento de los hechos; además, quienes grabaron el video tomaron la correcta decisión de llamar a la patrulla. Minutos después llegó al lugar la nieta de la señora y se la llevó en un taxi; ante los interrogatorios de los vecinos señaló que ella no vivía ahí y se negó a decirle a los vecinos quién era el agresor.

Gracias a la denuncia ciudadana en redes sociales y vía telefónica, el C5 capitalino, la Fiscalía de la CDMX y el Consejo Ciudadano, pudieron tomar cartas en el asunto. La titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX, Almudena Ocejo Rojo, señaló que Lorenza se encontraba bajo el resguardo de las autoridades y que el agresor no podrá acercarse a ella debido a que existe una guardia permanente en su hogar; además que el Instituto del Envejecimiento Digno y la Secretaría de Mujeres implementan un plan de cuidado que consiste en que toda la familia se involucre para poder tomar decisiones en torno a su cuidado y atención para evitar cualquier tipo de omisiones.

Aunque la familia no presentó una denuncia, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación de oficio, pues como lo apuntó la funcionaria, “en la dinámica de violencia familiar generalmente están invisibilizados estos casos porque ocurren dentro del entorno familiar y hay una reticencia a presentar algún tipo de denuncia […] sin embargo, por el interés superior de la persona mayor y al ser evidente el maltrato físico que estaba recibiendo la Fiscalía atrae el caso y es por eso que se abre esta carpeta de investigación y entonces se garantiza por supuesto la seguridad y la dignidad de la persona mayor y se continúa con ese proceso […] a pesar de que lo idóneo es sacar a la señora de su domicilio y llevarla a un refugio, no se puede hacer si la persona no quiere; además de que la casa es de la señora, entonces ella no quiere ningún despojo, sino seguir en su casa”. Cabe señalar que el agresor era su hijo.

Durante la pandemia por Covid-19, el Instituto para el Envejecimiento Digno ha atendido 825 casos de distintos tipos de violencia en la capital, de los cuales 32 por ciento fueron denuncias y atenciones por violencia psicoemocional; 31 por ciento tiene que ver con violencia patrimonial y económica; es decir, que la persona mayor está en riesgo de despojo; 27 por ciento tiene que ver con denuncias por omisión de cuidados y el 9 por ciento restantes son denuncias por agresiones físicas.

El mismo día que ocurrieron los hechos y prácticamente de manera paralela, en San Lázaro se votaban diversas reformas al marco jurídico. Una de éstas se votó precisamente para fomentar la participación social en la denuncia de todo acto de violencia que produzca una afectación a los derechos de las personas adultas mayores, ya que de acuerdo con el INAPAM y la OMS, una de cada diez personas adultas mayores es víctima de malos tratos y muchos de los casos de violencia ocurren en su propio hogar.

En este sentido, es fundamental la participación social a efecto de dar a conocer a las autoridades competentes mediante una denuncia los actos de violencia, así como para vincular a la sociedad en la vigilancia y protección de las personas adultas mayores, pues es evidente que la edad los coloca en una posición de franca vulnerabilidad.

Desde luego el ámbito institucional público y privado al igual que la sociedad, deben resignificar la vejez y adoptar nuevos paradigmas para garantizar a las personas adultas mayores el goce y ejercicio pleno de todos sus derechos, ya que la vulneración de uno invariablemente trastoca los demás.

Conforme a los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2018), hay en nuestro país 15.4 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa 12.3 por ciento de la población total, y de acuerdo a la última estadística de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 31.2 por ciento de personas de más de 65 años vivían en pobreza.

La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) refirió que en México existen muchos prejuicios sobre las personas mayores, ya que se les concibe como dependientes, improductivas, menos capaces para resolver problemas, que tienen la memoria deteriorada y no son higiénicas ni entusiastas. Por otro lado, 50 por ciento de estas personas sienten que sus derechos no son respetados y una de cada cinco ha sentido discriminación en la calle, en el transporte y por parte de su familia.

No podemos soslayar que somos una sociedad envejeciente; para 2030 se espera haya 30 millones de personas adultas mayores en nuestro país, lo cual demanda instrumentar diversas acciones, ya que este cambio demográfico tendrá implicaciones en todos los sectores y actividades de la sociedad. Más allá de las reformas jurídicas que ha realizado el Congreso, por ejemplo, para sancionar con severidad a los hijos que abandonen a sus padres, o establecer que las instituciones del sistema financiero y notarías garanticen a este sector poblacional el derecho a la certeza jurídica en la protección de su patrimonio personal y familiar. Es urgente que como sociedad hagamos consciencia sobre el envejecimiento y la solidaridad intergeneracional para asegurar una vida plena, de calidad y en las mejores condiciones posibles a las personas mayores.

¿Quién va a cuidar de esos 30 millones de adultos mayores? o mejor dicho, ¿quién nos va a cuidar?, ¿dónde vamos a trabajar?, ¿de qué y dónde vamos a vivir?, ¿qué servicios médicos vamos a requerir?, ¿cómo nos vamos a trasladar?, ¿tendremos pensión?, ¿nos maltratarán nuestros familiares?, ¿moriremos abandonados en un asilo? Lo que hagamos ahora por las personas adultas mayores lo estaremos haciendo también por nosotros. La desigualdad no sólo está presente entre las clases sociales, sino también entre las generaciones y en nuestras manos está corregirla; desafortunadamente, no hay vacuna contra la violencia.

Paola Félix Díaz
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal.
 

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