Extinguir la corrupción

Paola Félix Díaz

A las mexicanas y mexicanos:

La extinción de 109 fideicomisos sin estructura orgánica, por un monto de 68 mil 478 millones 123 mil 839 pesos, al 2º Trimestre de 2020, ha estado en el centro de la opinión pública en los últimos días, por lo que no hemos estado ajenos a las diversas argumentaciones a favor y en contra de la decisión gubernamental, la cual ha sido avalada por la Cámara de Diputados; de ahí que se prevé que en los próximos días sea aprobada también por el Senado, a efecto de dar bases legales sólidas a la desaparición de estos instrumentos financieros.

Por un lado, quienes sostienen la bondad de la extinción, señalan que los recursos públicos de los fideicomisos serán entregados en términos de las disposiciones aplicables a la tesorería de la federación y se llevarán a cabo los procesos para su extinción, salvaguardando los derechos de terceros; que la decisión descansa en los principios de honradez, honestidad y austeridad, a efecto de combatir y erradicar el mal uso del erario público; que es congruente con el compromiso 37 del presidente Andrés Manuel López Obrador para transformar al país 2019-2024, en donde se prevé la cancelación de fideicomisos y cualquier otro mecanismo que oculte dinero público; y que se destinarán más recursos para la atención de la pandemia, programas sociales y los proyectos prioritarios, previstos en el Plan Nacional de Desarrollo y los correspondientes planes sectoriales.

Una vez precisado lo anterior, es necesario señalar que, independientemente de que la medida administrativa y legislativa nos parezca adecuada o no, es necesario antes de emitir un juicio de valor, reconocer que las razones para la extinción resultan inobjetables, ya que, en primer lugar, tenemos que aceptar que es un compromiso del Ejecutivo, el cual está cumpliendo, por lo que nadie debe decirse sorprendido, toda vez que recibió el aval abrumadoramente mayoritario del pueblo.

En este orden de ideas, no podemos tener la memoria flaca ante los señalamientos de corrupción y falta de transparencia, porque sabemos de cierto que hubo dispendio, frivolidad, compadrazgo, privilegios y uso faccioso de los recursos públicos. Una y otra vez, diversas voces en diferentes momentos acusaron los malos manejos de los fondos para cultura, periodistas, víctimas, deportistas, defensores de derechos humanos, desastres naturales, etcétera. Desde hace años se ha denunciado la opacidad y discrecionalidad de las decisiones, la falta de organismos internos de fiscalización de los fideicomisos o la debilidad de éstos, y sabemos de los distintos informes de resultados que al menos desde 2013 la Auditoría Superior de la Federación ha reportado, derivado de la revisión de las cuentas públicas, así como los estudios y recomendaciones de organizaciones civiles serias y reconocidas como Fundar (Centro de Análisis e investigación).

Aceptémoslo: hemos escuchado y leído en los medios de comunicación desde hace años sobre los abusos de las federaciones deportivas, los recursos que nunca llegan a los seleccionados olímpicos, las becas para ciencia y tecnología otorgadas discrecionalmente, recursos millonarios entregados a investigaciones sin trascendencia, a proyectos culturales y artísticos que distan mucho de embonar siquiera en el concepto, apoyos y préstamos en el sector rural a personas ya fallecidas, inversiones sin retorno, beneficiarios de los cuales ni el registro civil ni el de población tienen rastro y, de complicidades con la industria privada, así como recursos que nunca llegaron a los damnificados de inundaciones y temblores.

Me llama la atención que quienes defienden los fideicomisos no lo hagan con las conducentes pruebas que acrediten la transparencia y probidad en el ejercicio de los recursos, con los informes limpios de sus auditorías internas o con los del órgano de fiscalización superior, simplemente señalan autoritarismo, injusticia en la decisión y falta de sensibilidad, pero se niegan a ver el fondo del problema.

Por qué la clase política opositora se preocupa hoy por la desaparición de los fideicomisos y no por la corrupción de otrora; por qué ninguno de los defensores de alguno de los 109 fideicomisos demuestra públicamente la pertinencia, eficacia, eficiencia y honradez con la que se manejaron los recursos públicos.

La medida fue tajante, pero ¿quién tiene la fórmula perfecta que arroje la medida exacta para combatir la corrupción? Sí, es verdad, la solución fue extrema, tan extrema como lo es la corrupción. Es una lástima que haya quien se empeñe en normalizarla.

El Ejecutivo Federal y la mayoría en el Congreso decidieron legal y legítimamente, disolver los fideicomisos para construir nuevos instrumentos financieros; optaron por administrar y distribuir el dinero de una manera diferente, porque la que ha imperado no funciona. Como decía Denis Diderot: “No hay soberano más legítimo que la nación; no puede haber más legislador legítimo que el pueblo”.

Hoy que el país tiene tantas necesidades por la crisis sanitaria y económica derivada del Covid-19, es necesario dirigir los recursos donde verdaderamente se necesitan, y sí, por supuesto que son indispensables en el fomento a la cultura y el deporte, el estímulo a la investigación científica y tecnológica, en la protección a periodistas, de víctimas de delitos, defensores de derechos humanos y de las personas afectadas por desastres naturales; para  mejorar los servicios de salud, detonar los proyectos de infraestructura que generen empleos, así como crear oportunidades de bienestar para quienes más lo necesitan.

Por el bien de México, me inclino por apoyar una nueva manera de gestionar los recursos públicos, porque quienes actuaron al margen de la ley rindan cuentas y paguen con sanciones ejemplares los actos de corrupción; porque el dinero no esté estático cuando puede ser utilizado en beneficio del bien común y para que la justicia distributiva llegue rápido a todas y todos. Me pronuncio por la transformación profunda, porque las cosas no sigan inertes que nos ha llevado a una profunda brecha de desigualdad. Me sumo a las voces de unidad, de esperanza y de confianza en un presente y un futuro mejor.

No existe democracia sin igualdad. Y aunque no todo sea perfecto, coincido con Alfred Emanuel Smith: “Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia”.

Paola Félix Díaz
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX; activista social y exdiputada federal.
 

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