A las mexicanas y mexicanos:
El indignante caso de Victoria Esperanza Salazar Arriaza quien residía en México con visa humanitaria, ha colocado nuevamente a Quintana Roo en el centro de la atención nacional e internacional. La brutalidad policiaca con la que fue sometida hasta quedar sin vida, sólo puede tener lugar en un contexto de abuso, corrupción e impunidad. Sí, ésta ha sido la realidad cotidiana de un destino turístico paradisiaco que para muchas personas es un verdadero infierno.
Como bien lo ha señalado Lydia Cacho, lo que ocurre en la entidad, particularmente en Cancún “es un problema histórico y un asunto de geopolítica de la delincuencia organizada”. Es un secreto a voces lo que revela el informe de Lantia Consultores: en territorio quintanarroense operan dos cárteles con estructura nacional, el de Sinaloa (CS) y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG); reminiscencias de lo que fueron Los Zetas y el Cártel del Golfo; y dos organizaciones criminales locales, entre las que destaca el Cártel de Cancún. Las actividades delictivas fundamentalmente son narcotráfico, trata de personas, narcomenudeo, extorsión, cobro de derecho de piso, delitos de alto impacto, robo a transportistas y a ferrocarril.
Organizaciones que durante décadas han corrompido a funcionarios públicos de los tres Poderes y niveles de gobierno, y se han aliado con empresarios, compartiendo así espacios, complicidades, entremezclándose para gozar de absoluta impunidad, convirtiendo al poder político, al poder económico y al poder criminal, en uno solo.
Esta gran mafia ha horrorizado y aterrorizado por décadas a la sociedad quintanarroense, a los empresarios que invierten con honestidad, al turismo y a las personas migrantes que residen en Cancún y sus alrededores.
De acuerdo con un estudio elaborado en 2020 por el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, en Quintana Roo el delito de trata de personas presenta características específicas, entre las que destacan los perfiles de las víctimas: niñas indígenas de entre 10 y 16 años de edad; personas de la comunidad de la diversidad sexual; hombres (niños, adolescentes y adultos) y mujeres adolescentes y adultas, así como personas migrantes internacionales, quienes son explotadas en trabajos de construcción, servicio doméstico, venta de productos en zonas turísticas, mendicidad forzada, prostitución forzada, matrimonio forzado, matrimonio servil y actividades ilícitas para el crimen organizado.
Es de sobra sabido que muchos empresarios y comerciantes son obligados a pagar derecho de piso, así como a permitir la venta de drogas, alcohol adulterado y trata de personas en sus establecimientos, quienes se ven obligados a cerrar sus negocios ante las múltiples extorsiones y amenazas, pues bien saben que una denuncia significaría perder la vida y poner en riesgo la de su familia debido a la colusión entre autoridades y criminales.
Recordemos que José Kamel Nacif Borge (El rey de la mezclilla), conocido por sus prácticas y vínculos con una red de pedofilia y trata de personas, es primo de Miguel Borge Martín y tío de Roberto Borge Angulo, ambos exgobernadores de Quintana Roo. No es casualidad que su amigo y protector, el exgobernador de Puebla, Mario Marín (el “gober” precioso), se haya escondido de la justicia, precisamente en esa entidad. Tampoco podemos soslayar que el exgobernador Mario Villanueva Madrid haya sido acusado y procesado por narcotráfico, ni la orden de aprehensión girada al exgobernador Roberto Borge Angulo, acusado de lavado de dinero, así como el alto endeudamiento adquirido por la entidad a manos del exgobernador Félix González Canto, cuya administración pasó de una deuda de 1,880 millones a una de 13 mil millones de pesos (casi 10 veces más en el transcurso de seis años).
Hace unas cuantas semanas comenzaron a caer las primeras cabezas de políticos y personajes conocidos en Quintana Roo, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló 79 cuentas por estar vinculados a la mafia rumana de clonadores de tarjetas de crédito, particularmente por lavar dinero abriendo y cerrando empresas, hoteles, restaurantes, así como por extorsionar ejidatarios de la Riviera Maya para quedarse con sus tierras a precios ridículos.
La ciudad de Cancún, desde su creación en el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, fue moldeada a mano para atraer no sólo al mercado turístico tradicional, sino a uno ilegal y mucho más jugoso que atrae a visitantes de todo el mundo para dar rienda suelta a toda clase de actividades que van desde el consumo de drogas hasta el consumo de personas. El aberrante turismo sexual, la pornografía infantil, las múltiples vejaciones humanas y abusos que ahí ocurren al amparo de las autoridades, han convertido a Cancún en un auténtico infierno.
Quintana Roo es una arena en donde los cárteles se disputan el control del territorio para la venta y distribución de drogas; los políticos y empresarios se disputan el control ilegal de los terrenos, y todos pelean por controlar el mercado de la trata de personas.
Ahí el joven que limpia parabrisas, la señora que ofrece artesanías y el niño que vende dulces, son víctimas de redes delictivas que los explotan y obligan a trabajar jornadas extenuantes. En Cancún los antros y prostíbulos tienen el nombre de un cártel y el apellido de un partido político de los que ostentaron el poder en el viejo régimen. Atrás de su paisaje y sus playas se esconde un mundo ilícito y aberrante.
La zona turística es la fachada que esconde un Cancún clandestino, violento y abusivo, donde la pobreza y la marginación de muchas personas es la cruel expresión de una realidad que es urgente modificar. El lamentable asesinato de Victoria Esperanza Salazar Arriaza a manos de la autoridad y su propia historia, sólo revela lo que sucede en esa Quintana Roo.
La imagen es desgarradora no sólo por el hecho mismo, sino porque por décadas el poder de la impunidad disfrazado de autoridad ha usado su fuerza brutal para romper la columna vertebral de una sociedad que reclama justicia.
Paola Félix Díaz
Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX;
activista social y exdiputada federal.
