Por Manuel Vélez

Algunos indicios señalan que estamos próximos a presenciar cómo la Unidad de Inteligencia Financiera denunciará a candidatos que participaron en el proceso electoral del 6 de junio pasado. Las declaraciones de Santiago Nieto, titular de esta institución desde diciembre de 2018, dieron cuenta que ya tenían a algunos en la mira en días previos a la contienda. Tal es el caso de Samuel García, próximo gobernador de Nuevo León.

También, según declaraciones del 8 de junio del mismo titular, estas investigaciones serán extensivas a algunos candidatos a diputaciones federales y alcaldías de la Ciudad de México. Sabremos más de esto probablemente en alguna conferencia matutina en próximos días. Que no nos sorprenda que ninguna de estas investigaciones involucre candidatos afines al gobierno federal. Filias y fobias aparte, no en vano reza el refrán que vemos la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro.

Pero, lejos de estos chaparrones políticos que caracterizarán la atmósfera postelectoral en las semanas venideras y que acapararán los titulares de medios y pasquines por igual, debemos pensar en los flujos financieros ilícitos políticos con una lente de mayor alcance que nos permita entender o siquiera plantear interpretaciones más enriquecedoras.

En épocas electorales, la violencia política atrae todos los reflectores. El alud de noticias, declaraciones, investigaciones, conferencias y reportes de calidad variopinta manifiestan como ante lo urgente del fenómeno, solemos perder de vista otros temas de igual relevancia, pero considerablemente menos taquilleros. Tal es el caso del financiamiento de campañas con recursos de procedencia ilícita, la corrupción a través de sobornos o desvíos de fondos públicos, el intercambio de bolsas de efectivo jocosamente denominadas “donativos del pueblo”, entre muchas otras manifestaciones.

Estos flujos financieros deben entenderse tomando en consideración el contexto de la consolidación democrática y de la diversificación de actores no estatales con intenciones de establecer relaciones con los gobiernos electos para fines diversos. Por ejemplo, la compra y venta de protección o para pactar contrataciones públicas durante los próximos tres o seis años. Tanto una mayor oferta de candidaturas como la injerencia directa o indirecta de organizaciones criminales, grupos de presión gremiales, entre otros actores inciden en las características de los flujos financieros ilícitos antes, durante y después de la jornada electoral.

Algunas cifras llaman la atención sobre los flujos paralelos a las campañas que sitúan los montos en torno a 15 veces lo recibido de manera legal. El componente no observable de estos flujos implica que todo cálculo esté sujeto a cierto grado de incertidumbre, pero lo que debe interesar es que este financiamiento tiene una direccionalidad muy clara en un momento clave del proceso electoral. Se dirige de grupos con cierta liquidez hacia las personas que operan las campañas acorde con las estrategias políticas que manejan el dinero bajo la mesa.

Es razonable esperar que el efectivo siga siendo el rey de los medios de pago gracias a la dificultad de rastreo de los fondos. Sin embargo, esto no descarta que se utilicen técnicas más sofisticadas que busquen burlar los controles y regulaciones sin los costos de transacción inherentes del efectivo. Por ejemplo, el clásico pitufeo como mecanismo para fraccionar transacciones en pequeños montos de tal forma que no resulten sospechosas a los ojos de las autoridades; o bien, a través de las famosas empresas factureras que han ganado relevancia en los últimos años.

Algún porcentaje de estas transacciones será captado en reportes de operaciones inusuales y el restante pasará inadvertido. Y de esa pequeña fracción, una aún menor resultará en una investigación más profunda que, tal vez y solo tal vez, conduzca a los presuntos responsables a un juicio. ¡Qué decir ya de una sentencia! ¡Justicia, divino tesoro! ¿Quizás al término de un periodo de gobierno? En un país como Mágico, Daniel Sada dixit, todo puede pasar y a la postre, seguir igual.

Esta triste historia no termina tras la entrega de las constancias de mayoría. La fiesta democrática sigue, pero ahora en petit comité. ¿Qué pasa después? ¿Cómo se recupera la inversión? ¿Quiénes participan? ¿Qué medios financieros y no financieros se ocupan? ¿Cuáles son las actividades más vulnerables? Estaríamos más y mejor preparados para contestar estas preguntas y de paso, hacer algo al respecto, si la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados hubiera reformado la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Total, ya será para la otra legislatura.

Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano
@VelezManuel

Google News

TEMAS RELACIONADOS