Ana Laura Velasco
Hace 19 años la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 54/134 que determinó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres . La elección de esta fecha es cercana al contexto latinoamericano pues marca el brutal asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal, activistas políticas en República Dominicana. Estas referencias de temporalidad son una muestra de la prevalencia del flagelo en el mundo. México no es la excepción.
Como cada año, organizaciones de la sociedad civil y representaciones de organismos internacionales presentarán las alarmantes cifras que registran los crímenes contra mujeres por motivos de género. Funcionarias y funcionarios portarán el listón color naranja que distingue la fecha y abundarán las muestras de solidaridad. Estar a favor del bienestar de las mujeres es sencillo, pero romper las condiciones estructurales que cobijan la violencia es otra historia.
La violencia contra las mujeres (VCM) es una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos en todo el mundo, y afecta en promedio a un tercio de todas las mujeres en su vida. La VCM una interpretación de la violencia a través del género (Merry, 2009). En el caso concreto de la VCM y dado que los hombres son los principales victimarios, se entiende que estos usan esta violencia para definir su propia masculinidad.
Los diferentes tipos en que se manifiesta la VCM se distinguen por diversos parámetros, con ciertos riesgos y consecuencias exacerbados por las condiciones de violencia e inseguridad del entorno. Este sería el caso de México donde se ha registrado un aumento de los feminicidios en los últimos años, la forma más extrema de esta violencia, a la par del deterioro de las condiciones de inseguridad de toda la población.
El pasado 22 de noviembre, el ejecutivo federal presentó el Acuerdo Nacional por la Igualdad como el instrumento principal para incorporar la perspectiva de género en sus políticas. Aunque el documento que respaldará este Acuerdo no fue presentado ese día, hay anotaciones que vale la pena rescatar sobre el carácter simbólico del evento.
De acuerdo con lo señalado en la ceremonia y de forma paralela a la narrativa en el tema de seguridad pública, se identifica a la desigualdad económica como la principal causa motora. Al respecto, se señaló que las mujeres representan el 50% o más de la población beneficiada de algunos de los programas de apoyo social emblema de la administración. Sin embargo, esto no significa que estén diseñados para atender la brecha de género.
Aún esperando que el documento que se presente incluya los objetivos e indicadores idóneos para incorporar la perspectiva de género en lo general, esto no significa que se atiende el tema de la VCM de forma puntual. Asumir que esta violencia disminuirá porque se consiga reducir la brecha de género o la desigualdad económica -temas en sí muy distintos- contradice la evidencia existente. Hay países con brechas de género más reducidas y menor desigualdad económica que aún están plagados de casos de VCM.
El Acuerdo engloba seis compromisos. Para el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), resulta de particular interes el tercero: “Garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas, con educación para todas, respeto, no violencia, paz y seguridad.” Aunque queda por ver cómo se traduce este rubro en las 200 acciones que incorporará el documento, es de notar que no se trazó un vínculo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. De hecho, como el ONC ha señalado anteriormente, es notoria la ausencia de menciones a la VCM en los documentos rectores del tema de seguridad.
Por tanto, cabe preguntarse cuál es el papel del aparato de seguridad y procuración de justicia en este Acuerdo. En el evento no estuvieron representantes de las dependencias encargadas de estas carteras. Su participación es clave por diversas razones, pero destaca que en agosto se planteó que la Guardia Nacional tendría una estrategia para detener el alza de feminicidios.
El mensaje que se obtiene es que la incorporación de la perspectiva de género no tiene el mismo peso en las distintas dependencias y, por lo tanto, quedan dudas sobre cómo se alcanzará el tercer compromiso. Si bien, algunos factores que propician la VCM sí pueden estar vinculados a pobreza y marginalidad, este enfoque resulta exiguo para abarcar los obstáculos que enfrentan la diversidad de mujeres en México para tener una vida sin violencia. El 22 de noviembre pasa, pero la crisis naranja permanece.
Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano
@_anavelasco
