B.C.S, víctima de la No aplicación en las restricciones de plásticos de un solo uso

Mayra Victoria Gutiérrez Sandoval

En 2018 se dio más atención al impacto negativo del plástico en el medio ambiente, especialmente en los ecosistemas marinos. Es innegable que hay un problema de gestión de residuos, pero también de un excesivo abuso de este material, y autoridades, empresarios y la sociedad en general deben buscar las soluciones en conjunto. La generación desmedida de productos plásticos se realiza sin responsabilidad por parte de la industria. Por ejemplo, según datos de la ONU, cada año se producen 500 mil millones de botellas de plástico. Su alto consumo genera beneficios económicos a pequeños grupos de empresarios, aunque 12 millones de toneladas sigan llegando al mar cada año.

En México, la infraestructura no creció proporcionalmente al incremento de residuos plásticos. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de los residuos plásticos? Para empezar, los gobiernos deben gestionarlos con los impuestos que todos los ciudadanos pagamos. Actualmente, en México existen 32 legislaciones para la regulación de plásticos de un solo uso, en diferentes municipios y estados, pero, a pesar de que están decretadas y listas para implementarse, pocas se están aplicando de la forma correcta o definitivamente no se están aplicando.

Tomaré como referencia un estado de la República Mexicana con características no tan comunes: Baja California Sur, el estado con la menor población, 798.447 habitantes, y una superficie territorial de 75.675 km² (casi 51 veces la superficie de la Ciudad de México). Sus características geográficas lo hacen ser prácticamente una isla, ya que su única conexión de transporte es por vía marítima: de esa forma llegan todos los insumos básicos. No obstante, a pesar de que el estado no tiene una población grande, sí tiene mucho turismo, y los servicios e infraestructura con los que cuenta no pueden soportarlo. No se cuenta con ninguna planta de reciclaje ni con algún proceso que asigne la responsabilidad a las empresas que venden estos productos.

Al ver esta situación, en 2018, Ponguinguiola, un grupo de 34 organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) exigieron que se redujera el consumo de al menos tres plásticos de un solo uso: popotes, contenedores de unicel y bolsas de plástico. Se trabajó con el congreso del estado y con asociaciones de restaurantes y hoteles para estructurar un decreto a la Ley del Equilibrio Ecológico de B.C.S., así como para crear una norma técnica con el objetivo de identificar qué tipos de productos era necesario regular y restringir.

De esta forma, los cinco municipios modificaron sus reglamentos y designaron a la dirección correspondiente para la aplicación del decreto. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que aún después de casi dos años de que entró en vigor la Ley Desplastifícate en B.C.S., las autoridades de los cinco municipios no han realizado las acciones necesarias para echar a andar esta legislación.

En 2020, tras resguardarnos por seis meses, las autoridades permitieron los servicios para llevar, con el fin de permitir a los comercios reabrir. Pero la consecuencia fue el aumento en el uso de contenedores de plástico, como el unicel. Se pensó que así los productos estarían más limpios, pero el 16 de abril del 2020, el The New England Journal of Medicine publicó que el coronavirus llegaba a vivir en superficies plásticas hasta tres días, por esta razón no es justificable el exceso en el uso de estos productos.

Desde 2012, la población sudcaliforniana ha logrado defender la conservación de áreas con gran riqueza marina, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. Alzar la voz para exigir la reducción de productos plásticos de un solo uso es necesaria. Es imperativo que en el caso del municipio de la Paz se inicie ya la comunicación, manejo y reducción, según lo marca el decreto de Ley aprobada el 16 de julio de 2018, y que de esta manera podamos realizar una transición para evitar la contaminación de los océanos a causa de los plásticos. Las autoridades no pueden pasar más tiempo sin aplicar plenamente la legislación ya aprobada.

 

Directora general de Ponguinguiola AC
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