Van por el dueño del Banco Accendo

Mario Maldonado

Los hermanos Reyes de la Campa arrastran acusaciones por manejos turbios

Francisco Javier Reyes de la Campa, aún presidente de Banco Accendo, arrastra una historia empresarial inmersa en conflictos con exsocios y fondeadores de la institución financiera que está en el ojo del huracán por malos manejos. 

En 2016, cuando el principal socio del banco Investa, Carlos Djemal, fue detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero en Estados Unidos, la institución ya enfrentaba acusaciones por malos manejos financieros que hacían inviable su operación. 

Fue entonces que apareció Javier Reyes, un ejecutivo con estudios de economía y administración en el ITAM, recordado por utilizar la tarjeta bancaria de una de sus parejas, dejándola sin fondos en su época de estudiante. La misma historia la repetían sus hermanos Óscar Luis Reyes de la Campa, empresarios cuestionados en su desarrollo personal y en los negocios. 

Justo en ese tiempo los asesores externos de los Reyes de la Campa recomendaron cambiar el nombre de Investa por el de Accendo, con el objetivo de limpiar la imagen reputacional del banco. El entonces director, Gustavo Vergara, se encargó de impulsar la creación de la nueva fachada de esta institución ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde también anunció la inyección de capital fresco. 

De acuerdo con las propias palabras de Javier Reyes de la Campa, todo lo había logrado gracias a las gestiones de sus amigos José Antonio Meade Ernesto Cordero, a quienes incluso mencionaba como parte de sus asesores externos. 

Y aunque ningunos de los exsecretarios de Hacienda está relacionado directamente con Accendo, la incursión de Reyes de la Campa no se explicaría sin la ayuda de funcionarios y exservidores públicos de primer nivel de Hacienda, ya que no tenía ni el dinero ni la experiencia para manejar una institución financiera. 

El capital llegó en ese momento gracias a Moisés Cosío, propietario de la sofom Credipresto, a quien Javier Reyes prometió hacerlo socio si inyectaba más de 360 millones de pesos para salvar a la institución. Los accionistas minoritarios presentaron demandas por la falta de transparencia y cumplimiento de las obligaciones de los directivos al autorizar esa operación. 

Con el paso de los años se demostró que el capital sólo fue utilizado para pagar las deudas de Investa-Accendo, además de que Javier Reyes y sus hermanos jamás le permitieron a Moisés Cosío tener el control del banco y de la inversión realizada. El tema está ahora en litigio, pues Cosío busca recuperar una inversión que supera mil millones de pesos. 

El modus operandi de los Reyes de la Campa se convirtió en un escándalo para el sistema bancario nacional, ya que a partir de 2020 comenzaron a replicar la estafa al buscar más empresarios a quienes prometían capitalizar su inversión mediante acciones de Accendo. Con el paso de los meses, los fondeadores que inyectaron recursos se dieron cuenta de que fueron engañados, por lo que inmediatamente dieron aviso a las autoridades. 

Los hermanos Reyes de la Campa arrastran acusaciones por manejos turbios, situación que derivó en que la CNBV, de Juan Pablo Graf, intervenga en los próximos días a la institución al encontrar evidencias de lavado de dinero, manejos inusuales del capital, transferencias irregulares y el uso de mecanismos financieros como bitcoin. A este escándalo se suman una oleada de demandas de empresarios que inyectaron recursos a la institución. 

Desde hace un mes la autoridad hacendaria revisa las transacciones que captó el banco de firmas como Rappi, de Alejandro Solís, y los movimientos que gestionó Lumo, de Luis Montaño, un proveedor del gobierno federal que participó en una transacción millonaria gestionada por Javier Reyes. 

En cualquier momento la Secretaría de Hacienda congelará las cuentas de los hermanos Reyes de la Campa y dará aviso a la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, pues los empresarios intentan huir de México. Javier Reyes busca desesperadamente nuevos inversionistas para captar y llevarse más dinero antes de ser aprehendido. 

Otro escándalo en Segalmex 

Segalmex, de Ignacio Ovalle, difirió para el próximo lunes 20 de septiembre el fallo de la licitación LA-008VST977-E67-2021, con la que pretender adquirir canastillas de polietileno de alta densidad para transportar recipientes de leche de los programas sociales y de abasto alimentario, una operación que ronda 17 millones de pesos. 

Desde el inicio, el concurso puso en jaque al organismo que agrupa a Liconsa y Diconsa, pues el diseño de los artículos está patentado ante el IMPI, de Alfredo Rendón, bajo el título de registro 60072 y con derechos para la compañía Saurot Comercial S.A. de C.V. 

Esto significa que, de entregar el contrato por licitación a una empresa diferente, Seguridad Alimentaria Mexicana tendría que pagar regalías por el uso de los moldes, o bien desde el gobierno de la 4T se estaría prácticamente fomentando la piratería. 

Otro escándalo dentro de este organismo plagado de corrupción, pero intocable hasta ahora por la relación de amistad y compadrazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador con Ignacio Ovalle. 

 
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