Resumen

El famoso “Mai” era protegido por al menos tres figuras con acceso al Presidente
25/10/2021 03:00
Mario Maldonado

Víctor Manuel Álvarez Puga todos los gobiernos, desde Vicente Fox a Andrés Manuel López Obrador, lo habían intentado meter a la cárcel –o por lo menos extorsionar con acusaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal–, pero su enorme red de relaciones políticas y empresariales lo habían mantenido en la impunidad.

En el actual gobierno, el famoso “Mai”, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, era protegido por al menos tres figuras con acceso al presidente López Obrador. En 2019, una visita del procurador fiscal, Carlos Romero, al Senado, fue aprovechada por uno de los senadores más influyentes y, por lo menos hasta hace unos meses, cercanos a Palacio Nacional. Sorpresivamente, el morenista presentó a Álvarez Puga con Romero. “Es un buen amigo y empresario”, le dijo. Ya entonces el procurador fiscal tenía avanzadas las denuncias y querellas en contra de los llamados “factureros” y “outsourceros”, entre los cuales figuran Sergio Castro, Álvarez Puga y Raúl Beyruti.

En Palacio Nacional, Álvarez Puga también tenía a un personaje cercano, quien, según información a la que tuvo acceso este espacio, ayudó a que no se judicializaran las denuncias de la Procuraduría Fiscal ante la Fiscalía General de la República. Además, le habría recomendado a un despacho de abogados al que se le pagaron 100 millones de pesos para “blindar” a Mai y a su esposa. El muro de contención se venció hace unos meses.

Otros cabilderos y defensores de “Mai” son varios funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que ahora son legisladores. Uno de ellos, y al que se le relaciona directamente con las acusaciones en contra de Álvarez Puga, es el exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, a quien se le investiga como parte del desvío de 2 mil 950 millones de pesos desde la Segob mediante la adjudicación de contratos a empresas fantasma.

Durante la presidencia de Vicente Fox, cuando Agustín Carstens era subsecretario de Hacienda, recibió a Álvarez Puga como representante de la empresa Inteligencia de Negocios (IDN), que en ese entonces patrocinaba a la Selección Mexicana de fútbol, al Club Puebla y a muchos otros equipos de Primera División. Los clientes de “Mai” no sólo eran gobernadores, presidentes municipales y políticos con necesidades de blanquear su dinero, sino figuras del deporte, del espectáculo y los abogados. Aquí contamos que el vínculo de Álvarez Puga con Osorio Chong habría sido Antonio Collado, el hermano del hoy convicto expresidente de Caja Libertad, Juan Collado, otro eslabón fundamental para esconder las fortunas de exfuncionarios en paraísos fiscales como Andorra.

La fuga de Álvarez Puga se comenzó a fraguar en agosto pasado, luego de que el cerco de protección del empresario se viniera abajo con la inminente judicialización de sus denuncias, todo ello con el visto bueno del presidente López Obrador. El “pitazo” se lo dieron a “Mai” desde agosto, y en septiembre sus peores miedos se materializaron con las órdenes de aprehensión contra él y su esposa, la sobrina del exsecretario de Gobernación con Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, quien, según las denuncias, está más involucrada que Álvarez Puga en los delitos que se les imputan a ambos.

A finales de agosto, Álvarez Puga y Gómez Mont habrían abandonado México en un avión privado con destino a Miami, desde donde luego volaron a República Dominicana, sin que se sepa actualmente si permanecen refugiados ahí.

La semana pasada, la Interpol emitió una ficha roja contra Gómez Mont y Álvarez Puga, a solicitud de la FGR, para buscarlos en más de 190 países.

La apuesta del gobierno mexicano es dar con ellos antes de que el escandaloso caso de Emilio Lozoya termine por explotar y dejar mal parada a la FGR y al Presidente. El próximo miércoles vence el plazo para que el exdirector de Pemex presente las pruebas contra sus denunciados o tendrán que ejecutarle los delitos que se le imputan. La 4T está a contrarreloj.