La autodenominada “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, se ha construido una imagen pública de confrontación abierta con el sector privado. Su discurso político, cercano al ala más radical de Morena, ha sido abiertamente crítico del capitalismo, de los grandes corporativos y del modelo económico basado en la inversión privada. Ese perfil ideológico, más político que jurídico, es el que hoy preocupa a empresarios e inversionistas, porque, si nada cambia, Batres será la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando concluya el mandato del actual ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en septiembre de 2027.
Algo de eso ya se dejó ver hace unas semanas. El 10 de febrero de 2026, Batres encabezó por primera vez una sesión del pleno de la Corte como presidenta provisional, debido a la ausencia del ministro presidente, quien se encontraba en una comisión oficial. Aunque se trató de una sustitución temporal, el episodio sirvió como ensayo de lo que podría venir: una Suprema Corte encabezada por una ministra que ha hecho de la confrontación ideológica con las grandes empresas uno de los sellos de su carrera política.
El tema ya empezó a generar ruido en los círculos empresariales. En las recientes reuniones que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido con el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y el llamado Consejo Nacional de Inversiones, así como con inversionistas de Norteamérica y Europa, el funcionamiento del nuevo Poder Judicial ha aparecido como una preocupación recurrente. No tanto por la reforma judicial en sí misma, sino por la posibilidad de que la Corte opere bajo criterios políticos y no estrictamente jurídicos. En esas conversaciones, según varios de los asistentes, el nombre que más inquietud genera es precisamente el de Lenia Batres.
La preocupación no es gratuita. Durante su paso por la Corte, Batres ha acumulado errores, controversias y decisiones polémicas que han encendido alertas en el sector privado. Hace apenas unos días volvió a protagonizar un episodio que exhibió su falta de dominio técnico cuando emitió un voto equivocado durante una sesión del pleno, lo que obligó a corregir el sentido de la discusión en plena deliberación pública. No fue la primera vez que ocurre algo así.
No obstante, el tema va mucho más allá de errores procesales. La señal más inquietante para los inversionistas fue su iniciativa presentada el 11 de julio de 2025, con la que buscaba permitir que la Corte revisara sentencias firmes y eliminara la intangibilidad de la cosa juzgada. En otras palabras, abrir la puerta para reabrir litigios que ya habían sido resueltos definitivamente. Aunque la propuesta fue finalmente rechazada por la mayoría de los ministros, el mensaje fue que bajo su visión de “justicia popular”, incluso las resoluciones definitivas podrían volverse revisables.
El caso de FEMSA es otro ejemplo de las tensiones que empiezan a surgir entre la Corte y algunas de las empresas más relevantes del país. La disputa fiscal por 2,868 millones de pesos —equivalente a alrededor de 14% de las utilidades que la empresa reportó entre enero y septiembre de 2025— llegó al máximo tribunal después de que inicialmente se había decidido no revisarlo. La decisión posterior de atraer el caso abrió cuestionamientos sobre una posible vulneración al principio de cosa juzgada y alimentó la percepción de que algunos asuntos podrían tener una lectura política más que jurídica.
A esto se suman otros choques con empresas del tamaño de Grupo Salinas o pronunciamientos públicos de Batres que han sido interpretados como hostiles hacia el gran capital. En distintos foros, la ministra ha defendido la idea de que el Poder Judicial debe convertirse en un instrumento para “equilibrar” el poder económico de las grandes corporaciones. Para muchos empresarios, esa visión equivale a un cambio de paradigma: pasar de un árbitro constitucional a un actor político.
El trasfondo político tampoco pasa desapercibido. Detrás del ascenso judicial de Lenia Batres aparece con frecuencia la figura de su hermano, Martí Batres, actual titular del ISSSTE y uno de los operadores más influyentes del ala dura de Morena. En el rediseño institucional del Poder Judicial, ese bloque político podría consolidar un control sin precedentes sobre la Corte y sobre los órganos encargados de administrar la justicia federal.
El problema es que todo esto ocurre en un momento particularmente delicado para la economía mexicana. Claudia Sheinbaum ha repetido en prácticamente todas sus reuniones con empresarios que la prioridad de su gobierno es detonar la inversión. La Presidenta sabe que sin capital privado será imposible sostener el crecimiento económico en los próximos años.
La semana pasada, por ejemplo, Sheinbaum pidió a los principales empresarios del país redoblar los esfuerzos para duplicar la inversión extranjera directa en los próximos años. La meta es ambiciosa: acercarse a los 100 mil millones de dólares anuales y acompañar un programa de inversiones mixtas —públicas y privadas— que la Secretaría de Hacienda proyecta en alrededor de 5.6 billones de pesos hacia 2030.
Pero hay un elemento sin el cual esas cifras son simplemente imposibles: la certeza jurídica. Los grandes capitales no solo observan los indicadores macroeconómicos o las oportunidades de mercado, sino todo el funcionamiento de las instituciones. Y entre todas ellas, ninguna pesa tanto como la Suprema Corte.
El riesgo Lenia Batres está ya en el ambiente y puede costarle caro al gobierno.
Posdata 1
Cuentan los cercanos a Pedro Haces —algunos en broma y otros no tanto— que fue uno de los morenistas que quedó muy molesto con el derroche de dinero y amistades políticas que exhibió el contratista de Pemex, Juan Carlos Guerrero Rojas, el fin de semana pasado en Villahermosa, cuyo festejo contó con la presencia de Belinda, J Balvin, Xavi, Matute y otros artistas, y se calcula en más de 40 millones de pesos.
El diputado de Morena y líder de la CATEM estaba acostumbrado a aparecer en ese tipo de escándalos mediáticos, pero ahora un tabasqueño —hasta el sábado pasado prácticamente desconocido— le quitó ese lugar del político-empresario que organiza las fiestas más estridentes. La celebración de XV años, celebrada en un hotel de la capital tabasqueña, incluyó montaje escenográfico, artistas internacionales, producción y un operativo logístico que movilizó vuelos privados, hospedaje para staff y equipo técnico, además de un despliegue de seguridad digno de un evento corporativo de gran escala.
Posdata 2
La derrota legislativa que sufrió esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados por su reforma electoral constitucional ya obligó a Morena a cambiar de estrategia. La iniciativa no alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución, lo que confirmó que, al menos por ahora, el oficialismo no tiene garantizado el control total del Congreso para sacar adelante cambios estructurales al sistema político-electoral del país.
El golpe, sin embargo, no significa que el proyecto haya quedado enterrado en su totalidad. Apenas se confirmó el resultado en San Lázaro, Morena activó su llamado “Plan B”, una ruta alterna que consiste en trasladar buena parte del contenido de la reforma fallida a cambios en la legislación secundaria. A diferencia de las reformas constitucionales, estas modificaciones sólo requieren mayoría simple, un terreno en el que el bloque oficialista sí tiene margen suficiente para avanzar sin depender de la oposición.
En ese nuevo esquema ya se alcanzó un acuerdo político entre Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Las diferencias que frenaron la reforma constitucional quedaron atrás y los tres partidos se comprometieron a acompañar el paquete de ajustes legales que se presentará en las próximas semanas.
Entre los cambios que se analizan en ese Plan B están ajustes a la estructura administrativa del sistema electoral, modificaciones a reglas de representación política, nuevas disposiciones sobre propaganda y campañas en plataformas digitales, así como medidas para reducir costos operativos de los organismos electorales.
Posdata 3
Promecap, el fondo de inversión de Fernando Chico Pardo, comenzó a mover fichas para ampliar su presencia en el negocio de infraestructura, un sector que en México sigue atrayendo capital privado pese a la incertidumbre regulatoria. A través de su vehículo Promecap Alternativos Globales, la firma formalizó en febrero nuevos compromisos de inversión vinculados a un fondo especializado en proyectos de infraestructura, con aportaciones iniciales por alrededor de 4 millones de dólares y un esquema adicional de coinversión por 100 mil dólares.
La jugada no es menor si se considera el peso financiero del grupo. Promecap, fundada en 1997 y con más de 5 mil millones de dólares en activos bajo gestión, ha participado en más de 80 inversiones en sectores como servicios financieros, inmobiliario e infraestructura, utilizando vehículos como CKD y fondos especializados para financiar proyectos de largo plazo.
La apuesta por infraestructura se da además en medio de la expansión empresarial de Chico Pardo, quien recientemente concretó la compra de 25% de Banamex por 2 mil 300 millones de dólares y busca consolidar un ecosistema de negocios que incluya banca, logística, transporte y financiamiento de proyectos productivos.
@MarioMal
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