Alertas electorales

Hace unos cuantos días el Observatorio Ciudadano CEPNA 2026-2027 dio a conocer un sintético y preocupado llamado de atención. Se trata de los “riesgos para el voto libre” de cara a las próximas elecciones. Firman el comunicado, entre otros, varios destacados conocedores del universo electoral: Jorge Alcocer, Elba Arjona, Morelos Canseco, José Ramón Cossío, Jesús Orozco, Natalia Reyes Heroles y Diego Valadés.

En sus propias palabras los temas preocupantes son los siguientes: “Los persistentes e indebidos actos anticipados de precampañas… Las unilaterales e injustificadas designaciones del secretario ejecutivo y de la totalidad de las direcciones ejecutivas realizadas por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei… Las denuncias de “despidos masivos” … de servidores públicos en el INE, que alcanzan al menos 836 en la primera mitad del presente año… La autorización para calificar como válidas… las llamadas “boletas planchadas” … La posible participación de los llamados “servidores de la nación” como observadores electorales… La generalizada práctica de la presidencia del INE de ocultar o deformar las acciones y decisiones que adopta el bloque de consejerías afines al gobierno… La recurrente intervención del crimen organizado en los procesos electorales… El anticipado anuncio de que en 2027 prevalecerá el criterio que en 2024 permitió otorgar a la coalición oficialista una sobrerrepresentación inconstitucional en la Cámara de Diputados”.

Y, en efecto, se trata de focos rojos que deberían ser atendidos. Del listado (me) llaman poderosamente la atención dos asuntos que paso a comentar.

Los firmantes informan que por lo menos 836 funcionarios del INE han sido despedidos durante la primera mitad del año. Si ello sucedió o está sucediendo, debería inquietar a todos. Una de las “apuestas” centrales en el Instituto fue la de la creación de un servicio civil de carrera que fuera capaz de garantizar absoluta imparcialidad en sus trabajos. Y se pensó que ello solo era posible si las formas de acceso, evaluación, promoción y estabilidad de los servidores del IFE-INE se encontraban normadas y ofrecían garantías para la creación de un funcionariado profesional e imparcial. Se trata de la columna vertebral de la institución, la que concentra el saber hacer. Y se suponía que de esa forma la lealdad de esos funcionarios estaría depositada en el Instituto y solo en él, porque el Instituto a su vez, sería capaz de asegurarles una vida laboral dentro de la institución. Atentar contra el servicio civil de carrera es un asunto mayor, porque sacude innecesariamente al cuerpo profesional de servidores públicos que tan buen servicio han prestado a la nación.

Por otro lado, si las autoridades electorales se aferran a su criterio en la distribución de los diputados plurinominales, se estará consolidando la distorsión de la representación más aguda de los últimos setenta años. Hay que repetirlo: si una coalición con el 54% de los votos obtiene un 74% de los diputados, en frontal distorsión de los preceptos constitucionales, se estará erosionando, una vez más, uno de los pilares básicos y estratégicos de la convivencia democrática. Tanto el Consejo General del INE como la Sala Superior del Tribunal Electoral están obligadas a revisar sus criterios, confrontando las disposiciones constitucionales y las fuentes que les dieron origen con la fórmula acuñada en el INE (y refrendada por el Tribunal) y que llevó a que entre votos y escaños exista una desproporción oceánica.

Profesor de la UNAM

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