En julio 2015, en virtud de la reforma energética promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se llevó a cabo la primera licitación de la Ronda Uno para la adjudicación de contratos petroleros en México, resultando favorecido el consorcio privado integrado por la norteamericana Talos Energy, Sierra Oil & Gas —luego sustituida por la petrolera alemana Wintershall Dea— y la británica Premier Oil, para perforar el bloque 7 del Golfo de México.
En 2017 dicho consorcio comunicó el hallazgo del mayor yacimiento marino de crudo en décadas, ubicado en el Golfo de México frente a costas de Tabasco, con reservas recuperables estimadas de 700 millones de barriles a una profundidad de 170 metros. De entonces a la fecha Talos ha financiado la perforación de otros 3 pozos exploratorios en su bloque, en tanto que el colindante Pemex no ha perforado pozo alguno del lado de su bloque. El estudio que la firma Netherland Sewell & Associates realizó al respecto, arrojó que al consorcio encabezado por Talos le corresponde 60% del yacimiento conocido como Zama y a Pemex el 40% restante.
El pasado 2 del presente julio —3 días después de que Pemex lo haya solicitado— la Secretaría de Energía —cuya titular es también presidenta del Consejo de Administración de Pemex— le otorgó a Pemex la titularidad de la operación del campo compartido Zama, ignorando al consorcio representado por Talos, que fueron quienes lo descubrieron y han financiado la totalidad de la operación. Mencionemos que el acuerdo original le otorga al Estado mexicano el beneficio del 70% del crudo que Talos logre extraer. Pemex además argumenta tener 50.43% del yacimiento en cuestión, sin explicar cómo llegó a tal conclusión sin haber perforado pozo alguno. Creemos que habría sido preferible que Talos se hiciera cargo de financiar el proyecto completo, utilizando tecnología de punta, siendo la paraestatal socia al 70%. Pemex considera contar con recursos suficientes para desarrollar el proyecto a pesar de su grave situación financiera. Igualmente afirma Pemex tener la técnica requerida, pese a que el petróleo se encuentra a una profundidad mayor a cualquiera hasta hoy alcanzada.
Apenas el 18 de marzo pasado el presidente López Obrador reafirmó que se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética. Así mismo el director de Pemex, Octavio Romero, dejó entrever que Talos operaría el yacimiento Zama de haber un acuerdo que beneficie a Pemex. Ahora se despoja a Talos en algo parecido a una expropiación sin indemnización, expresamente prohibida en el T-Mec, cuando de todos modos le correspondería a Pemex la mayor parte del beneficio, sin riesgo y sin inversión. Se trata de una decisión ideológica, pasándose por el arco del triunfo las reglas esenciales para la inversión, al antojo del gobierno, igual que en el Aeropuerto de Texcoco o en la cervecera Constellation Brands en Mexicali. Y es que la contrarreforma a la ley de hidrocarburos de abril pasado permite al gobierno suspender los permisos a empresas en caso de observar un peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética y la economía nacional.
Las industrias energéticas de Estados Unidos y Canadá se han quejado de que México está discriminando a las empresas extranjeras con cambios en las leyes de electricidad e hidrocarburos. No podemos seguir escamando la inversión.
Analista político
