Desde diciembre de 2018, el Poder Ejecutivo federal del gobierno de México, ha emprendido una serie de acciones para cambiar las reglas de juego en la industria energética nacional. Particularmente, hablando de la industria eléctrica, mediante diversas acciones a través de cambios regulatorios o por la falta de aplicación de la ley, se ha restringido cada vez más la participación del sector privado en esta importante industria, la cual tiene efectos transversales en la economía nacional.
La obstaculización del sector privado para participar en la industria energética se ha presentado en diversos momentos. Ejemplo de lo anterior lo encontramos en las reformas a la legislación eléctrica en marzo de 2021 y a la de hidrocarburos en abril de ese año, y más aún con la iniciativa de contrarreforma energética constitucional presentada por el Presidente de la República en septiembre de 2021, la cual pretende eliminar totalmente la participación del sector privado de la industria eléctrica, al señalar que toda actividad de esta industria será exclusiva de la nación (del Estado mexicano, es decir del gobierno).
Aunado a lo anterior, el gobierno federal, mediante distintas entidades como la Comisión Reguladora de Energía, ha emitido acuerdos y ha ejecutado actos administrativos, tendientes todos a obstaculizar la participación privada en la industria energética. Esto se ha presentado de múltiples formas, incluyendo la cancelación de licitaciones públicas internacionales para fortalecer y unificar el sistema eléctrico nacional, o bien ignorando la petición de los particulares para obtener permisos para generar electricidad en sitio o para instalar y operar nuevas estaciones de servicio para expendio de gasolina; todo en detrimento de la población y del medio ambiente, al pretender sustituir energías limpias por contaminantes.
Se le recuerda de la manera más atenta al Gobierno de la República que nuestro país cuenta con una economía mixta de mercado, es decir que, en el desarrollo nacional, concurren los sectores público, privado y social. El tercer párrafo del artículo 25 Constitucional señala que: “El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio”.
Al respecto, lo que pretende disponer la Carta Magna es que convivan de manera armoniosa el gobierno y la iniciativa privada, trabajando en conjunto en beneficio del país. Mientras que, por un lado, se reconoce que el gobierno requiere del sector privado para coadyuvarlo a empujar hacia adelante al país, éste reconoce también la necesidad de contar con un gobierno que intervenga en la economía para, entre otros objetivos, regular a la economía y, principalmente, para fortalecer el Estado de derecho, tan necesario para consolidar la prosperidad.
Aunque nuestras autoridades electas actuales o futuras desearan fervientemente convertir a la economía en una de tipo planificación central (socialista) o de reglas de mercado (capitalista pura), temo decirles que, primero, se debe modificar la Carta Magna en esos términos. Cabe resaltar que el principio de legalidad, consagrado en los artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el gobierno y sus actos se someten a la ley, es decir, solamente puede hacer lo que le está permitido por la ley y tiene como norma fundamental a la Constitución, la cual debe respetarse ante todo.
Mientras no se reforme la ley suprema, deben permitir al sector privado su participación y, más aún, en industrias como la energética, la cual requiere intensivamente de capital y, por supuesto, de competencia, para darle a la población energéticos más baratos y de mayor calidad y disponibilidad.
Cámaras, asociaciones y gremios nacionales, como lo es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), han alzado la voz cada vez que se pretende impedir o restringir la participación de la iniciativa privada en algún sector productivo, como lo ha sido en el energético. Es necesario que los distintos actores hagan escuchar su voz de forma coordinada, unida y con la ley en la mano, presentando argumentos sólidos y claros.
Presidente del Comité Técnico de Energía del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
Email: jam@santoselizondo.com
