Han pasado más de 80 días de la Declaratoria de Emergencia decretada en marzo; ¿estamos hoy más tranquilos, más seguros del porvenir? ¿Asumimos la nueva normalidad sin preocupación? ¿Podemos ver con claridad nuestro futuro económico? Las respuestas a estas preguntas no son sencillas.

¿Cuánto vale la certeza en tiempos convulsos como los que vivimos? Esta interrogante, que no es exclusiva de estos momentos, se hizo hace más de diez años cuando surgió la primera crisis económica del siglo XXI. En aquel entonces, como ahora, ¿en cuánto tasamos la certidumbre?

El notario, en su actividad diaria, tiene encomendada la función pública de conferir seguridad, la que se ve atesorada en aquellos momentos en los cuales tenemos un problema y queremos tomar con fuerza algo que nos mantenga firmes, evitar la catástrofe.

La confianza a que me refiero, en este instante, es el poder demostrar que aquello de lo que soy dueño —mi casa, mi empresa— me pertenece indubitablemente, y que puedo hacer uso de ellos, venderlos, donarlos o trasmitirlos a quien yo desee después de mi muerte. Todo esto se traduce como certeza en sus consecuencias, seguridad en términos jurídicos.

Según la encuesta intercensal 2015 realizada por el INEGI, al menos, una tercera parte de las viviendas en el país tienen una irregularidad jurídica, es decir, casi diez millones de inmuebles. Si consideramos un monto promedio por cada uno de ellos es de trescientos mil pesos, el valor total de casas habitación que carecen de un título de propiedad cierto suma tres billones de pesos, tres millones de millones de pesos.

Lo destacable de las cifras citadas se incrementa cuando, en las presentes circunstancias (los clásicos le dirían “crisis”), al no tener regularizado nuestro patrimonio y fuere necesario disponer de él, pudieran darse dos panoramas: uno, no podremos ya sea venderlo o darlo en garantía por un crédito de forma inmediata; y dos, lo tendremos que malbaratar, ya que quien lo compre ofrecerá una menor cantidad ante el riesgo que le estamos transfiriendo. Una cifra más: un estudio presentado en mayo de 2019 señala que la falta de debida escrituración de las propiedades deprecia su valor en un treinta por ciento.

¿Cuánto cuesta regularizar una propiedad? Debemos tener claro que no hay soluciones generales. Cada caso es distinto en sus causas, en su monto, incluso incide su ubicación. Algunas entidades y municipios han emprendido diferentes campañas para ayudar a la población de escasos recursos para lograr este objetivo. La Jornada Notarial de la Ciudad de México ha sido quizá la más exitosa y, aun así, se ha quedado corta ya que existen factores que no pueden ser del todo atendidos por los buenos deseos y acciones de la Jefa de Gobierno y el notariado, hay más elementos a considerar.

En el costo de una escritura, de la cantidad que se le entrega al notario, al menos tres cuartas partes corresponden al pago de contribuciones (impuesto por adquirir, derechos por la inscripción de la escritura en el Registro Público de la Propiedad, constancias que emiten las autoridades, etc.) y ello se va incrementando con recargos y otros conceptos por no haberlo hecho oportunamente. En otras palabras, la bola de nieve se va incrementando, tanto que, incluso, dejamos de lado el problema de la vivienda irregular ante la avalancha de la cifra que nos es presentada.

Ahora es un buen momento para que, en la incertidumbre, se realice un esfuerzo conjunto entre los tres poderes del Estado, el notariado nacional, así como otros actores fundamentales y pueda darse certeza, al menos en el aspecto patrimonial, a los titulares de esos diez millones de viviendas. Ello tranquilizaría a esas familias no sólo en cuanto al techo que habitan, sino en su aspecto económico y generaría nuevos ingresos para el propio Estado.

Dar certeza hoy es dar seguridad jurídica para mañana. Asegurar el patrimonio de las familias será visto, sin duda, como una acción de gobierno o política pública que atiende un conflicto concreto y cierto. Además, ello contribuiría a encaminar acciones que fomenten el Estado de Derecho y el principio de legalidad, así como a otros factores tanto económicos como sociales.

Probablemente éste no sea el último quiebre al que nos veamos expuestos, lo importante es enfrentarlos cada vez con mejores armas.

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