Retrasos en la administración de justicia: efecto dominó de la pandemia

Geovanny Ascencio Riquelme

Recientemente el World Justice Project (WJP) publicó la edición 2020-2021 de su Índice de Estado de Derecho en México. Este reporte conjunta información sobre las experiencias y percepciones de personas y expertos en la materia en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia a fin de proveer información útil y oportuna a las personas encargadas de la toma de decisiones, empresas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Uno de los principales resultados en este reporte es el evidente impacto de la pandemia de COVID-19 en la impartición de justicia en las entidades de la República mexicana.

Es importante notar que, a pesar de la designación de toda la actividad jurisdiccional federal y local como esencial, hubo grandes retrocesos, principalmente atribuidos a la ausencia de previsiones en materia de Justicia Abierta y Digital. Cientos de órganos jurisdiccionales en todo el país cerraron para evitar brotes de COVID-19, pero dejaron sin alternativa a los ciudadanos, lo que ha dejado retrasos judiciales que siguen entorpeciendo el sistema de administración de justicia. Por lo menos 16 entidades federativas presentaron retrocesos en el índice relativo a la Justicia penal.

Además, el reporte muestra que, por tercer año consecutivo, el indicador peor evaluado en la mayoría de los estados es el que mide la efectividad en las investigaciones de la policía y del ministerio público. De hecho, la cifra negra, que captura los delitos que no se denuncian o para los cuales no se inició una carpeta de investigación, alcanzó 92.4% a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020 del Inegi.

El estado mejor evaluado en el rubro de Justicia penal es Querétaro, con un puntaje de 0.49, en una escala que va de 0 al 1. Las entidades con peores evaluaciones son Ciudad de México (0.29), Puebla (0.29) y Veracruz (0.27). No obstante, todos los estados, sin excepción, tienen grandes retos frente a sí para mejorar los rubros del Índice de Estado de Derecho en México, temas que impactan directamente en la vida de sus ciudadanos.

En la medición general sobre la prevalencia del Estado de Derecho, las entidades más pobladas de nuestro país, Estado de México, Ciudad de México están empatadas con un índice de 0.36, en tanto que Jalisco obtuvo una calificación de 0.37. Es importante notar que los tres estados están por debajo del promedio nacional, que es de 0.40.

En el detalle de estas tres entidades destaca que la Ciudad de México tienen sus peores calificaciones en los factores de Orden y seguridad (0.24) y Justicia penal (0.29). El Estado de México también falla en Orden y seguridad (0.22), en Justicia Penal (0.31) y en Ausencia de corrupción (0.31). En que los puntos más débiles de Jalisco son también Orden y seguridad (0.27) y Ausencia de corrupción (0.32).

Recordemos que los gobiernos y legislaturas formados luego de las elecciones intermedias de junio empezarán a tomar posesión en esta segunda mitad del año. Los retos en materia de Estado de Derecho y Justicia penal son mayúsculos. Será importante ver cómo los afrontan los nuevos gobernadores, principalmente en entidades como Nuevo León (con un puntaje de 0.43 en el índice), que será gobernada por Movimiento Ciudadano, Guerrero (0.36), donde ganó Morena y Querétaro (0.44), uno de los bastiones del PAN.

Este tipo de documentos que funcionan como radiografías de la situación del Estado de Derecho son un insumo valioso para elaborar los nuevos Planes y Programas Estatales de Desarrollo con base en evidencia y así dar orden y prioridades a la política pública. El reto del gobierno a nivel federal y local es mejorar y hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos para todos los mexicanos.
 
Especialista en Derecho Penal y socio fundador de la firma Mena Lapinch & Riquelme.

Guardando favorito...

Comentarios