04/02/2021 02:41
Fernando Díaz Naranjo

El Índice de Desarrollo Democrático de México 2020 (IDD-MEX), es un estudio que realiza cada año la Fundación Konrad-Adenauer México, la consultora PoliLat, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Confederación USEM y el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS). En el mismo, se evalúa el comportamiento de los sistemas democráticos y su desarrollo en cada uno de las 32 entidades federativas que conforman nuestra nación.

El estudio analiza una serie de indicadores agrupados a través de cuatro dimensiones. Así, la Dimensión uno se refiere a la Democracia de los ciudadanos (que analiza el voto de adhesión política; derechos políticos; libertades civiles; condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad; compromiso ciudadano, y género en el gobierno). En la Dimensión dos analiza la democracia de las instituciones (percepción de la corrupción; participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo; desestabilización de la democracia; factor de anormalidad democrática; factor intervención del Gobierno Federal; accountability legal y política, y accountability social). En la dimensión tres revisa la democracia social y humana (desempleo urbano; pobreza; desempeño en salud, y desempeño en educación). Finalmente la Dimensión cuarta analiza la democracia económica (competitividad en la relación Estado-Sociedad; coeficiente de desigualdad de ingresos; PIB per Cápita; autonomía financiera, e inversión).

Por su parte, la definición metodológica da una puntuación máxima de 10 mil puntos que se asigna a la entidad federativa con el mejor desempeño contando con un comportamiento óptimo en todas las variables referidas.

Con base en el estudio de estas cuatro Dimensiones obtenemos que existen 11 entidades federativas ubicadas como estados con Alto Desarrollo: Yucatán con el mayor puntaje, seguido de los estados de Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Sonora, Nuevo león, Coahuila y Sinaloa. La puntuación alcanzada en estas entidades va desde 7,022 puntos obtenida por Sinaloa hasta los 10,000 puntos que logra Yucatán.

Por su parte, 11 entidades tendrían un desarrollo medio, encabezando la lista San Luis Potosí, seguido de los estados de Jalisco, Ciudad de México, Campeche, Durango, Quintana Roo, Tabasco, Guanajuato, Nayarit, Colima, y Zacatecas. La puntuación de este grupo esta establecida por San Luis Potosí que alcanza 6,668 puntos y con 4,679 puntos alcanzados por Zacatecas.
4 estados obtuvieron una calificación de bajo desarrollo, Baja California, Chihuahua, Puebla y el Estado de México. La puntuación esta entre los 4,176 puntos a los 3,527 puntos.

Finalmente, los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Morelos y Guerrero fueron clasificadas con un desarrollo mínimo. La puntuación de este grupo esta en 2,708 puntos a los 0 puntos.

Si bien estos estudios son la suma de las cuatro dimensiones, resulta necesario revisar los datos particulares de cada una de las variables que componen cada una de las dimensiones. Así, por ejemplo, sobre el indicador del respeto a los derechos humanos, tenemos a Hidalgo con la mayor puntuación; la Ciudad de México se ubica en el lugar veinte.

En el ranking de violencia de género tenemos que 10 municipios concentraron el mayor número de feminicidios: Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Xalapa, Guadalajara, Centro, Coatzacoalcos, Iztapalapa, San Luis Potosí y Nogales. En el ranking por entidad, los estados peor evaluados en el rubro son la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Sinaloa, Nuevo León, Sonora, Colima y Veracruz.

Este estudio muestra, a grades rasgos, un retroceso en el ejercicio de los derechos y libertades democráticas, así como en varios componentes que integran las dimensiones de Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Humana y Democracia Económica.

Por ello, es recomendable que autoridades de los tres órganos de gobierno lo analicen con el objetivo de tomar en cuenta sus conclusiones y redireccionar las políticas publicas y acciones que correspondan en beneficio de la población.