Sin duda, el anuncio que se habían incautado mas de 2 mil millones de euros (48 mil millones de pesos, redondeados) provocó un shock en muchos círculos de opinión y poder.
Dean Acheson
No es descabellado pensar que esa exorbitante cantidad de dinero puede ser producto de, por lo menos, ilícitos que van desde la evasión de impuestos, corrupción política y desfalco a la nación.
Esto significa que, a pesar de que la investigación no fue solicitada desde México, nuestro gobierno debe de involucrarse a fondo, revisar todos los expedientes y, en caso de que se actualicen causas reales y firmes, iniciar juicios por los diversos ilícitos que puedan probar y dictar sentencias implacables, ejemplares contra todos aquellos involucrados por el daño que ha hecho a nuestro país.
Ese sería el escenario ideal, el que la inmensa mayoría de los mexicanos deseamos que suceda pero que, al mismo tiempo, es el menos probable que ocurra.
Al mirar el historial de sucesos espectaculares en materia de combate a la corrupción del gobierno obradorista no podemos sentirnos optimistas de que vayan a ocurrir consecuencias jurídicas o penales profundas para casi ninguno de los 23 involucrados en el escándalo del principado de Andorra.
A pesar de que el gobierno dice que los tiempos han cambiado, que no son iguales y que no se realizan golpes mediáticos, la realidad parece contradecir cada una de estas afirmaciones.
Los botones de muestra son muchos.
Lozoya.
En este caso, que se decía que destaparía la cloaca de la corrupción de los gobiernos anteriores, no ha ocurrido nada. Se filtró una supuesta declaración del imputado que se dio a conocer hasta en la mañanera, con lo que el debido proceso queda en entredicho y el inculpado puede salir libre, aunque fuese culpable. Eso sin contar que la holgura con la que fue tratado permite que esté en casa, con amigos y tomando vinos de más de 20 mil pesos.
Cienfuegos.
Aunque fuese cierto que la investigación hecha por la DEA (la misma agencia que se alabó por haber capturado a García Luna) contra el ex secretario de Defensa era defectuosa, muchas voces -incluidas las de partidarios obradoristas- solicitaron que se le iniciara proceso por Ayotzinapa y violaciones a los Derechos Humanos. El tema se enterró tan rápido y con tan poco cuidado que generó conflictos con la agencia antidrogas del norteño vecino. Las razones por las cuales no se fue mas allá con el general y su papel en estos hechos nunca se aclararon.
Robles.
El debido proceso se violó, se presentaron conflictos de interés evidentes y se dio prisión preventiva a una persona por delitos que no lo ameritaban. Otro punto para repensar: hasta que la ex secretaria y ex jefa de gobierno estuvo tras las rejas que, de manera desaseada por decir lo menos, se le imputó el delito de crimen organizado. La justicia a contentillo, lucha contra la corrupción a conveniencia.
Borrón y cuenta nueva.
Desde antes de tomar posesión del cargo, el ahora titular del ejecutivo lo dijo con claridad “El planteamiento que he venido sosteniendo desde la campaña es de que nosotros no apostemos a la persecución, lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos”. Sin duda esto se ha cumplido en gran medida.
La ceguera ante el presente.
Ackerman, Bartlett, Guadiana, las adjudicaciones directas, los contratos irregulares de Pemex, las pipas desaparecidas, Ana Guevara y muchos casos más han sido absueltos y no se ha cuestionado los métodos ni declaraciones del gobierno y sus actores. El mismo presidente lo dijo, cuando se cuestionó la riqueza desmedida de su director general de CFE: “es muy útil”.
El debido proceso olvidado.
Desde la UIF, pasando por la FGR hasta el púlpito matinal de Palacio Nacional se han asomado de forma recurrente declaraciones y acciones que ponen en entredicho es cosa llamada “debido proceso” al momento de combatir la corrupción. Y más allá de definir qué puede ser y que no el debido proceso, es importantísimo entender que, si se le pone en riesgo, lo más seguro es que los corruptos de antes y de hoy no lleguen a enfrentar la acción de la justicia, o que salgan sin culpa y sin posibilidad de enjuiciarlos nuevamente, como sucedió con Florence Cassez. El combate a la corrupción y la impunidad y su proceso judicial no pasa por ocurrencias sino por un camino de leyes y procesos que se debe respetar.
El efectismo y las cortinas de humo.
Desde que ocurrió la renuncia del ministro Medina Mora a la Suprema Corte de nuestro país, la mayoría de los grandes casos relacionados con el “combate a la corrupción”, llevados a los medios por el gobierno federal, han tenido un espléndido timing para desviar la atención de otros temas escabrosos sobre su gestión, los problemas del gobierno, pero sin ningún seguimiento a la probable causa legal.
En otras palabras, las capturas espectaculares, las declaraciones de dinero entregado a supuestos “chayoteros”, las frases provocadoras y las promesas inflamadas del presidente y su equipo sobre el combate a la corrupción no han sido más que golpes de efecto para crear la proverbiales, y muy necesitadas para el gobierno actual, cortinas de humo.
Sin pretender que se agota el tema, estos pequeños ejemplos no dejan mucho espacio al optimismo. Parece claro que ocurrirá con el dinero incautado en Andorra y el destino que le espera a cada uno de los 23 cuentahabientes, de haber cometido ilícitos.
Juicio mediático, uso político electoral, manejo de las emociones de la masa usando las infaltables frases “neoliberal” y “prianismo” y, quizá, un condenado o dos que se manejarán como “el gran logro”. Atole, dedo y mucha grilla.
Se debe hablar del terrible desfalco o evasión que significan 48 mil millones de pesos, pero de una forma mucho más profunda que tratar de convencer a los mexicanos del discurso dicotómico entre pasado y presente, los malos y nosotros los buenos.
Los evasores de Andorra deben servir para algo más que lograr que nadie se pregunte demasiado por qué se sigue llamando exitosa una estrategia sanitaria responsable de triplicar la cifra del llamado escenario “muy catastrófico” o una estrategia para mantener el control del congreso.
La confiscación de los dos mil millones de euros es un elemento que nos permite, de una vez por todas, constatar si el discurso triunfalista del gobierno es cierto, justo y real. Si las afirmaciones de secretarias de estado, presidente, legisladores y militantes hardcore sobre el fin de la corrupción es una mentira descarada o no.
Mi pronóstico es que los 48 mil de Andorra solo serán un capítulo más en el libro de las oportunidades perdidas, un capítulo mas de la historia de la impunidad en México y la complicidad de los gobiernos y solo será otra herramienta de comunicación política. No soy optimista.
@HigueraB
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