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Urgen políticas de apoyo y protección para las personas con discapacidad en México 

Carlos Ríos Espinosa

Judith Heumann, activista estadounidense por los derechos de las personas con discapacidad reflexiona, en un libro de reciente publicación, sobre las consecuencias de tener que pedir favores constantemente: “Hacer favores a otra persona desgasta. Los favores implican que una persona debe interrumpir lo que está haciendo, sea lo que sea, para ayudarte”. La posibilidad de que haya alternativas para vivir de manera independiente, en lugar de tener que pedir favores constantemente, es de vital importancia para las personas con discapacidad. 

En México, millones de personas con discapacidad dependen exclusivamente del apoyo que les brindan sus familias como único recurso para llevar a cabo sus actividades diarias. Eso las obliga a tener que pedir favores constantemente. Para las familias, esto resulta agotador y, en muchos casos, genera actitudes de abuso contra los miembros que tienen alguna discapacidad. La dependencia absoluta puede propiciar comportamientos violentos, particularmente contra las mujeres con discapacidad, que enfrentan situaciones de abuso físico, sexual y emocional. A menudo, esta violencia se encuentra oculta, dado que muchas personas no tienen la oportunidad ni los medios para denunciarla.   

Rosa (seudónimo), una mujer de 38 años con una discapacidad física que vive en Monterrey, fue blanco de insultos y violencia emocional frecuente por parte de su exesposo a lo largo de sus 15 años de matrimonio, incluso sufrió un episodio de violencia física. A su esposo le molestaba tener que hacer todo por ella y comenzó a insultarla, lo cual le hacía sentir que era una carga. Le gritaba: “¿Acaso no puedes hacer nada sola?”. Rosa estaba atrapada. Al no tener la posibilidad de mudarse y carecer de recursos para obtener asistencia personal que le permitiera alejarse de una pareja violenta, tuvo que tolerar este trato. 

En junio, Human Rights Watch publicó un informe en el cual documentó que el gobierno mexicano no ha logrado implementar siquiera las políticas más básicas para permitir que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a vivir de manera independiente y a ser incluidas en la comunidad. En algunos casos, los gobiernos estatales incluso exigen legalmente que las personas con discapacidad dependan de sus familias para recibir asistencia, aun cuando preferirían vivir de manera independiente o cuando los familiares tienen actitudes abusivas. 

Sin esas políticas, las personas con discapacidad carecen de control sobre sus propias vidas.

Esto hace que, en muchos casos, los familiares invaliden u obstaculicen su posibilidad de concretar sus aspiraciones. A causa de la ausencia de esas políticas, las personas con discapacidad también quedan expuestas al riesgo de sufrir abandono y violencia física. En algunos casos, la respuesta de sus familias llega a extremos aberrantes, que incluyen el confinamiento en cobertizos para animales y actos de violencia sexual. 

La respuesta del gobierno mexicano a los hallazgos del informe ha sido positiva: todas las personas del gobierno con quienes hablamos, han reconocido el grave problema que enfrenta México en relación con la violencia contra las personas con discapacidad. No obstante, no está claro si el gobierno federal está preparado para pasar de la retórica a la acción concreta. 

Poco después de la publicación del informe, la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) fue designada para organizar un grupo de trabajo encargado de coordinar la respuesta del gobierno a las recomendaciones del informe. Sin embargo, el 18 de julio fue separada de sus funciones y el cargo continúa vacante. Asimismo, desde diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha nombrado al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), quien tiene la responsabilidad formal de coordinar las acciones gubernamentales orientadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Esto significa que, en la actualidad, no hay ningún funcionario que se ocupe de coordinar las políticas federales destinadas a abordar la violencia que afecta a muchas personas con discapacidad. Esto debe cambiar. 

Las personas con discapacidad tienen derecho a decidir dónde, cómo y con quién vivir, y a no aceptar arreglos de vida predeterminados, como vivir con familiares que están obligados a brindarles asistencia por el resto de sus vidas. Human Rights Watch presentó recomendaciones específicas a las secretarías de Bienestar del ámbito federal y estatal para que formulen políticas que aseguren que las personas con discapacidad puedan decidir cómo, dónde y con quiénes vivir, y no estén expuestas al riesgo de ser víctimas de violencia familiar. Se presenta una oportunidad importante de que los servicios generales que buscan proteger a las mujeres contra actos de violencia sean accesibles para las mujeres con discapacidad, lo cual incluye procedimientos de denuncia de abusos, órdenes de protección y refugios. 

Los gobiernos del ámbito federal y de los estados deben conformar, de manera urgente, un grupo de trabajo para articular políticas integrales orientadas a prevenir que las personas con discapacidad sigan siendo víctimas de violencia, y a posibilitar que esas personas vivan independientemente y sean incluidas en la comunidad. El presidente López Obrador también debería nombrar, de manera urgente, a los nuevos titulares del Conapred y el Conadis para asegurar que haya una persona encargada de coordinar estas políticas. Solamente entonces Rosa y otras personas con discapacidad de México podrán asumir el control de su vida, sin depender de la amabilidad de sus familiares y sin tener que rogar que les hagan favores. 
Investigador sénior y defensor de los derechos de las personas con discapacidad en Human Rights Watch.  

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