¿Quién entiende al gobierno? ¿lealtad o profesionalismo?

Carlos Matute

El pasado 30 de agosto se publicó Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, elaborado por la SFP y la SHCP, que establece un diagnóstico con un fuerte contenido ideológico, 5 objetivos integrales y una visión de futuro. Este programa es un esfuerzo de planeación estratégica gubernamental, en el que la profesionalización es uno de sus ejes.

Cito al gobierno de la 4T:

“México ha tenido avances significativos en la implementación de la gestión por resultados por lo que actualmente ocupa uno de los primeros lugares en América Latina. En 2007 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) diseñó el Índice de Gestión para Resultados en el Desarrollo (IGpRD) con la finalidad de medir los avances en la incorporación de mecanismos de gestión pública en 25 países de la región… México pasó de 3.2 a 4.0 entre 2007 y 2013, lo que da cuenta institucionalización del Sistema basado en Resultados en las instituciones de gobierno…”
Con base en esta plataforma administrativa es posible plantear los objetivos prioritarios del programa:

1) Combatir la corrupción.
2) Reducir la impunidad.
3) Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión pública.
4) Profesionalización de los recursos humanos de la Administración Pública Federal.
5) Promover el uso eficiente y responsable de los bienes del Estado Mexicano.

Además de la denuncia ciudadana como eje central del combate a la corrupción -el sistema de alertadores- el programa pone énfasis en la profesionalización como uno de los principales factores para prevenirla.

Los objetivos están vinculados con estrategias específicas integradas por un conjunto de acciones puntuales atribuidas a entidades administrativas responsables y con metas con parámetros de medición e indicadores de desempeño al más puro estilo neoliberal con base en conocimiento experto y los avances en materia de evaluación de los gobiernos de Calderón y Peña.

El programa plantea la necesidad de capacitar a los servidores públicos en la nueva ética y luego menciona la importancia de profesionalizarlos con base en el mérito, la perspectiva de género, el fomento a la diversidad y la inclusión. Para tal efecto, propone la transformación del servicio profesional de carrera.

Las líneas base de las metas relacionadas con la profesionalización parten de cero, es decir, el programa supone que hay un relanzamiento de la política en esta materia hacia un nuevo paradigma. No hay ética en el servicio público actual y hay que cambiarlo de raíz en el desarrollo, formación, evaluación y certificación del talento humano, así como, las estrategias de la alta dirección.

Lo anterior es correcto, ya que busca legítimamente dar un giro de ciento ochenta grados en la acción administrativa y en el discurso para regenerar la confianza en la gestión pública.

Sin embargo, el mensaje es inconsistente y no se entiende al gobierno cuando el Presidente, quien seguramente aprobó este Programa Nacional para el Combate a la Corrupción, sostiene que la profesionalización, el talento y el conocimiento de la gestión de lo público es poco significativo, toda vez que la lealtad es más importante que cualquier otra cualidad.

La profesionalización, el comportamiento ético y la lealtad a las instituciones (no al caudillo) son complementarias. No son excluyentes. Los servidores públicos están obligados al 100% en tener los conocimientos técnicos que requiere el puesto, al 100% en honestidad y al 100% en entrega a su compromiso social.

No se entiende que haya una parte del gobierno que promueva la profesionalización de los recursos y otra que lo menosprecie. La bipolaridad es inaceptable y genera incertidumbre y, eventualmente, desconfianza en las propuestas a nombramientos a cargos públicos de importancia política.

El programa mencionado sufre de este defecto. Por un lado, reconoce el esfuerzo que se ha llevado a cabo en los últimos años en materia de mejora administrativa y en la evaluación de la gestión y, por otra, parte del supuesto en algunos indicadores que no hay nada realizado, nada registrado y que todo deba ser nuevo.

No se entiende al gobierno cuando utiliza los avances en la modernización de la administración pública para sustentar su propio proyecto, pero es incapaz de detectar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas reales. Sólo identifica aquello que se opone o apoya en lo ideológico. Esto último preocupa.

No se entiende al gobierno y se teme que el relanzamiento de la profesionalización sea con base en la lealtad a un proyecto, a un partido o a una persona. Esto es el camino directo a una administración pública no competente en las tareas que se le asigna o el soslayar que la ignorancia de los conocimientos que se requieren para ejercer un cargo es el primer acto de corrupción del servidor público que lo acepta.

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