AMLO lo censura, pero gobierna con las reformas del Pacto por México

“Pacto contra México” le dice y, aprovechando el circo montado con Lozoya, asegura que fue resultado de sobornos a dirigentes y legisladores para aprobar diversas reformas constitucionales, en una de sus múltiples y cotidianas mentiras.

Andrés Manuel López Obrador gobierna con las reformas del Pacto por México. Sataniza un acuerdo firmado por las principales fuerzas políticas del país con el respaldo de todos los sectores, el 2 de diciembre del 2012.

“Pacto contra México” le dice y, aprovechando el circo montado con Lozoya, asegura que fue resultado de sobornos a dirigentes y legisladores para aprobar diversas reformas constitucionales, en una de sus múltiples y cotidianas mentiras.

Recordemos que fueron 95 compromisos —con 11 más— agrupados en 5 ejes firmados públicamente, como resultado de la convicción de poner en el centro la recuperación del papel del Estado y frenar “la creciente influencia de poderes fácticos que frecuentemente retan la vida institucional del país”. Por eso se acordó “concentrar nuestras acciones en culminar la transición democrática y orientarla hacia metas de bienestar social, libertad personal y seguridad”.

Los compromisos abarcaron, entre otros, la reorganización del sistema de salud y seguridad social para niños, adultos mayores y jefas de familia; la reforma educativa para elevar la calidad de la enseñanza; asumir a la cultura como un elemento de cohesión social; un amplio espectro de leyes en defensa de los derechos humanos; el fortalecimiento de la inversión pública para impulsar el crecimiento y la creación de empleos; así como el reforzamiento del papel de la hoy Cofece.

En telecomunicaciones, se planteó una verdadera revolución: Garantizar el acceso a la banda ancha, reforzar la autonomía de la Cofetel (hoy Ifetel), desarrollar una robusta red para dar acceso a internet y la inversión en telesalud, telemedicina y gobierno digital. También, mediante la licitación de nuevas cadenas, se propició una mayor competencia en la radio y TV; y se redujeron los precios a los consumidores con la instauración de una mejor regulación en telefonía y servicios de datos.

Los acuerdos en materia energética buscaban asegurar que “los hidrocarburos siguieran siendo propiedad de la nación”, hacer de Pemex una “empresa pública de carácter productivo”, propiciar la “competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos”, “fortalecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos” y hacer de Pemex “eje central en la lucha contra el cambio climático” (compromisos 54 al 60). Aquí, en lo firmado por el PRD, no había privatización alguna y quien guste puede consultarlo.

Otro gran tema fue la reforma hacendaria, para tener una mayor eficiencia recaudatoria y del gasto público, transparencia, fortalecimiento de la capacidad financiera del Estado y una revisión integral a la política de subsidios y a los regímenes especiales.

También destaca la implementación del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, y el perfeccionamiento del sistema de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción.

En materia política, lo más trascendental fue la reforma que otorgó plenos derechos a los habitantes del otrora DF, así como la reforma del IFE para ampliar sus facultades y darle carácter nacional (INE).

La mayoría de los compromisos se cumplieron. El Pacto constituyó un importante mecanismo de concertación que impulsó el desarrollo del país y coadyuvó a la estabilidad social y política, pero se rompió cuando Peña y el PAN insistieron en una reforma energética que violaba lo establecido en el Pacto, por lo que el PRD votó en contra y salió del mismo. ¿Dinero al PRD por votar en contra? ¡Por favor!

Muerto el Pacto vendría después la tragedia de Ayotzinapa y el escándalo de la “Casa Blanca” que acabó con el sexenio.

Si las reformas del Pacto son dañinas ¿por qué AMLO no ha presentado iniciativas para revocarlas? Ni siquiera en materia energética, para bajar precios a gasolinas y electricidad. El circo de Lozoya no alcanza ante un país que se hunde económicamente; con crecientes contagios y muertes por Covid-19, violencia criminal, aumento de la desigualdad (60 de cada 100 mexicanos en pobreza), y la corrupción galopante en el gobierno. Esta sí es la realidad que urge modificar.

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