Desde el inicio del actual gobierno el Presidente de la República estableció con toda claridad como prioridad la búsqueda de las personas desaparecidas y el trato digno a sus familiares, partiendo de reconocer la profunda crisis y violaciones a los derechos humanos en nuestro país, que asumió como la herencia más dolorosa.
Así, instruyó al Gobierno federal, a las fuerzas de seguridad y todos los funcionarios a actuar con pleno respeto a los derechos humanos y a erradicar las violaciones cometidas por la autoridad, encarando, sin simulaciones, la crisis que durante años los gobiernos anteriores se negaron a reconocer.
Una condición fundamental para enfrentar esta situación ha sido reconocer las responsabilidades del Estado en materia de desaparición de personas, más aún en un país que durante décadas asumió prácticas contrainsurgentes, asociadas al entrenamiento de las fuerzas de seguridad del Estado en la Escuela de las Américas, aplicadas entre 1965 y 1982 contra la disidencia política, y que al desarticularse estas estructuras represivas, trasladaron sus métodos de terror y exterminio a los grupos delictivos, de lo cual es fiel ejemplo la conformación de Los Zetas en los 90 y que a partir de 2006 generalizaron las prácticas de desaparición y exterminio por estos grupos.
El reconocimiento de estas responsabilidades implica informar, dar a conocer y transparentar la magnitud de la crisis, por cruda que sea, sin ocultar absolutamente nada.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, ha dado a conocer un rasgo doloroso de la realidad al mostrar que hemos superado las 100 mil personas reportadas como desaparecidas. Lo ha hecho con toda responsabilidad, y a diferencia de las políticas de gobiernos anteriores que pretendieron minimizar la situación, estigmatizar a las personas y sus familias, de ocultar información y de mentir a la sociedad.
Con lo cual no solo se visibiliza el problema, sino se atiende la urgencia, se busca a las personas, se desarrollan capacidades institucionales, se apoya a las víctimas y se generan estrategias para frenar el fenómeno.
En estos tres años y medio se ha realizado lo que se negaron a hacer. Se creó el primer Registro de Personas Desaparecidas, que brinda información clara y en tiempo real de las más de 100 mil personas desaparecidas, pero también de las más de 145 mil localizadas, de las cuales, más de 135 mil (93.18%) han sido localizadas con vida
Cabe señalar, que el promedio anual de localización resulta mayor para el periodo de 2019 a la fecha, respecto al periodo de 1964 a 2018, cuando se localizaban 1,569 personas al año, mientras que actualmente se localizan 12,720.
Se avanza en atender el problema, pero es insuficiente. Es necesario combatir las inercias institucionales para frenar la impunidad, la complicidad y la corrupción de los agentes estatales para desarticular estas redes de grupos delincuenciales que han hecho de la estrategia de desaparición un método cotidiano.
Corresponde al gobierno federal, a estados y municipios, fortalecer las acciones para prevenir y perseguir este delito, pero en particular, es necesario acabar con la impunidad. Que las fiscalías investiguen, busquen, identifiquen cuerpos y junto con el Poder Judicial castiguen a los responsables. Es decir, que hagan su trabajo. Es inadmisible que en un país con más de 100 mil personas desaparecidas o no localizadas, solo existan 37 sentencias.
Es necesario sumar esfuerzos, dejar atrás autonomías mal entendidas, dejar de lado el recelo para trabajar de manera conjunta a fin de garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, y acceder a la verdad, la justicia y la garantía de no repetición ante estos lacerantes hechos.
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