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Violencia política por razón de género, asignatura pendiente

24/08/2018
00:02
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Uno de los rasgos que distingue el reciente proceso electoral que vivimos en México es, la puesta en marcha del principio de paridad de género derivado de la reforma constitucional de 2014, la cual exige a los partidos políticos incluir en sus candidaturas el mismo número de mujeres y hombres para contender a cargos legislativos federales y locales. El objetivo de dicha reforma gira en torno a favorecer la igualdad sustantiva y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

Después de la jornada electoral del 1 de julio se logró configurar el Primer Congreso Paritario en México. De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Proceso Electoral 2017-2018, la Cámara de Diputadas y Diputados se conformará por 49.2% de mujeres y 50.8% de hombres, mientras que en el Senado de la República habrá 50.8% de Senadoras y 49.2% de Senadores; en ambos casos considerando los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

La representación indígena en diputaciones federales también presenta avances. La integración de la próxima Cámara de Diputados contará con la representación de cinco mujeres y ocho hombres indígenas. Esto fue posible gracias a que fueron emitidos los lineamientos de registro de candidaturas en los trece distritos federales con mayor población indígena, en los cuales los partidos políticos tuvieron la obligación de postular a siete mujeres y seis hombres.

Además, en los 27 estados que renovaron sus congresos, el 46.7% de curules por el principio de Mayoría Relativa, serán ocupadas por mujeres. Lo mismo pasa en los 1825 Ayuntamientos que se eligieron el pasado 1 de julio, ya que se logró una mayor presencia de mujeres que fungirán como Presidentas Municipales.  

Sin embargo, frente al incremento de la participación de las mujeres en este proceso electoral, se incrementó también el número de actos violentos cometidos en contra de sus derechos políticos. Datos del monitoreo realizado por la consultora de riesgos Etellekt durante las 44 semanas del proceso electoral, revelan que se perpetraron 774 agresiones contra candidatos a cargos populares. De este total global de agresiones, el 23% se ejerció en contra de mujeres, lo que corresponde a un total de 185 actos vientos (por ejemplo: intimidaciones o amenazas, agresiones físicas, asaltos con violencia, secuestro y un saldo mortal de 19 asesinadas).

Estos indicadores nos dan una idea de la relevancia de poner atención en el tema de la violencia política en contextos electorales. Ante el objetivo institucional de la paridad de género, es primordial fomentar la discusión en torno a la violencia política en todos los ámbitos: el institucional, el académico y el de la sociedad civil. Ya que, si se quiere avanzar en la construcción de una democracia incluyente, todos los actores deben implicarse como agentes activos de la misma. Por este motivo, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) a puesto empeño en investigar cómo es que ha permeado la violencia en las recientes elecciones, caracterizadas ya como el proceso electoral más violento en México. De esto dan cuenta los casi ochocientos actos violentos -incluyen 152 asesinatos- suscitados en los 32 estados de la República Mexicana y en 440 municipios del país[1].

La sociedad civil debe plantearse una pregunta: ¿existen garantías institucionales para la participación política de las mujeres en contextos de violencia electoral? En términos simples, este tipo de violencia se refiere a las agresiones que atentan en contra de los derechos políticos de los ciudadanos que participan en los procesos electorales. En nuestro país, sin embargo, la violencia política contra las mujeres aún no está tipificada como delito, hecho que en el marco de las recientes elecciones representó un vacío legal importante para atender las denuncias de las víctimas que de una u otra forma vieron amenazado su derecho a participar en las decisiones de su comunidad.            

En el campo político, como en muchos otros, las mujeres han sido víctimas de violencia. De hecho, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene su origen en la prevalencia de diversas formas de violencia de género contra las mujeres en México. En años recientes las agresiones en contra de las mujeres han ido en aumento, de manera tal que, para abril de 2018, a trece estados de la República se les había declarado la alerta de violencia de género y en otros nueve estaba en trámite de posible declaratoria. El motivo es que el número de feminicidios ha crecido en el territorio nacional. La Organización de Naciones Unidas (ONU Mujeres) reporta que en México se cometen al día 7.5 feminicidios, en promedio. Apunta además que en los últimos 32 años hubo en el país un total de 52 mil 210 muertes de mujeres por homicidio[2]. La violencia feminicida no sólo se expresa en las relaciones del entorno familiar o laboral, también se manifiesta por motivos de lucha de poder político relacionado con la discriminación contra las mujeres. Muestra de ello son las muertes de algunas mujeres que aspiraban a un cargo de elección popular en el municipio de Chilapa, en el estado de Guerrero, donde en febrero de este año fueron asesinadas Antonia Jaimes Moctezuma y Dulce Rebaja Pedro, precandidatas del PRD y PRI respectivamente. A esto se suma 17 asesinatos más contra mujeres cometidos en el transcurso de proceso electoral 2017-2018.

En el mes de junio, por ejemplo,  dos candidatas a cargos locales fueron asesinadas a tiros en los estados de Oaxaca y Puebla. Iraís Maldonado, candidata a diputada local en Puebla por el Partido Verde, fue atacada en el municipio de Jopala, en la Sierra Norte, lugar donde hacía campaña. La candidata viajaba en un coche con su compañera de partido la regidora Erika Cázares. Ambas salían de Jolapa después de un acto de campaña cuando un comando les disparó.

Pamela Terán, regidora con licencia de Juchitán y aspirante a segunda concejal por el Partido Revolucionario Institucional. Fue acribillada cuando estaba terminando sus actividades de campaña electoral. La aspirante estaba abandonando un restaurante en el centro de esa comunidad, cuando desde un automóvil varios hombres le dispararon a ella y a sus dos acompañantes. Terán había conseguido visibilidad en la región tras el terremoto de septiembre de 2017, ya que había hecho transmisiones por Internet desde los lugares más devastados por el sismo.

A estos eventos fatales se les suman decenas de agresiones contra las mujeres que participaron de alguna forma en el proceso electoral. Incluso este tipo de actos se suscitaron el mismo 1 de julio. En Jalisco, la candidata a regidora de Tlajomulco de Zúñiga, por la coalición Juntos Haremos Historia, Verónica Delgado, fue agredida junto con otras ocho mujeres y dos hombres por un grupo de hombres armados que la golpearon y amenazaron. Ese mismo día trascendió en las redes sociales un video que mostraba como un grupo de hombres agredía a la candidata a diputada de Morena en Campeche, Gladys Zavala Salazar y a su hijo. Al narrar los hechos, Zavala refiere que un grupo de sujetos abordo de dos camionetas sin placas arremetieron contra ella y su hijo.  

Estas situaciones, entre muchas otras, hacen evidente la necesidad de legislar en torno a la violencia que se realiza en contra de las mujeres que deciden ejercer sus derechos políticos y de participación ciudadana. En México, la Ley General en Materia de Delitos Electorales aún no tipifica la violencia política de género. Como antecedente, en 2016, gracias al esfuerzo conjunto de diversas instituciones del Estado, organizaciones feministas y académicos, se publicó el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, este documento resulta un referente de actuación ciudadana e interinstitucional que busca fortalecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en todo el territorio nacional. Es una herramienta ha sido útil en el consenso interinstitucional de la construcción, homogeneización y utilización del concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género.

Aunque este documento representa un avance, resulta básicamente una medida emergente en el escenario político nacional debido a que, las reformas legislativas para brindar una mejor atención, sanción y reparación integral ante casos de violencia política contra las mujeres en razón de género se encuentran en espera de aprobación. No obstante, mientras no se tipifiquen  como delito este tipo de actos violentos, no se garantiza a las mujeres la certeza de que las instituciones y el Estado están velando por su derecho a participar de manera libre y sin riesgos en la vida política de su comunidad.

 

Norma Bautista Santiago

Investigadora del Observatorio Nacional Ciudadano

@normaoax @ObsNalCiudadano

 

[1] Etellekt, 2018.

[2] ONU Mujeres (2017) “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”.

 

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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