El combate a la corrupción es el mayor desafío que enfrenta nuestro país, ya que a pesar de los esfuerzos existentes por consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción y los recursos erogados para su implementación, la percepción sobre la corrupción en las instituciones públicas y privadas sigue empeorando, dado que en las cifras del último informe de Transparencia Internacional el 61% de los mexicanos cree que la corrupción va en aumento.

De acuerdo con datos del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el Sector Público, elaborado por Transparencia Internacional, México pasó del lugar 95 en 2015, al 123 en 2016, entre 176 países analizados. Destaca que nuestro país obtuvo una calificación de 30 puntos, siendo el peor evaluado de los países de la OCDE, en donde el promedio fue de 69 puntos.

La gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública, que se han incrementado drásticamente a partir del año 2011 y que evidencian cuantiosos desvíos de recursos por parte de diversos actores políticos, el aumento en el costo de la corrupción que de acuerdo a diversas estimaciones fluctúa entre el 9% y el 10% del PIB, los altos niveles de impunidad que de acuerdo al Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, nuestro país se ubica en el cuarto lugar mundial con mayor impunidad y la falta de acciones sistemáticas reales y concretas que permitan identificar, dar seguimiento y posteriormente sancionar actos de corrupción han deteriorado la percepción sobre la corrupción en México a nivel internacional.

En los casos de Coahuila y Durango la opacidad en el manejo de la deuda pública, las contrataciones y ejecuciones de obra pública y la ausencia de procesos legales que determinen sanciones o culpables ha propiciado un incremento en la percepción ciudadana sobre corrupción, dado que en Coahuila el 42.6% y en Durango el 42.9% de la población considera que ésta es la  principal problemática social que más les afecta, colocando a estas dos entidades como las que mayor percepción de corrupción tienen a nivel nacional.

Dado las implicaciones que tiene la corrupción en perjuicio de la calidad de vida de un Estado o una región, en el Observatorio de La Laguna se evaluó la percepción sobre el fenómeno de corrupción en los municipios de Torreón y Gómez Palacio, en donde 9 de cada 10 laguneros consideran que ocurren prácticas de corrupción muy frecuentes en sus municipios, debido principalmente al impacto que tiene en los ciudadanos la mala calidad de los servicios públicos y el manejo inadecuado de los recursos públicos municipales.

En el caso de Coahuila resulta de gran relevancia el análisis de dicho fenómeno, debido a la discusión que ha generado en las últimas semanas la integración del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y en la que participan diversas instituciones educativas y organismos de la Sociedad Civil del Estado, quienes han señalado diversas anomalías tanto en los procesos de selección de la Comisión de Selección para el Comité de Participación Ciudadana del SEA, como en el propio comité.

Es necesaria la presencia de contrapesos reales entre los poderes del Estado que con sus acciones propicien la apertura gubernamental, fortalezcan los mecanismos de asignación, distribución y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Asegurar la correcta implementación de los Sistemas Estatales Anticorrupción debe ser la tarea primordial de nuestros congresos locales, quienes deben cumplir con su función constitucional de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos por parte del Ejecutivo, solo así se habrá dado un gran paso en la batalla contra la corrupción.

David Ruelas Sarmiento

Luis Alfredo Medina López

Equipo de Investigación del Consejo Cívico de las Instituciones A.C.

@CCILAGUNAAC @RuelasDavers07@alfredomedina92 @ObsNalCiudadano

Anatomía de la Corrupción, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad

Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP).

Encuesta Nacional 2017, Gabinete de Comunicación Estratégica

Encuestas de Percepción (Edición Junio de 2016).

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