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¿Qué elementos no pueden faltar en una estrategia contra el robo de hidrocarburos?

28/12/2018
02:00
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En comparación con el interés suscitado por la producción, tráfico y comercialización de estupefacientes, el robo de hidrocarburos no ha despertado el mismo interés ni ha fomentado un debate más profundo sobre el tema. Pese a que ambos fenómenos se distinguen por un perfil histórico, geográfico y temporal diferente, ambos han abonado al deterioro de las condiciones de seguridad en algunas regiones del país en la última década. Lo que hoy se vive en algunos municipios de Guanajuato, Puebla, del sur de Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, entre otros no se podría explicar sin tomar en cuenta las dinámicas criminales asociadas al robo de hidrocarburos. Atenuar la incidencia de este delito puede o no ser prioritario para los gobiernos en turno o entrantes. Sin embargo, cuando deciden hacer algo al respecto, ¿qué elementos no pueden faltar en sus estrategias y líneas de acción?

En diversos artículos publicados desde 2016 (1) he discutido múltiples aspectos que abarcan desde los costos sociales ocasionados por este delito (2), las estrategias de protección emprendidas por Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras instituciones, el incremento de los riesgos de operación para las empresas entrantes a la industria de hidrocarburos (3), entre otros. Derivado de estos artículos destaco los siguientes elementos que pueden servir como puntos de partida:

  • No es un problema exclusivo de México. Otros países como Nigeria, Turquía, Colombia y Costa Rica presentan o presentaron problemáticas similares.
  • Tampoco es un problema exclusivo de Pemex. Tras la reforma energética, el robo de hidrocarburos es un factor de riesgo para las empresas que transportan, almacenan, distribuyen y comercializan algún tipo de hidrocarburo.
  • No es reciente. Existen antecedentes significativos de robo de hidrocarburos al menos desde 2007 de organizaciones delictivas que participaban en esta actividad. Incluso, de acuerdo con el documento Robo en México: ¿un delito cotidiano? publicado por el Observatorio Nacional Ciudadano en diciembre de 2014 establece que en Pemex ya existía el Proyecto Integral de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles.
  • El incremento de la exposición mediática de este delito ocurrió tras los bloqueos carreteros en Puebla. Desde entonces, múltiples reportajes han abordado el tema con énfasis en lo que sucede en esta entidad.
  • Fuera de las fuentes periodísticas, el acceso a la información pública sobre robo de hidrocarburos es limitado. Con frecuencia se alega la reserva de la información por motivos de seguridad nacional (datos georreferenciados), pero que bien pueden reflejar opacidad de actores institucionales con algún grado de responsabilidad. Los datos de la Procuraduría General de la República (PGR) de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas, pendientes y concluidas son insuficientes para elaborar un diagnóstico cuidadoso sobre el tema.
  • La participación de empleados o ex empleados de Pemex no debe verse como un mero asunto de corrupción y colusión con grupos criminales. En la comisión de algunos de estos actos existen amenazas veladas o directas a los empleados para que participen.
  • La colaboración de otros actores estatales varía en función de las configuraciones propias de cada región. En otras palabras, las instituciones formales e informales entendidas como las reglas del juego generan incentivos de diversa intensidad que pueden ser atractivos para solo algunos actores.

Tomando en cuenta los puntos anteriores, las acciones encaminadas a resolver la sustracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos deben considerar las dos partes del problema: la oferta y la demanda. Para entender la oferta es necesario visualizar cómo se desarrollan los guiones criminales. Tomemos, por ejemplo, un caso netamente delictivo:

En este, los involucrados no producen el hidrocarburo como sucede con algunos estupefacientes o con algunos bienes pirata. Solo se encargan de la apropiación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización. En algunos casos, se ha observado la dilución del hidrocarburo con otras sustancias para aumentar el rendimiento. Cabe destacar que en cada etapa participan actores diferentes y con grados de vulnerabilidad variados.

En términos de la tecnología criminal, está documentado que para realizar tomas clandestinas en poliductos no se requieren insumos con un alto grado de especificidad ni técnicas intensivas en capital o mano de obra. Aunque, el grado de éxito de la toma sí requiere cierta destreza para no ocasionar algún incendio. Esta tecnología además se caracteriza por rendimientos crecientes a escala toda vez que al incrementar el diámetro de las mangueras, el volumen de hidrocarburo robado aumenta más que proporcionalmente. La oferta, en la etapa de apropiación, está geográficamente determinada por la ubicación de los poliductos y está temporalmente definida por los periodos durante los cuales el hidrocarburo circula.

Posterior a la etapa de comercialización, los recursos monetarios obtenidos se reparten entre los organizadores. Es decisión de cada agente colocar esos recursos en el sistema financiero (primera etapa de lavado de dinero) o utilizarlo para financiar inversiones en corrupción que reduzcan la efectividad del sistema judicial o emplearlos para cualquier otro fin.

En términos de la oferta, hay distintas etapas que han sido sujetas de intervención: la temporalidad del flujo de los ductos, cambio de los medios de transporte, mayor patrullaje en zonas con alta incidencia y recurrencia de tomas, acompañamiento de unidades transportadoras, por mencionar solo algunas. En cambio, poco se puede hacer para reducir la disponibilidad o encarecer la tecnología criminal.

Para que este ciclo criminal sea exitoso se requiere una demanda que le dé salida a toda la “producción” y vacíe los mercados. En este sentido, cada tipo de hidrocarburo robado genera su propio mercado. A pesar de que resulta muy intuitivo pensar solamente en combustible para automóviles al menudeo, lo cierto es que las gasolinas, diésel y otras sustancias sirven como insumos para un sinfín de industrias que pueden reducir sus costos si tienen acceso a estos bienes con un descuento. Otros consumidores potenciales han sido algunas gasolineras que segmentan su demanda y generan ventas adicionales sujetas a un menor escrutinio y supervisión regulatoria. En términos de volumen, es probable que la mayor proporción de ventas de hidrocarburo robado proceda de industrias medianas y grandes así como de algunas franquicias (4). De hecho, la recién debilitada Comisión Reguladora de Energía (CRE) comenzó a emprender acciones en materia de control volumétrico y contable de las gasolineras de acuerdo con sus atribuciones legales.

Reducir el diferencial entre el precio de los hidrocarburos lícitos e ilícitos es la solución más racional. ¿Cómo cerrarlo? Hay múltiples opciones. Una de ellas es presionar el precio del hidrocarburo robado al alza para que converja con el precio del hidrocarburo legal. Esto puede lograrse con una mezcla de intervenciones de oferta y demanda. La segunda de ellas es que el precio internacional del petróleo disminuya y en consecuencia, los derivados también se abaraten.

Otra opción disponible es concentrarse en las etapas posteriores a la comercialización. Esto requiere llevar a cabo acciones inteligencia financiera que vinculen el lavado de activos con el delio predicado de robo de hidrocarburos. Esta perspectiva tendría que permear en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ya existe experiencia en este respecto señalada por Cecilia Farfán (2015) (5) al referirse a la investigación de la OFAC (Office of Foreign Asset Control) sobre 19 gasolineras utilizadas para lavar dinero.

La clave para resolver este problema no radica en realizar grandes operativos, ni aplicar de manera indiscriminada prisión preventiva para aquellos implicados en esta actividad. Es insensato e irresponsable haber reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incluir en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva al robo de hidrocarburos. Esto ignora la estructura del guion criminal descrito previamente y una vez más, constituye una salida fácil que solo generará resultados modestos y abonará a la congestión del sistema de justicia penal. Además que, inevitablemente hace que nos cuestionemos si se pretende atender eficazmente este complejo problema de seguridad.

Manuel Vélez @VelezManuel @ObsNalCiudadano
Subdirector de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano



(1) http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016...
https://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/201...
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2017...
https://www.alcaldesdemexico.com/de-puno-y-letra/pronostico-reservado/

(2) Mayor prevalencia de conductas antisociales, el incremento de otros delitos de alto impacto como los homicidios dolosos y el robo de vehículos (pick ups para transportar la mercancía), el impacto ambiental, entre otras.

(3) Principalmente aquellas como actividad principal el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de los hidrocarburos.

(4) Cabe destacar que la compra puede ser con o sin consciencia del origen de los hidrocarburos.

(5) http://trendsinstitution.org/who-buys-stolen-oil/
 

Observatorio Nacional Ciudadano
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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