Modelo de prevención social de la violencia en La Laguna

La región Lagunera ha sufrido una de las peores crisis de inseguridad en su historia contemporánea, llegando a registrar más de mil homicidios dolosos en el año 2012. Desde entonces se han registrado disminuciones significativas en los delitos de alto impacto que hoy la dejan fuera de las 50 ciudades con más homicidios en el país y una de las regiones que más rápido se ha recuperado de dicha crisis. Muchos nos seguimos haciendo la pregunta sobre qué fue lo que provocó tal recuperación, y que, aunque seguimos lejos de lo que se anhela y todavía resta mucho que mejorar hay que reconocer los avances.

Quizá fueron muchos factores como la presencia militar, la coordinación metropolitana, la creación del Mando Especial, el fortalecimiento de las corporaciones, los programas de prevención del delito, por mencionar algunos, pero siempre será complejo aseverar de forma contundente lo que originó esta mejoría. No debemos desestimar que la Zona Metropolitana de la Laguna fue una de las regiones más beneficiadas del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia (PNPSVD), siendo la tercera región a la que se le destinaron mayores recursos, alcanzando en 2013 más de $107 millones de pesos y cuyo objeto era precisamente la atención de factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y a la delincuencia, que además demandaba resultados a corto, mediano y largo plazo. El PNPSVD ha sido muy cuestionado por los criterios de definición de los fondos, por su falta de transparencia, por privilegiar solo ciertas acciones, o por carecer de esquemas de evaluación, entre otros. Este programa fue el centro de la estrategia del Gobierno actual y que a partir del año 2017 ya no cuenta con recursos asignados.

Este escenario nos dejó muchas dudas y preocupaciones sobre la continuidad e incluso la existencia de una política a nivel local en materia de prevención de la violencia y dadas estas circunstancias se decidió tomar acciones en el Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna (CCI Laguna). Primero porque estamos convencidos de que la solución más efectiva contra las conductas delictivas y antisociales es la prevención, pues se busca con estas acciones disminuir el riesgo de que se propicien dichas conductas y segundo porque se vio la necesidad de contar con un proyecto de intervención social comunitaria en un polígono considerado como vulnerable, con el propósito de construir comunidades más seguras y resilientes a través de mejorar sus entornos. Fue así que con base en investigaciones documentales y hemerográficas, recorridos de campo y entrevistas con actores sociales locales de más de una docena de polígonos vulnerables se seleccionó la Comunidad de “La Palma”, con una población de poco más de 1,200 habitantes y que reunía los criterios de selección, principalmente la dimensión y tamaño de la población, el índice de marginalidad y que no estuviera intervenido por algún programa de prevención tipo gubernamental entre otros.

Las acciones comprendieron desde el planteamiento de una metodología que operara de manera paralela apoyada por un diagnóstico completo y las alianzas propias del CCI Laguna que permitió incidir de manera directa y focalizada. Así fue entonces que se desarrolló un modelo de intervención social que involucró los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad que se llamó “Labor Cívica”. Uno de los objetivos propuestos con el desarrollo de este Modelo fue que se trabajaron en estrategias que buscaron revertir la descomposición del tejido social desde un enfoque de desarrollo comunitario. Este proyecto logró integrar esfuerzos en la conformación de redes de colaboración entre la comunidad, las dependencias gubernamentales locales y demás organizaciones de la sociedad civil orientadas a mejorar los procesos que promovieran un mayor nivel de bienestar.

Los resultados de los diagnósticos eran adversos, pues se identificaron condiciones de inestabilidad laboral, condiciones precarias de empleo, desintegración y violencia familiar, así como falta de cohesión comunitaria y adicciones. La calidad de los servicios públicos básicos precarios resultaron también ser un factor de vulnerabilidad decisivo para potenciar conductas delictivas al interior de la comunidad.

La formación de un Comité Comunitario como órgano colegiado hizo rendir frutos y fomentar la organización y participación de los miembros de la comunidad. Fue posible detectar las necesidades más apremiantes de la comunidad, así como proponer alternativas de solución, y construir comisiones de trabajo, ejecutar los acuerdos y propuestas, que incluso fueron ante instancias correspondientes de gobierno. Este mismo Comité le dio seguimiento y medición sistemática a los proyectos y acciones, además se encargó de informar oportunamente las actividades y avances a los miembros de la comunidad.

De manera paralela se llevaron a cabo variadas actividades que resultaron muy satisfactorias orientadas a incentivar el desarrollo humano y comunitario como estrategia para la prevención, entre ellas un Taller de flora y fauna endémicas a niños de la comunidad, un taller creativo de reutilización de PET, sociodramas, talleres de equidad de género y empoderamiento, hasta una carrera atlética 2km, donde se entregaron medallas y premios a los participantes.

El Proyecto Labor Cívica fue más allá de la prevención social y logró redescubrir las capacidades individuales y colectivas de la comunidad, fungiendo como mediador entre los diversos actores sociales, siendo la misma comunidad la que identifica sus principales problemáticas, analiza alternativas y busca soluciones. El Comité Comunitario es el motor, que hace que las cosas sucedan, sus individuos están comprometidos, bien capacitados, conscientes de la situación de su entorno, que participan activamente y que se han convertido en agentes de cambio en sus propias comunidades.

El reto persiste y con la colaboración de más actores sociales se busca replicar este Modelo “Labor Cívica” en más comunidades vulnerables, contagiadas de la experiencia de “La Palma” y generar más entornos que favorezcan la seguridad ciudadana y la convivencia en la Zona Metropolitana de la Laguna. Este instrumento eficaz puede servir como guía para la construcción de novedosas políticas públicas de prevención de la violencia y delincuencia. Los frutos que se cosechan cuando la sociedad civil decide participar en la solución a las problemáticas son gratificantes.

Marco A. Zamarripa

Director del Consejo Cívico de las Instituciones, A.C.

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