Michoacán: Transparencia e incertidumbre; riesgos de corrupción e impunidad con fiscal carnal

Para entender por qué Michoacán ha tenido una situación tan compleja, y, al parecer, interminable en cuestión de seguridad y procuración de justicia, debemos de analizar lo que ha pasado y sigue pasando en las administraciones públicas estatales, lo cual se puede resumir en una incapacidad institucional, evasión de responsabilidades y un fracaso que no parece tener fin.

Recientemente el actual gobernador del estado, Silvano Aureoles, a más de 3 años de haber tomado el cargo,  anunció de manera unilateral el retiro de Michoacán del convenio con la federación en el que el estado asumía los pagos de nómina en el sector educativo; en pocas palabras, anunció una quiebra financiera en el rubro educativo en el estado, y ha señalado la intención de hacer lo mismo en el sector salud. Este anuncio viene después de años de una situación financiera insostenible en el estado, derivada de la corrupción y la impunidad que solo se explica con la existencia de pactos políticos.

El tema financiero ha ocasionado que sea ya costumbre que  elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal y de la Procuraduría no reciban sus pagos a tiempo, inclusive a veces se les adeuda varios meses y varios ciudadanos han reportado que  las autoridades no cuentan con lo necesario para realizar sus funciones.

Es innegable que la administración actual, debido a la falta de austeridad en el gasto público, así como la decisión de haber postergado las acciones para ejercer justicia  encarcelando a los culpables de los desfalcos de las administraciones pasadas, esté  pagando las graves consecuencias.  Nos preguntamos, ¿por qué, si el problema lo heredó el gobernador actual cuando tomó posesión, no hizo nada para esclarecer o tratar de resolverlo?

Siendo la seguridad el síntoma que más duele de la crisis financiera que cruza el estado, nos encontramos en una situación muy complicada en el cierre de este 2018.  Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Michoacán ha tenido el tercer trimestre con más homicidio doloso desde el 2015 tanto en víctimas como en carpetas de investigación, y si la tendencia continua estaremos cerrando el 2018 como el año más violento en este indicie delictivo desde que Silvano Aureoles  se convirtió en gobernador del estado.

Las alarmas se presentan también con las constantes disputas violentas por el control del territorio, el posible resurgimiento de grupos civiles armados en tierra caliente, y, por si fuera poco,  la politización del modelo de coordinación policial donde los municipios actúan por  conveniencia política más que por la necesidad de los ciudadanos.

Se esperaría que estos resultados trajeran consigo cambios en las cabezas de la procuración de justicia; sin embargo, seguimos con la herencia del modelo de justicia que planteó la “Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral”, que encabezó Alfredo Castillo Cervantes en el 2014. Bien decía Albert Einstein, “No hay mayor signo de demencia que hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que los resultados sean distintos".

En este mismo sentido, y siguiendo el ejemplo nacional, la pasada legislatura aprobó una reforma viciada de origen en su proceso de selección del perfil para transitar de una Procuraduría a una Fiscalía General del Estado, y esta fue avalada por la nueva legislatura  emitiendo la convocatoria correspondiente sin tener una Ley orgánica definida, y pavimentando el camino para un posible fiscal carnal.

La situación trae consigo otras preocupaciones, ante lo que parece ser un inicio ríspido de la relación estado-federación, se visualiza un posible rompimiento que viene acompañado de la inminente centralización de la estrategia de seguridad pública nacional, la militarización del país mediante la creación de una guardia nacional y la creación de coordinadores estatales para el ámbito de seguridad, se queda el cuestionamiento de que papel jugara el gobierno estatal actual en los temas de seguridad.

Qué margen de gobernabilidad le quedara  al gobierno actual, si además de mandar a la federación el tema educativo y posiblemente el de salud, aparentemente no tendrá control de la seguridad estatal, y tendrá que estar abierto a una comunicación y coordinación estrecha con el súperdelegado que se designe para Michoacán. En nuestro estado ya tenemos una mala experiencia con Virreyes, esperamos que no sea el caso de nuevo.

Los patrones destructivos de las administraciones pasadas y la actual nos dejan una conclusión clara y una lección que no hemos logrado aprender. Existe una estrategia estatal de seguridad caduca que no ha logrado disminuir la problemática, inclusive la ha agravado, y en donde los actores se han resistido al cambio.

En un estado desangrándose y donde no hay alguien que tape la herida, la lección es que no queda otra solución mas que los ciudadanos tomemos acciones y dejemos de delegar la responsabilidad que nos toca, a un grupo de personas que han demostrado con su irresponsabilidad e incapacidad  no estar a la altura de la situación.

Necesitamos que nuestra voces sean escuchadas si realmente queremos un cambio en el estado, y la primera batalla que tenemos que ganar los ciudadanos es la aprobación de una Ley Orgánica que delimite una verdadera fiscalía eficiente, separada del estado y protegida políticamente. Requerimos a un verdadero fiscal que pueda tomar los asuntos impostergables, tomar acciones penales contra la corrupción política  y empresarial que tanto daño le ha hecho a nuestro estado,  y ponerle un fin a la impunidad, este es el gran primer paso para poder cambiar el estado actual de seguridad de Michoacán.

Debe de existir un verdadero trabajo entre ciudadanía y las instituciones públicas para emanar una ley orgánica de la fiscalía y una designación transparente del fiscal que nazca a partir de las verdaderas exigencias y necesidades de los ciudadanos.

El camino es largo y difícil pero necesitamos ver una luz al final del túnel, porque ganar esta batalla no bastará, tendremos que seguir con todo lo que ha estado pendiente como la profesionalización y certificación de la policía, establecer mecanismos de proximidad policial, y, sobre todo, fortalecer las instituciones y no solo a las personas que las representan.

Los ciudadanos y todos los niveles de gobierno tenemos que tener esto claro, de lo contrario fracasaremos una vez más, y nuestro estado seguirá hundido en el mismo camino que siempre nos deja donde empezamos, donde el gran perdedor somos todos los   michoacanos.

Rodrigo Antúnez Álvarez

Observatorio Ciudadano Michoacán

@roantunez @ObsNalCiudadano