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La pacificación en cifras

20/08/2018
08:11
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Uno de los temas que más expectación ha causado en relación con las propuestas del candidato electo a la presidencia de México es el que se refiere a la llamada pacificación del país. Dentro de la cual se han manejado conceptos muy polémicos como lo es la amnistía o la justicia transicional, así como, un eventual replanteamiento de la estrategia de seguridad y de las mismas Instituciónes que están encargadas de esta importante tarea.

Los foros que se han empezado a realizar en diversas ciudades del país, empiezan a arrojar luz sobre lo que podrían ser ya las propuestas formales, más allá de las promesas de campaña, dentro de las cuales se manejan temas concretos como la reconstrucción del tejido social, el desarme, la desmovilización y reinserción de miembros de la delincuencia organizada, así como, otros elementos para lograr que los delincuentes no reincidan. Sin embargo, uno de los grandes elementos que aún no se presentan es precisamente la manera en que se medirán los avances o los indicadores de seguimiento que se utilizarían para evaluar la llamada pacificación.

Desde la perspectiva de la observancia del delito, esperaríamos que uno de los criterios a utilizar para realizar esas mediciones sea la evolución misma de los indicadores de incidencia delictiva, ya que, estos son un reflejo claro de las condiciones de paz o su ausencia en las ciudades y estados de la república. En este sentido, sería necesario establecer metas claras para entender lo que se piensa lograr, y los valores de dichos indicadores, reflejarían esa condición de pacificación. La pregunta básica aquí es ¿Qué niveles de incidencia delictiva reflejarían una situación de pacificación generalizada en el país?

Una opción para definir esto podría ser el utilizar indicadores internacionales de referencia en cuanto a incidencia delictiva, estableciendo como meta las condiciones en las que vive un país que consideremos como pacifico, sin embargo, esto equivaldría a imponer algunas metas que pudieran estar fuera de nuestro alcance con base a nuestro contexto, nuestra historia reciente y las características especificas de nuestro país.

Otra opción viable es la de identificar el benchmark o la referencia de las mejores condiciones de seguridad dentro de nuestro propio país. Identificando las mejores prácticas logradas en algún lugar de México y estableciendo los índices de ese lugar como meta, esto podría ser una manera objetiva y realista de definir indicadores y a partir de ellos entender la magnitud del reto al que se enfrenta el gobierno entrante en materia de seguridad.

Bajo este criterio, encontraríamos que muy probablemente el referente a utilizar sería la ciudad de Mérida en el estado de Yucatán, la cual, es el ejemplo nacional de un entorno con niveles sostenidos de seguridad por debajo de cualquier otro núcleo urbano en México. Evidencia de esto es que la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que INEGI realiza trimestralmente, ubica desde su inicio a la ciudad de Mérida en el primer lugar nacional con la percepción más alta de seguridad por parte de sus habitantes, así mismo, las cifras de incidencia delictiva que proporciona mensualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican también de manera sostenida a la ciudad de Mérida como el núcleo urbano con la menor incidencia en muchos de los delitos de alto impacto.

De esta manera, tomando como referencia el índice de delitos por cada cien mil habitantes para Mérida podríamos extrapolar la magnitud en la que los delitos en distintos ámbitos geográficos tendrían que reducirse para converger con los niveles de referencia que nos proporciona Mérida. Cuando transformamos las cifras absolutas de incidencia delictiva a indicadores como el número de delitos por cada cien mil habitantes podemos controlar por diferenciales en tamaño de población, de esta manera es posible comparar un indicador de una ciudad con el mismo indicador para un estado o el país en su conjunto.

Por ejemplo, en lo que se refiere al delito de robo a negocio, la ciudad de Mérida registró un índice de 2.13 robos a negocio por cada cien mil habitantes en el mes de Junio de 2018. Si el índice nacional de robo a negocio en el mismo mes fue de 5.30 robos por cada cien mil habitantes esto indica que el diferencial porcentual entre el índice nacional y la meta sería de 59%, esto a su vez supondría que para poder lograr los niveles de seguridad deseados,  sería a su vez necesario que el número de robos a negocio que se realizan en un mes en nuestro país disminuya de 6,611 a 3,957. Extrapolando esta cifra a datos anuales, lo anterior significaría que el número de robos a negocio que se realizan en México debería de reducirse de aproximadamente 79,300 a 31,800, una reducción neta de alrededor de 47,480 robos anuales, esta sería la meta de disminución anual de este delito para lograr a nivel nacional la meta establecida.

Posiblemente el mejor ejemplo para ilustrar la magnitud del reto al que se enfrentará el gobierno en su camino hacia la pacificación del país es el delito de homicidio doloso, que es el indicador por excelencia utilizado internacionalmente para medir el grado de violencia que persiste en un país o región. Aquí encontramos que el indicador nacional es de 1.84 homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que la meta sería de 0.11 correspondiente al de la ciudad de Mérida. Lo anterior implicaría que sería necesario disminuir en un 94% el número de homicidios dolosos que ocurren en nuestro país, esto representa en cifras absolutas una reducción de 25,800 homicidios anualmente.

Un estado como Baja California Norte que presenta un indicador de 6.60 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes que representan alrededor de 2,628 homicidios al año, deberá disminuir en aproximadamente 2,470 homicidios anuales para encontrar las condiciones de seguridad que representan un contexto como el establecido. En este sentido, los estados de Baja California Norte, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco y el Estado de México que concentran el 50% de los homicidios en el país, deberán ser los que más aporten en le reducción de este importante delito.

El delito de secuestro es un crimen que por su naturaleza e impacto en las victimas y en la sociedad, así como en la comunidad y las actividades económicas, no puede ser tolerado en alguna medida, de esta manera la meta de cero secuestros es necesaria como un indicador indispensable para la denominada pacificación del país, en concordancia con lo que indicaría la referencia de la ciudad de Mérida, la cual de manera sostenida registra cero secuestros en los registros oficiales. En este sentido, anualmente se registran alrededor de 1,000 carpetas de averiguación por secuestro en todo el país, sin embargo, según encuestas como la realizada por el INEGI cada año con su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) indican que anualmente se realizan más de 100,000 mil secuestros, esto es, en promedio se denuncia entre 1 de cada 100 secuestros que ocurren en México. De esta manera el reto del nuevo gobierno en materia de secuestros así como en otros delitos de alto impacto como la extorsión, va mucho más allá de las cifras oficiales y consiste en erradicar problemas sistémicos que están altamente arraigados en nuestro país.

Los ejemplos anteriores ponen en perspectiva la magnitud de la tarea que se debe de emprender en el camino a la llamada pacificación. Los indicadores de incidencia delictiva son y seguirán siendo una referencia necesaria para monitorear el grado de avance o retroceso en las condiciones de seguridad del país, de ahí que la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos se sigue consolidando como el referente a nivel nacional en la observancia, medición y análisis de la incidencia delictiva en México.

 

Dr. Jorge Alberto Charles Coll

Observatorio Ciudadano Tampico, Madero, Altamira A.C.

@ObservatorioTMA @ObsNalCiudadano

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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