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¿La oportunidad de Cuauhtémoc para salvar Morelos?

¿La oportunidad de Cuauhtémoc para salvar Morelos?
29/10/2018
00:06
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Tanto el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, como el Vicealmirante Antonio Ortiz Guarneros, han abierto la posibilidad de un verdadero cambio en la estructura gubernamental y de seguridad para la entidad. Los morelenses que depositaron su voto de fe, más que de confianza, en el actual gobernador, lo hicieron ante la evidente promesa de devolver a Morelos la estabilidad y paz de sus mejores años.

El pasado 1º de octubre, Cuauhtémoc Blanco Bravo asumió el mandato constitucional como nuevo gobernador del estado de Morelos. Además de las claras y evidentes expectativas que genera su figura al frente del gobierno local, muchas son las tareas pendientes delegadas -o ignoradas- por el anterior gobierno de Graco Ramírez Abreu, de las cuales destaca con mayor relevancia la inseguridad.

Aún y con los muchos intentos que realizó el anterior gobierno para cambiar la percepción de inseguridad ciudadana, las cifras ofrecían certeza de una realidad que distaba en mucho de lo aseverado por Ramírez Abreu y, sobre todo, por el ex Comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra (ahora Secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo). Pero, ¿cuáles son las cifras de incidencia delictiva dejadas por el gobierno saliente? Al menos de enero a junio del 2018, y de acuerdo con las bases del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP[1], se registraron los siguientes números de carpetas de investigación en delitos de alto impacto: un total de 329 casos de homicidio doloso; 15 casos de secuestro; 4965 carpetas de investigación por robo con violencia; 1584 robos de vehículo; 973 casos por robo a casa habitación; 742 robos a negocio; 545 robos a transeúnte; 228 violaciones y 12 feminicidios.

Mientras que en el ranking nacional de incidencia delictiva la entidad colocó los siguientes delitos en los primeros lugares del ranking: 8o lugar en homicidio doloso; 10o en homicidio culposo; 5o en secuestro; 6o en robo con violencia; 8o en robo a casa habitación; 8o en robo a transeúnte; 3o en violación y 7o en feminicidio. La seguridad y la incidencia delictiva siguen siendo un reto constante para el gobierno que apenas comienza.

Habría que mencionar la importancia del problema que resulta de la falta de confianza en nuestras instituciones de seguridad y administración de justicia: una baja en la incidencia delictiva registrada al menos en el último año y los meses que corren del actual, así como, la disminución del número de carpetas de investigación reportadas por las distintas fiscalías del estado de Morelos ante las bases del SESNSP, no necesariamente significan una baja en la comisión de eventos delictivos, sino al contrario, reflejan la ausencia de denuncia; como es el caso del delito de extorsión, que ha registrado la disminución más significativa en las bases oficiales (actualmente la entidad se colocó en la posición número 24 del ranking nacional); o los cobros de piso realizados a pequeños comerciantes por supuestos integrantes del crimen organizado, que han minado de forma directa el crecimiento económico, empresarial y de negocios en algunos municipios de la entidad, como Cuernavaca y Cuautla, principalmente.

Además, no se deben dejar de mencionar los retos que enfrenta el actual encargado de la seguridad en Morelos, el Vicealmirante Antonio Ortiz Guarneros, que se presentó como la promesa de Cuauhtémoc Blanco para salvaguardar la seguridad de los morelenses y restituir el estado de paz que la ciudadanía reclama. Frente a los 45 años de experiencia que descansan sobre el ahora Comisionado Estatal de Seguridad, este tendrá -además de lo ya señalado- que redirigir los esfuerzos de seguridad pública que hasta hace pocos días se concentraban en una estrategia de seguridad fundada en el mando de policía única (Policía Morelos); el posible cambio de estrategia de seguridad tanto nacional como estatal; un austero estado de fuerza dejado por la anterior administración que optó por contratos de arrendamiento de patrullas y vehículos blindados para la seguridad de los altos mandos de la corporación, con la posible adquisición paulatina de las mismas gracias a un supuesto proyecto de patrimonialización que finalmente no se concretó y que dejó a la corporación con menos vehículos para la operatividad; así como la “disposición” del anterior Comisionado Capella Ibarra de varios elementos policiales de la Comisión Estatal de Seguridad que, con permiso por 6 meses sin goce de sueldo, decidieron acompañarlo en su transición como nuevo Secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo.

Se suma la certificación de los policías estatales y municipales que, en palabras del anterior comisionado, se cumplieron en su totalidad, pero en realidad muchos no han sido certificados ni pasados por exámenes de control de confianza, especialmente por no ser solicitados por la autoridad municipal; la profesionalización policial y homologación de salarios y prestaciones para los distintos elementos de seguridad en la entidad; la programación de actividades y operativos; entre otros pendientes no cumplidos.

Otro de los temas que destacan es el fortalecimiento que el ahora Comisionado pretende iniciar con diversos grupos de la sociedad civil, especialmente con grupos empresariales y cámaras de comercio, a quienes se les propuso iniciar el proyecto “Adopta una patrulla”, que pretende que cada uno de estos empresarios se haga cargo de la recuperación y reparación de cuanto menos una patrulla con estatus de no operable y cuyo rescate contribuiría a la seguridad de muchos más ciudadanos. Un programa que habría también implementado el anterior gobierno y que al tiempo fue concluido por el mismo Capella Ibarra, quien lo sustituyó con el plan de arrendamiento de patrullas que dejó en igual o peor situación el estado de fuerza de la corporación estatal.

Esto además de los muchos acercamientos –a pocos días del inicio de sus actividades- que ha realizado con distintos grupos de la sociedad civil para conocer las problemáticas reales y dar con sus posibles soluciones: no basta con darle continuidad a los llamados Comités de Vigilancia Vecinal o acudir ante los representantes municipales o recibir a líderes transportistas, se tienen que reconocer urgentemente las problemáticas reales que padece el estado: desde el creciente predominio del crimen organizado en diversas zonas de la entidad, hasta las conductas delictivas locales y los requerimientos de la ciudadanía frente a la también creciente percepción de inseguridad. El trazado de estrategias reales, medibles y de efectivo cumplimiento, el trabajo coordinado entre las distintas corporaciones de seguridad pública municipal sin que ello signifique una imposición de mando y con una clara incorporación de estrategias de capacitación policial; mayor transparencia en la redistribución de recursos públicos para la seguridad; apertura institucional y trabajo coordinado con los organismos de la sociedad civil.

En suma, tanto el Gobernador Cuauhtémoc Blanco como el Vicealmirante Antonio Ortiz Guarneros, han abierto la posibilidad de un verdadero cambio en la estructura gubernamental y de seguridad para la entidad. Desde la sociedad civil estamos interesados en que al actual gobierno le vaya bien y haga bien las cosas; que Morelos sea un estado apegado a la justicia, la verdad, la transparencia y la legalidad; los ciudadanos no esperamos menos.

Esta es la oportunidad de Cuauhtémoc para salvar Morelos, es la oportunidad del gobierno para restablecer los mecanismos de participación ciudadana, pero es principalmente la oportunidad de los morelenses para vincularse de forma efectiva al ejercicio estatal y no dejar de recordar que estamos ante una carreta de dos ruedas: de un lado la rueda de la participación ciudadana y del otro la rueda de la autoridad estatal, pues sin alguna de ellas la carreta no avanza.[2]

 

Cristina Rumbo Bonfil

Alan Antonio Almeralla Barreto

Observatorio Ciudadano de Justicia y legalidad A.C.

@OBCIJU / @RumboCristina / @AlanAlmeralla / @ObsNalCiudadano

 

[1] Información actualizada hasta el 21 de julio del 2018, en torno a las cifras públicas en la página oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Comisión Estatal de Seguridad.

[2] Facebook. Observatorio Ciudadano de Justicia y legalidad A.C.

Observatorio Nacional Ciudadano
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.

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