¿Inesperado repunte de la violencia en Chihuahua?

Érase una vez cierta entidad federativa del norte del país, en la cual durante varios años se registraron altos índices de delincuencia y violencia, al grado que uno de sus municipios más poblados era considerado como una de las ciudades más peligrosas del mundo. La problemática de seguridad de dicha entidad federativa no solo se caracterizó por altas tasas de homicidios dolosos sino por la sistemática comisión de feminicidios, desapariciones, secuestros y extorsiones sin que se garantizara el acceso a la justicia. Frente a esta situación, las autoridades correspondientes optaron por implementar operativos conjuntos de las instituciones federales de seguridad. Sin embargo, dichas operaciones especiales no fueron acompañadas de acciones o políticas que debilitaran financieramente a los grupos delictivos ni que atendieran las causas estructurales de la violencia. Esto último no representa algo menor pues en dicha entidad, “la violencia se convirtió en la única salida a cualquier frustración, gestada en los rincones más profundos del nuestro subconsciente, lista para emerger en su estado más natural, libre de cualquier consideración moral que pudiera contenerla”.[1]

No obstante, pese a dicho estadio se comenzaron a registrar ciertas disminuciones de índices delictivos que ocasionaron que diversos actores sociales lanzaran las campanas al vuelo, congratulándose por la presunta “solución” de la falta de seguridad. Dentro de dicho conjunto de actores, las autoridades federales y locales fueron las primeras en presumir lo sucedido como un claro caso de éxito de la estrategia implementada, sin una pizca de autocrítica u objetividad. Lamentablemente, no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que en dicha entidad volvieran a emerger los altos índices delictivos evidenciando que la presunta “solución” de la problemática fue un mero espejismo. Sin embargo, aunque la realidad ha dado cuenta de que nunca se atendió integralmente ni se resolvió por completo la situación que se enfrentaba; no se han dejado de escuchar voces sociales y políticas que refieren sorprendidas el sorpresivo repunte de la violencia y la delincuencia.

Esto último es realmente preocupante porque pareciera que no se ha considerado, entendido ni advertido la complejidad del problema de seguridad, ya que se continúa reaccionando como si meramente se estuviera escuchando una narrativa fantástica en la cual de un momento a otro se alcanzara el clímax del relato. Me gustaría afirmar que los párrafos anteriores reflejan un mero intento personal para escribir un cuento, sin embargo, este no es el caso pues más bien se trata de una descripción general de la situación de Chihuahua en esta materia. Debido a ello, es fundamental preguntarse si efectivamente estamos atestiguando un inesperado aumento de la violencia y delincuencia en esta entidad.

La respuesta a este cuestionamiento no es positiva, puesto que eran previsibles dichos incrementos debido a las permanentes tasas de homicidio doloso superiores a la nacional, a su comportamiento histórico, así como a la posible relación entre este y las desapariciones de personas. Respecto al primero de los factores, hay que destacar que pese a las disminuciones de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación de homicidio doloso que se comenzaron a apreciar desde 2011, estas nunca han decrecido a niveles inferiores a la tasa nacional. Ello irremediablemente denota la persistencia de este problema de seguridad, aunque en menores proporciones.

En relación con el comportamiento histórico del homicidio doloso, es pertinente retomar el estudio Homicidio: una mirada a la violencia en México elaborado por el Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) pues en este se dio a conocer que Chihuahua es una de las 11 de 32 entidades federativas[2] que presentan un comportamiento que sugiere un incremento de este ilícito difícil de predecir. Esto se debe a que se trata de una serie no estacionaria en media y varianza, en la cual en la primera mitad de la serie –aproximadamente de 1997 a 2006- se observa una estabilidad relativa de la tasa mensual, pero durante la segunda etapa se distingue un pico abrupto, posteriormente la tasa alcanza el máximo nivel y después comienza a disminuir. En términos prácticos, esto significa que una vez que se estabilizan los niveles de homicidios dolosos no existe certeza alguna de que no volverán a incrementar.

Adicionalmente, debe considerarse que las autoridades federales y locales no contaron con diagnósticos ni evidencia específica que explicara la disminución del homicidio doloso en Chihuahua. En este sentido, vale la pena señalar que algunos especialistas y periodistas han hecho referencia a cambios cualitativos de los patrones de este delito como resultado de un cambio de las decisiones estratégicas de los grupos delincuenciales, a partir de las cuales presuntamente se optó por esconder o desaparecer los restos de las personas a las que les habían arrebatado la vida. En relación con esto, resulta bastante grave la falta de atención a las desapariciones forzadas e involuntarias como una faceta nueva de las crisis de seguridad que enfrentamos en México.

Al tomar en consideración solo estos tres factores es evidente que el repunte de la violencia y delincuencia en Chihuahua no es sorpresivo. Al contrario, es resultado de la falta histórica de una estrategia integral, de la falta de evaluación objetiva y crítica de los resultados de las acciones implementadas, así como de una comprensión equívoca o incompleta de la problemática. Por lo tanto, lamentablemente, casos como el homicidio de 15 personas en el centro de rehabilitación Uniendo Familias de la ciudad de Chihuahua no pueden ser considerados como hechos inesperados. Es importante enfatizar que Chihuahua no es la única entidad federativa que se encuentra en dichas condiciones, hay otras en las cuales nuevamente podemos apreciar el “imprevisible” deterioro de las condiciones de seguridad.

Doria Vélez

Directora de Investigación

@Dorsvel @ObsNalCiudadano

[1] Rodríguez, Sandra. “Fracturas” (2012) en La fábrica del crimen. México, Planeta. p. 191

[2] Las otras entidades federativas que presentaron dicho comportamiento fueron: Guerrero, Sinaloa, Morelos, Durango, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Nayarit y Veracruz.