Hace algunos días, la preocupación internacional sobre el posible aumento de la violencia durante las elecciones en México fue externada por secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como por la embajada alemana. Lamentablemente, este posible deterioro de las condiciones de seguridad no nos sorprende pues somos conscientes de la falta de resultados de las autoridades correspondientes. Sin embargo, ello no significa que no deba causarnos preocupación no solo por los efectos de la violencia per se, sino por sus implicaciones. Reflexionar sobre esto último no es una cuestión menor, ya que durante la jornada preelectoral hemos tenido conocimiento de una serie de homicidios de precandidatos, exalcaldes y líderes locales de partidos políticos en diversas regiones de México.

Este tipo de hechos no pueden enmarcarse en la violencia usual detentada por los grupos delincuenciales, por el contrario, deben considerarse como homicidios sociopolíticos relacionados con agenda pública. Esta categoría propuesta por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) hace referencia a homicidios cometidos con un fin político. Es necesario recordar que no se trata de un fenómeno nuevo en México, simplemente basta recordar los homicidios de al menos 800 perredistas ocurridos en la segunda mitad de la década de los ochenta. Al respecto, vale la pena tener presente lo expresado por Sara Schatz en Murder and Politics in Mexico en relación con que estos casos marcaron el inicio de un periodo importante de violencia política.

Esto es resultado del fracaso de la policía, de las instituciones judiciales y políticas en torno a dichos homicidios; ya que permitieron que determinadas élites políticas percibieran que podían desaparecer a otras élites por razones políticas sin castigo alguno. Este escenario se torna un tanto más complejo si se considera la crisis de seguridad en la que se encuentra sumergido el país. Ello se debe a que a partir de la diversificación de las actividades de los grupos delincuenciales cobró una mayor relevancia el control que pudieran tener sobre determinada demarcación, con el fin de que sus negocios no corrieran riesgo alguno.

No es poco significativo que socialmente permee la noción de que inclusive este tipo de delitos quedan sin sanción; puesto que se estructura un sistema mediante el cual se percibe una alta probabilidad de que cualquier homicidio independientemente del fin que persiga, quedará impune. Esto hace que los municipios en donde comienzan a presentarse este tipo de hechos antes de las jornadas electorales, se conviertan en entornos marcados por el miedo de la ciudadanía ante el riesgo que podría implicar expresar sus preferencias políticas. Desde cualquier perspectiva, la comisión de este tipo de homicidios no solo da cuenta de la violencia detentada en México, sino que representa una severa fractura en la construcción y consolidación de la democracia del país.

Lamentablemente, la utilidad de este tipo de homicidios para determinados grupos políticos y organizaciones delincuenciales es muy alta. Por lo tanto, no hay manera de esperar que estos cesen o que la violencia que pretende ejercerse para estos fines tenga otro tipo de manifestaciones que aumenten las condiciones de vulnerabilidad de la población de los municipios que se encuentran en dichas circunstancias. Debido a ello, cobra una especial relevancia no solo dar seguimiento al escenario preelectoral y electoral, sino también al poselectoral que es en el cual se podrá apreciar la redistribución del control y poder en determinadas regiones del país.

DORIA VÉLEZ

Directora de Investigación

@Dorsvel @ObsNalCiudadano

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